- El ático y las dietas revelan un Gobierno demasiado confiado, obligado por primera vez a responder de sus propios errores sin excusas.
El viernes 21 de agosto de 2026, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hizo público un nombramiento que, en cualquier otra circunstancia, habría pasado como un detalle administrativo más de la máquina autonómica madrileña. Los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes fueron designados vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Cada vez que asistan a una de las sesiones del pleno y en 2025 hubo 45, percibirán 750 euros netos. Si acudieran a todas, ingresarían más de 33.000 euros anuales cada uno. La medida no es un capricho improvisado: forma parte del estatuto de expresidentes que el propio Ejecutivo de Ayuso impulsó y que recupera, con otro nombre y otra cuantía, privilegios que Cifuentes había eliminado en 2015. La presidenta, que lleva siete años al frente de la región, ha decidido que la experiencia de quienes la precedieron merece una compensación económica pública. No es ilegal. Tampoco es, en sentido estricto, escandaloso. Pero llega en el peor momento posible y se suma a una cadena de decisiones que han convertido el verano de 2026 en el más complicado de su mandato
Al día siguiente, el 22 de agosto, El País publicaba un análisis que sintetiza el estado de ánimo de la oposición y de parte del propio Partido Popular madrileño: “Los patinazos de Ayuso alimentan a la oposición a meses de las elecciones de 2027: ‘Debería dimitir’”. El artículo no inventa nada. Se limita a ordenar lo que ya estaba en la calle: la crisis de Los Pocholos y la destitución del consejero de Educación Emilio Viciana; el viaje a México del que Ayuso regresó anticipadamente y rodeada de polémica; y, sobre todo, la compra de un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. Tres episodios que tienen un denominador común: son errores no forzados, nacidos de la gestión propia de la presidenta y de su entorno más cercano, y que por primera vez en mucho tiempo no logran ser desviados con facilidad hacia el enemigo exterior de siempre, Pedro Sánchez.
El ático es el epicentro de esta crisis. En abril de 2026, Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia que dirige Miguel Ángel García Martín, hombre de la máxima confianza de Ayuso. adquirió un inmueble de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, uno de los tramos más caros y exclusivos de Chamberí. La justificación oficial fue que serviría como “oficina temporal” mientras se acometen obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. El problema es que el ático, según han reconocido fuentes del propio Ejecutivo y han documentado los periodistas que han podido acceder a información sobre el inmueble, no está preparado para un uso administrativo convencional. Tiene terraza de casi 200 metros, baños y distribuciones propias de una vivienda de alto standing. Nadie en el Gobierno regional informó de la operación en el momento de la compra. Nadie explicó con claridad quién autorizó el desembolso ni por qué se eligió exactamente ese edificio, situado frente a la vivienda de la madre de la presidenta y a escasos metros de las propiedades que Alberto González Amador, pareja de Ayuso, tenía en el mismo barrio.
La coincidencia temporal fue demoledora. Días después de que El País revelara la existencia del ático público, se conoció que González Amador había puesto a la venta sus dos pisos en Chamberí, uno de ellos el que compartía con la presidenta, por un total de 3,3 o 3,4 millones de euros. La presidenta insistió en que se trataba de una simple coincidencia y que el ático adquirido por la Comunidad nunca iba a ser su residencia oficial. “No la he necesitado ni la he pedido en siete años, y no la voy a necesitar a diez meses de unas elecciones”, declaró. Luego derivó las explicaciones a su consejero de Presidencia: “Yo no tengo la menor idea”. Planifica Madrid, dijo, compra y vende inmuebles a lo largo del año. La realidad, según ha documentado este periódico y otros medios, es que en los últimos cinco años la empresa pública apenas había realizado operaciones de esta envergadura. El ático se ha convertido, en pocas semanas, en un símbolo de opacidad. La Comunidad se niega a entregar el expediente completo “según los tiempos de la administración”. Mientras tanto, el PSOE y particulares han presentado denuncias ante la Fiscalía. Un juzgado de Madrid ya investiga. Y la oposición, por primera vez en mucho tiempo, tiene un tema que no puede ser reducido a una conspiración de Moncloa.
El Gobierno regional ha intentado cerrar la herida poniendo el ático a la venta por 6,69 millones de euros. El dinero, aseguran, irá al fondo de recuperación de las zonas afectadas por los incendios del verano. La medida puede ser inteligente desde el punto de vista de la comunicación de crisis, pero no borra las preguntas: ¿por qué se compró un inmueble que no servía para el uso declarado? ¿Quién tomó la decisión? ¿Por qué se hizo con tanto sigilo? ¿Qué papel jugó exactamente el entorno personal de la presidenta? Ayuso y sus asesores han intentado, como en ocasiones anteriores, trasladar el foco a los privilegios de los ministros del Gobierno central o a las residencias oficiales de otras comunidades. Esta vez el truco no ha funcionado con la misma eficacia. El ático es un error propio, y los errores propios cuestan más caros cuando se acumulan.
Porque el ático no llega solo. En febrero de 2026, Ayuso destituyó al consejero de Educación Emilio Viciana en medio de un conflicto con las universidades. En solidaridad, dimitieron varios cargos y diputados del grupo conocido como Los Pocholos, un equipo joven e inexperto que había gestionado la consejería y que había generado un clima de desconfianza interna. Meses después, el viaje a México se convirtió en un fiasco diplomático y mediático. Ayuso fue recibida con calor por algunos sectores conservadores y con hostilidad por el oficialismo mexicano, que la tachó de “fascista”. Regresó antes de lo previsto y con un regusto amargo que incluso dentro del PP generó malestar. Tres crisis en pocos meses. Tres ocasiones en las que la maquinaria de confrontación que tan bien ha funcionado durante años —la que convierte cualquier problema madrileño en una batalla contra Sánchez— ha encontrado más resistencia.
El análisis del 22 de agosto lo deja claro: la oposición cree que, por fin, tiene un terreno propio. Más Madrid, a través de Mónica García y de su grupo en la Asamblea, exige explicaciones y responsabilidades políticas. El PSOE, con Óscar López al frente, eleva el tono: “Si tuviera decencia, debería dimitir”. Incluso Vox, que llevaba tiempo atacando a Ayuso por la crisis de vivienda, encuentra en el ático un símbolo perfecto de lo que considera un gobierno alejado de los problemas reales de los madrileños. En el PP de Madrid la situación es más compleja. El núcleo duro, el de quienes deben su posición a la presidenta y a su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, mantiene el apoyo. Pero en los pasillos y en los chats internos circulan comentarios más duros. “El ático es una pillada atómica”, resume una fuente del partido. “Su credibilidad ha caído a los suelos: son muchas mentiras”. Otra pregunta, más peligrosa todavía, empieza a formularse en voz baja: ¿será Ayuso la candidata en 2027? Su entorno no lo descarta de plano. Nadie en la dirección regional cuestiona hoy su liderazgo. Pero el simple hecho de que la pregunta exista ya es sintomático.
Este es el contexto en el que llega el nombramiento de Gallardón, Aguirre y Cifuentes. No se trata de cuestionar la trayectoria de ninguno de ellos. Gallardón fue alcalde y ministro. Aguirre gobernó la Comunidad durante años y dejó una huella indeleble. Cifuentes también presidió. Todos tienen derecho a que se valore su experiencia. Pero la decisión de retribuirles con dietas generosas —superiores incluso a las que se contemplaban en el proyecto original— en el momento en que la presidenta se ve obligada a justificar un gasto de 6,3 millones en un ático que no sabe explicar, transmite una imagen de desconexión. Mientras miles de madrileños luchan por acceder a una vivienda a precios razonables, mientras las listas de espera sanitarias y las dificultades de la educación pública siguen siendo quejas recurrentes, el Gobierno regional destina recursos públicos a compensar a quienes ya ocuparon los puestos más altos. Es legal. Es defendible desde una cierta concepción del reconocimiento institucional. Pero es, sobre todo, inoportuno.
Y en este mismo escenario de desgaste aparece otra polémica que lleva meses latiendo y que ahora, con el Gran Premio de Fórmula 1 a las puertas, amenaza con sumarse al relato de los errores. El circuito de Madring, el trazado urbano que se estrenará entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026 en el entorno de Ifema y Valdebebas, es uno de los proyectos estrella de Ayuso y del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Promete un impacto económico de 450 millones de euros anuales y miles de empleos. La presidenta lo ha defendido con pasión: “¿Qué no daría cualquier ciudad del mundo por albergar la Fórmula 1?”. La oposición y los colectivos ecologistas responden con recursos judiciales, denuncias por impacto acústico, tala de árboles, afecciones a una vía pecuaria, la Vereda de los Leñeros, y una evaluación ambiental que consideran insuficiente. En junio, el Gobierno de Ayuso elevó a consulta pública la modificación de esa vía pecuaria, una decisión que Más Madrid y el PSOE interpretan como un intento de legalizar a posteriori lo que ya estaba en los tribunales. Hay, además, un conflicto comercial entre las empresas que han interviniendo en el diseño del circuito. Nada de esto ha impedido que las obras avancen y que la FIA homologara el trazado. Pero el proyecto, como el ático, concentra críticas que van más allá de lo técnico: se percibe como una apuesta elitista, impulsada con determinación política, que prioriza el escaparate internacional sobre las preocupaciones cotidianas de una parte de la ciudadanía.
Lo que une el nombramiento de los expresidentes, el ático de Chamberí, la crisis de Los Pocholos, el viaje a México y las tensiones en torno a la Fórmula 1 no es una conspiración. Es un patrón. Ayuso ha construido su liderazgo sobre una combinación de confrontación permanente con el Gobierno central, una gestión económica que ha sabido vender como exitosa y una capacidad extraordinaria para convertir cualquier crítica en prueba de que la están persiguiendo. Esa fórmula le ha funcionado durante años. Le permitió sobrevivir a la pandemia, a las polémicas de las residencias, a los contratos de su hermano, a la investigación fiscal de su pareja y a las tensiones internas del PP. Le ha permitido erigirse, por encima incluso de Alberto Núñez Feijóo, como la voz más nítida de la oposición a Sánchez. Pero los errores no forzados de 2026 han cambiado algo. Por primera vez, la crisis no se puede externalizar con facilidad. El ático no es un invento de Moncloa. La opacidad en la compra no es un bulo. La acumulación de tropiezos no es una campaña orquestada. Es el resultado de decisiones tomadas en Sol y en el entorno más próximo de la presidenta.
El curso político que arranca en septiembre se presenta, por tanto, como un vía crucis potencial. El debate del estado de la región, las comparecencias en la Asamblea, las investigaciones judiciales abiertas y la permanente atención mediática sobre el ático y sus derivadas van a poner a prueba la capacidad de Ayuso para recuperar la iniciativa. Hasta ahora, su respuesta ha sido la de siempre: atacar, desviar, minimizar. “Nos confiamos”, admiten en el PP madrileño según el análisis del 22 de agosto. Esa confianza excesiva, ese exceso de seguridad en que cualquier problema se disuelve cuando se señala a Sánchez, puede estar llegando a su límite.
Nadie debería dar por muerto el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Sigue controlando con mano firme la Comunidad de Madrid, mantiene una base electoral sólida y posee una habilidad comunicativa que pocos políticos españoles igualan. Pero el verano de 2026 ha dejado una huella. El ático de 6,3 millones, las dietas de los expresidentes, los errores de gestión y la acumulación de frentes abiertos han mostrado una vulnerabilidad que antes apenas se percibía. La oposición lo ha olido. Parte del propio partido lo comenta en privado. Y la ciudadanía, que hasta ahora había premiado el relato de la resistencia, empieza a ver también el reverso: el de una presidenta que, cuando se trata de su propio entorno y de sus propias decisiones, tropieza con la misma opacidad y la misma falta de explicaciones que tanto critica en los demás.
En política, los relatos se construyen con hechos y se destruyen con hechos. El relato de Ayuso como líder imbatible de la resistencia a Sánchez se ha sostenido durante años. Ahora, el ático, las dietas y la cadena de patinazos obligan a preguntarse si ese relato sigue siendo suficiente o si, por fin, la realidad de la gestión cotidiana ha empezado a pasar factura. Septiembre dirá si la presidenta es capaz de cerrar la herida o si el desgaste que hoy se percibe se convierte en algo más profundo. Por el momento, lo que queda claro es que el poder, cuando se confunde demasiado con lo privado y con el privilegio, termina pasando factura incluso a quienes mejor han sabido administrarlo.
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