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La ausencia del comisario en la conciliación y la firmeza de la agente desatan un conflicto judicial que ya sacude la política complutense.

El exjefe de la Policía Local de Torrejón y actual máximo responsable de la de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno Pascual, no se presentó al acto de conciliación celebrado en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcalá. Tenía delante una denuncia por acoso laboral y sexual interpuesta por una agente de Torrejón, pero en su lugar comparecieron su abogado y su procurador. Estos negaron los hechos y rechazaron cualquier acuerdo, advirtiendo además que se reservan el derecho a contraatacar judicialmente a la denunciante.
La agente no dio un paso atrás: ratificó íntegramente su escrito inicial, que habla de acoso laboral, acoso sexual, vejaciones, calumnias e injurias. Y fue más allá: anunció que en los próximos días ampliará la querella con nuevos hechos y posibles testimonios de otras personas que habrían vivido situaciones similares en la plantilla torrejonera. Lo que iba a ser un trámite de conciliación acabó en un portazo judicial y con el horizonte cargado de pólvora.
El jefe policial que incomoda a dos ciudades
El Ayuntamiento de Torrejón ha optado por el manual de la prudencia —o de la cobardía, según a quién se pregunte— y no abrirá expediente disciplinario mientras no exista una resolución penal. Eso sí, ha puesto a disposición de la agente el Punto de Violencia de Género y asegura seguir de cerca la evolución del caso. En Alcalá, el guion es aún más minimalista: se insiste en que se trata de un asunto “privado” de su jefe policial, como si lo privado no se convirtiera en público en cuanto afecta a la máxima autoridad de seguridad de la ciudad.
La denunciante lleva de baja médica desde abril y su entorno afirma que la actuación de Moreno Pascual ha provocado un grave daño personal y laboral. La sombra que proyecta su nombre no es nueva: arrastra polémicas sindicales, rechazo político a su desembarco en Alcalá y hasta investigaciones por presuntos amaños en oposiciones de policía local. Su historial no es precisamente el de un jefe que pase inadvertido.
El choque entre lo que sucede en los juzgados y la tibieza institucional es lo que hace que el caso trascienda: el futuro inmediato de un funcionario con mando en plaza ya no depende solo de la justicia, sino de la voluntad política de quienes lo mantienen en el cargo. Y ahí es donde la cosa se pone fea para Judith Piquet.
Torrejón denuncia, Alcalá calla y la oposición se revuelve
El escándalo estalló en plena semana festiva alcalaína, con las Ferias todavía frescas. El PSOE fue el primero en mover ficha, exigiendo “explicaciones urgentes” a la alcaldesa y recordando que hay mandos de sobra para sustituir al comisario mientras se aclara la situación. Más Madrid pidió directamente la suspensión cautelar del jefe policial, subrayando que la medida no prejuzga culpabilidad, pero sí protege la credibilidad institucional.
El PP complutense tardó unas horas en reaccionar y, cuando lo hizo, optó por una maniobra clásica: disparar contra el mensajero y evitar hablar del problema. La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, acusó al PSOE de “embarrar la política complutense” y de saltarse la presunción de inocencia. Y ya de paso, tiró de archivo para reprochar al portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, su silencio en otros casos de acoso laboral vinculados a socialistas, como el de la eurodiputada Mónica Silvana.
Pero las acusaciones cruzadas no tapan la realidad: la jefatura de la Policía Local de Alcalá está bajo sospecha, y el gobierno municipal ha optado por refugiarse en el silencio. Ni una palabra oficial sobre la continuidad de Moreno Pascual, ni un gesto de distanciamiento. Una estrategia que puede acabar saliendo muy cara si la querella avanza y el escándalo crece.
Entre la prudencia y la complicidad
La llegada de Moreno Pascual a Alcalá ya levantó ampollas. Fue traído desde Torrejón en un procedimiento que sindicatos y oposición calificaron de “sospechoso” y que terminó impugnado en los tribunales. Desde entonces, su gestión ha acumulado titulares: agentes de paisano convertidos en escoltas de la alcaldesa, unidades policiales fantasma, choques con trabajadores municipales y hasta la imagen del propio jefe de Policía actuando como celador de los Plenos, impidiendo la entrada de carteles sindicales.
Ahora, con una denuncia por acoso sobre la mesa, la tesis de que “se trata de un asunto privado” hace aguas por todos lados. El PSOE lo dice sin rodeos: “Alcalá no puede permitirse que estas prácticas puedan repetirse aquí”. Más Madrid concreta: “La suspensión cautelar no prejuzga, pero protege”. Y mientras tanto, el PP se limita a acusar a la oposición de enredar, como si el problema no fuese ya un terremoto político con epicentro en la Plaza de Cervantes.
La alcaldesa Judith Piquet se encuentra en el peor escenario posible: mantener en el cargo a un jefe cuestionado equivale a blindar un nombramiento que ya era polémico. Apartarlo cautelarmente sería reconocer que el error estaba ahí desde el inicio. Su margen se estrecha cada día, y el silencio empieza a sonar menos a prudencia y más a complicidad.
La justicia tardará meses en pronunciarse, pero el juicio político ya está en marcha. Cada día que pasa sin una medida preventiva erosiona la credibilidad del gobierno local y convierte a la alcaldesa en coautora de la situación. El caso Moreno Pascual ya no es solo un expediente judicial: es un espejo incómodo para dos ciudades. En Torrejón, porque su pasado vuelve como un fantasma; en Alcalá, porque su presente condiciona la confianza en la Policía Local.
Si algo ha dejado claro este episodio es que la “presunción de inocencia” no es excusa para la “presunción de impunidad”. Y que la alcaldesa de Alcalá, guste o no, tiene que decidir si gobierna mirando a los tribunales o mirando a la ciudad. Porque aquí, aunque el juicio penal tarde, la política ya está siendo juzgada en la plaza pública.
















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Un artículo serio y diciendo las cosas como son, son medias tintas y sin obviar lo importante.