Operación «salvar a Ayuso»: el aticazo y el control de daños | Por Pedro Enrique Andarelli

• La polémica del ático pone en cuestión la transparencia institucional y abre un debate sobre la gestión política de la crisis.

Hay escándalos que se cocinan a fuego lento y otros que aparecen de golpe, como un ático de lujo en Chamberí comprado con dinero público y justificado, con la mayor naturalidad del mundo, como “oficina temporal”. El de Isabel Díaz Ayuso pertenece a la segunda categoría. Y lo más asombroso no es solo la operación en sí, sino la velocidad con la que se intentó convertir en heroísmo lo que a cualquier ciudadano normal le habría costado el puesto, la cara y, probablemente, alguna visita al juzgado.

Empecemos por el principio, porque la cronología es de antología. El 14 de abril de 2026, la empresa pública Planifica Madrid adquiere un ático de 485 metros cuadrados más una terraza de casi 200 en el Paseo del General Martínez Campos, uno de los códigos postales más exclusivos de la capital. Precio final: 6,3 millones de euros. Comisión de la inmobiliaria de lujo: 189.000 euros. Uso previsto, según la versión oficial que se soltó cuando la noticia ya era inevitable: oficina provisional para la presidenta mientras se rehabilita la Real Casa de Correos. Una rehabilitación de la que, curiosamente, nadie había oído hablar con detalle hasta ese momento y de la que todavía no consta licitación pública seria. El inmueble, además, es residencial. Convertirlo en despacho oficial no es tan sencillo como cambiar la placa de la puerta.

La operación se hizo en silencio. No apareció con claridad en los portales de transparencia. No se explicó a la ciudadanía por qué hacía falta un ático con terraza panorámica para mantener “reuniones institucionales”. Y, por si faltaba color, el ático está prácticamente enfrente de las propiedades donde vive Ayuso con su pareja, Alberto González Amador, quien, por una de esas coincidencias que solo ocurren en la política española, puso a la venta por varios millones los pisos que comparte con la presidenta justo en esas fechas.

Cuando El País destapó el asunto a finales de julio, en plena emergencia por los incendios de la Sierra Oeste, la reacción oficial fue de manual: “campaña de desprestigio”. Ayuso salió a decir que no se le estaba comprando nada, que no era para ella, que todo era una operación de desgaste. Al día siguiente, o poco más, la Comunidad anunció que el ático se ponía a la venta junto con otros inmuebles y que el dinero —unos 20 millones en total, según sus cálculos— se destinaría a la reconstrucción de las zonas quemadas. De comprar un despacho de lujo a venderlo para ayudar a los afectados por el fuego en menos de 48 horas. Un milagro de agilidad administrativa que solo se produce cuando la prensa ha llegado antes que el expediente.

Y aquí entra la nota interna. El 4 de agosto, con la polémica ya en plena ebullición y el precio de 6,3 millones confirmado, el PP de Madrid envió a cargos, trabajadores y diputados de la Asamblea un mensaje tan revelador como desesperante: “Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos. Mucha gente nos lee y estaría bien dar ejemplo y tirar del carro de los mensajes de apoyo a la gestión de la Presidenta”. A partir de entonces les pasarían los enlaces de los mensajes importantes de Ayuso para que los difundieran. No es una nota de gestión. Es un grito de socorro disfrazado de disciplina de partido. Cuando un partido tiene que pedir por escrito que sus propios cargos pongan “comentarios positivos”, algo se ha roto. No es apoyo espontáneo. Es daño controlado.

La dirección nacional del PP ha dado por buenas las explicaciones de Sol. Alma Ezcurra dijo que si alguien quiere más, que las pida. Miguel Tellado se remitió a lo dicho por el Gobierno madrileño. Cierre de filas. Operación “salvar a Ayuso”. Todo muy sólido, siempre y cuando no se mire demasiado de cerca. Porque lo que se ve de cerca es una secuencia difícil de justificar ante cualquier madrileño que pague impuestos y no viva en un ático de Chamberí: se compra un inmueble de lujo con dinero público, se justifica de forma improvisada, se cambia de versión en tiempo récord, se anuncia la venta como gesto solidario y, mientras tanto, se pide a la tropa que inunde las redes de mensajes de apoyo.

La oposición habla de posible malversación o administración desleal. Más Madrid ha anunciado acciones judiciales. El PSOE pide dimisión y comparecencia. Ayuso ha dejado claro que este verano no se presentará en la Asamblea a dar explicaciones. El expediente completo de la compra sigue sin publicarse con la transparencia que se exige a cualquier otra operación de este calibre. Y el ciudadano de a pie se pregunta, con toda la razón del mundo, cómo es posible que una administración que presume de gestión eficiente y de ser el “muro de contención” contra el despilfarro necesite un ático de 6,3 millones para mantener reuniones mientras reforma su sede histórica.

Hay quien dirá que todo es una tormenta política, que la izquierda aprovecha cualquier cosa para atacar a Ayuso, que los incendios eran más importantes y que vender el ático demuestra buena voluntad. Puede ser. Pero la buena voluntad no borra los hechos. No borra la opacidad inicial. No borra la coincidencia temporal con la puesta a la venta de las propiedades de su pareja. No borra que un inmueble residencial se presentara como solución temporal de despacho. Y, sobre todo, no borra esa nota interna que pide “comentarios positivos” como si la realidad pudiera cambiarse a golpe de likes y retuits.

La retranca de este asunto es casi perfecta. En un país donde se discute hasta el último céntimo de las ayudas sociales o de las inversiones en sanidad y educación, resulta que se pueden gastar más de seis millones en un ático “temporal” sin que salte ninguna alarma interna hasta que la prensa lo publica. Y cuando salta, la solución es venderlo y destinar el dinero a los incendios, como si el gesto de última hora limpiara el procedimiento anterior. Es el equivalente político de meter la mano en la caja, que te pillen y entonces decir que el dinero era para una buena causa.

Ayuso ha construido su imagen sobre la idea de una Madrid libre, eficaz y sin complejos. Una región que no se deja intimidar por el Gobierno central ni por las “campañas de desprestigio”. El áticazo pone a prueba esa narrativa de forma especialmente cruel. Porque no se trata de una decisión impuesta desde fuera. Se trata de una operación gestada en el corazón de su propia administración, con una empresa pública, con dinero de los madrileños y con una justificación que no ha resistido ni 48 horas de escrutinio.

Uno puede entender que haya obras en la Real Casa de Correos. Uno puede entender que haga falta un espacio provisional. Lo que cuesta entender es que ese espacio tenga que ser un ático de lujo en Chamberí, con terraza de 200 metros, comprado de forma opaca y vendido a toda prisa cuando la noticia se hace pública. Y lo que cuesta todavía más es que el partido que la sostiene tenga que mandar una nota pidiendo “comentarios positivos” para sostener la gestión de la presidenta.

Hay indignación, sí. Hay asombro. Y hay también una cierta dosis de humor negro, de esa retranca que surge cuando la realidad supera la parodia. Porque si alguien hubiera escrito un guion en el que la presidenta de Madrid se compra un ático de 6,3 millones con dinero público, lo justifica como oficina, lo pone a la venta en 24 horas para ayudar a los afectados por los incendios y, además, su partido pide a los diputados que pongan comentarios positivos en las redes, lo habrían tachado de exagerado. De caricatura. De exceso. Y, sin embargo, aquí estamos.

El áticazo no es solo un error de comunicación ni una tormenta de verano. Es un síntoma. El síntoma de una forma de gobernar en la que lo excepcional se vuelve rutinario, en la que la transparencia llega siempre después de la filtración y en la que el control de daños se confunde con la rectificación. Y mientras el expediente sigue sin publicarse completo, mientras Ayuso evita la comparecencia este verano y mientras el PP intenta convertir el apoyo en una campaña de comentarios positivos, los madrileños tienen derecho a hacerse una pregunta sencilla y molesta: si esto es lo que se hace con el dinero público cuando nadie mira, ¿qué más no estamos viendo?

Porque al final, el problema no es solo el ático, sino la ética.   La naturalidad con la que se intentó explicar. La velocidad con la que se cambió de versión. Y esa nota interna que, sin quererlo, resume mejor que cualquier editorial el estado real de las cosas: cuando hay que pedir a los tuyos que digan cosas buenas de ti, es que las cosas no van nada bien.

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