- Los forestales inician una huelga histórica en plena ola de calor para denunciar el abandono institucional y el “modelo clínex” que amenaza con dejar el monte sin defensores.
En plena canícula madrileña, cuando los termómetros se encaraman sin piedad a los 40 grados y los incendios devoran hectáreas de monte como si fueran papel de fumar, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han dicho basta. Desde el 15 de julio y hasta el 15 de agosto, aunque avisan de que podría alargarse indefinidamente, han plantado cara a lo que definen como la “peor crisis de personal en la historia reciente del cuerpo”.
Y no es un arrebato. Es el resultado de un hartazgo acumulado durante años de sueldos congelados, convenios caducados, plantillas menguantes y promesas que ardieron como yesca. A pie de incendio, con el alma tiznada y la cuenta corriente en mínimos, los forestales claman por lo mínimo: condiciones dignas, estabilidad y respeto. Pero lo que han encontrado, dicen, es una administración muda y una empresa pública, Tragsa, que se escuda en el «no es mi competencia» para no mover ni un dedo.
Las cifras hablan por sí solas: 540 efectivos para toda la comunidad, más de 30.000 intervenciones previstas para este año, y apenas 1.300 bomberos cuando el acuerdo establecía que deberían ser 1.700. Las 126 plazas anunciadas “en breve” por la vicealcaldesa Inma Sanz ni son nuevas ni están desbloqueadas: corresponden a una convocatoria de marzo que sigue paralizada por falta de formadores. “No llegarán al servicio hasta mediados de 2026”, alertan desde CCOO.
El monte no se apaga con sueldos de miseria
Jesús Molina Pino, presidente del comité de empresa, lo resume sin rodeos: “Esto es una miseria laboral avalada institucionalmente”. Y no exagera. Desde 2008 no se actualiza el convenio colectivo. Desde 2010, los sueldos están congelados. Algunos brigadistas cobran apenas 1.250 euros de salario base. Sin pluses por peligrosidad, sin reconocimiento de la toxicidad, sin derechos básicos de conciliación. “Hemos perdido un 34% de poder adquisitivo”, calcula Molina.
Rafael Fernández, de UGT, con casi tres décadas en el cuerpo, señala otra injusticia: la antigüedad no se reconoce. “Un chaval que entra hoy cobrará lo mismo que yo. Aquí no se valora ni la experiencia ni la lealtad”. La sensación generalizada en el cuerpo es la de ser descartables: trabajadores temporales que sirven cuatro meses y luego se tiran. “Nos llaman trabajadores clínex. Nos usan y nos tiran”.
Las bases, unas 25 en total, no cumplen, según denuncian, ni con las mínimas normas de seguridad ni con el real decreto sobre agentes cancerígenos. “No tenemos ni zonas limpias y sucias para quitarnos el traje lleno de humo y sustancias tóxicas”, explica Julio Chana, de CGT. A eso se suma la disponibilidad obligatoria: 800 horas al año sin retribuir. Si no estás en la base en 90 minutos, te sancionan. Y punto.
Sabotajes, censura y una presidenta que echa gasolina
La tensión ha llegado al límite. El pasado 20 de julio, un sabotaje sin precedentes paralizó 16 bases forestales. Puertas bloqueadas con pitones, cerraduras inutilizadas, y hasta un helicóptero manipulado en Valdemorillo. Nueve unidades quedaron inoperativas durante horas. El operativo antiincendios quedó, literalmente, a medio gas en el momento más peligroso del año.
¿Y la respuesta política? Isabel Díaz Ayuso calificó la huelga de “sin sentido” y exigió que “todos los efectivos estén salvando vidas”. Pero los forestales no se achican: “Para salvar vidas hay que tener recursos, derechos y plantillas estables. No se puede apagar el monte con gasolina institucional”, replican.
El Ayuntamiento, lejos de dialogar, ha optado, según el comité, por la censura. Pancartas retiradas de los parques, amenazas de sanciones y presión para que no se denuncien públicamente las condiciones de trabajo. “No existe ninguna base legal para esas órdenes. Solo quieren que la ciudadanía no se entere de lo que pasa. Tienen más miedo a la verdad que al fuego”, sostienen desde CCOO.
Tragsa, por su parte, sigue enrocada. En dos reuniones recientes no puso sobre la mesa ni propuestas, ni fechas, ni compromisos. Alega que no está legitimada para negociar un nuevo convenio sectorial. “Entonces, ¿quién lo está? ¿La Consejería? ¿El Gobierno regional? Que den la cara de una vez”, exigen los sindicatos.
Sin tregua ni relevo: la mecha sigue encendida
En mitad de este incendio laboral, la única propuesta que ha dejado caer la Dirección General de Emergencias es una posible estabilización para 2026: 425 bomberos forestales fijos todo el año, sin refuerzos de verano. Una promesa que no convence a una plantilla quemada de esperar y desesperar. “La gente no puede vivir de trabajar solo cuatro meses al año”, dice Rafael Fernández. “Nos jugamos la vida por 1.300 euros. ¿Quién va a querer seguir así?”
Mientras tanto, los parques están al límite, las brigadas justas y los fuegos, al acecho. Lo que está en juego no es solo un convenio: es el modelo de prevención de incendios de toda la Comunidad de Madrid. Y si nadie se sienta a negociar, el fuego que arrasa los montes puede terminar por devorar también la dignidad de quienes los protegen.
¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.
