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El autor alerta del deterioro democrático salvadoreño y denuncia violaciones de derechos humanos durante el prolongado estado de excepción impuesto en El Salvador.
Escribir sobre El Salvador requiere un mínimo conocimiento del contexto histórico y sociopolítico de ese pequeño país de 21.040 Kms cuadrados y unos 7,2 millones de habitantes, llamado cariñosamente “el pulgarcito de América”.
Se puede partir, por ejemplo, desde 1932, cuando bajo el gobierno golpista del militar Maximiliano Hernández se produjo el exterminio de unos 30.000 indígenas y campesinos salvadoreños, un auténtico genocidio.
A este sanguinario militar le sucedieron otros muchos, en un siniestro carrusel por hacerse con el poder, siempre bien vistos por la oligarquía nacional y con el apoyo de Estados Unidos, hasta tal punto que durante la guerra civil, entre 1980 y 1992, USA aportó un millón de dólares diario al ejército salvadoreño.
En enero de 1992, el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los Acuerdos de Paz. Con ello se puso fin a doce años de guerra y a la represión institucionalizada que por sesenta años sufrió la población salvadoreña y las organizaciones sociales y de derechos humanos que denunciaban la violación sistemática de los derechos humanos en El Salvador.
Fue un acto muy importante a nivel nacional e internacional. Con ello se cerraba un período de terror y sufrimiento que costó la vida de más de 80.000 personas de la sociedad civil y la “desaparición” de otras 8.000.
Estos acuerdos abrieron las posibilidades de construir un nuevo país donde prevaleciera el Estado de Derecho, la justicia social y el respeto de los derechos humanos y fundamentales.
El 15 de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad entregó el informe titulado “De la locura a la esperanza”, elaborado durante ocho meses de trabajo intenso. El informe resalta casos que representaban un patrón de ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas y desapariciones forzadas, recogiendo 25.000 testimonios sobre graves hechos de violación de derechos humanos presentados a través de organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Tutela Legal del Arzobispado o el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA).
El 60% de las denuncias responsabilizan a la Fuerza Armada, el 25% a miembros de los cuerpos de seguridad, el 10% a los Escuadrones de la Muerte y el 5% al FMLN.
A partir de aquellos momentos se sucedieron varios gobiernos de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), de extrema derecha, fundado por Roberto D´Aubuisson, instigador de la muerte de Monseñor Romero, asesinado de un balazo en el corazón mientras celebraba una misa, y también del FMLN, la antigua guerrilla convertida en partido.
En 2019, Bukele llega a la presidencia del país. Desde el inicio de su mandato ha gobernado a golpe de tuit, siguiendo la estela de Trump, despreciando los mecanismos institucionales y convirtiéndose en una especie de “mesías populista”.
En 2020, Bukele ocupó el Congreso de El Salvador, escoltado por fuerzas militares, en una maniobra mediática para conseguir 109 millones de dólares para armas, y todo ello mientras “hablaba con Dios”.
En 2021, Bukele convirtió el bitcoin en moneda oficial de El Salvador (junto con el dólar), gastando grandes cantidades de dinero público en esta moneda virtual, que ha ocasionado pérdidas millonarias al pueblo salvadoreño.
En marzo de 2022, Bukele decretó el estado de excepción, que sigue hasta la actualidad, lo que le ha permitido encarcelar —según Amnistía Internacional en un informe de julio de 2025— a más de 86.000 personas sin ninguna garantía. Recientemente la ONG SJH (Socorro Jurídico Humanitario) informó de 482 personas muertas bajo la responsabilidad de Bukele en esas cárceles infernales que ha llegado a alquilar a su amigo Trump. Sin embargo, se teme que el número real de muertes sea al menos más del doble. De esas personas muertas, el 32% ha sido por violencia física y otro 32% por enfermedades no tratadas adecuadamente.
Todo ello se ha justificado en la lucha contra las pandillas, aunque el 94% de las personas detenidas no tiene perfil de pandillero.
Más allá de estos hechos ya de por sí gravísimos, el deterioro democrático en El Salvador se manifiesta también en otros ámbitos igualmente preocupantes.
Bukele y su eterno estado de excepción han podrido la democracia, haciéndose con el mando de toda institución como si de un emperador se tratara. Tiene miedo de la libertad y la justicia, le horrorizan los derechos humanos hasta tal punto de crear una ley, la LAEX (Ley de Agentes Extranjeros), que pretende asfixiar económicamente a toda organización que reciba fondos extranjeros. Así, cualquier entidad no adepta al régimen y que trabaje por la justicia, la libertad, los derechos humanos o todo aquello que represente un avance de los valores democráticos será castigada con un 30% de impuestos adicionales a los que ya debe pagar.
En la práctica, una organización salvadoreña que reciba fondos de solidaridad del exterior será considerada un “agente extranjero”. Además, si incumple lo que la ley establezca —de forma muy difusa— puede sufrir multas de hasta 250.000 dólares. El Gobierno de España y la Unión Europea han manifestado su preocupación por este instrumento jurídico por contradecir obligaciones internacionales.
Otro elemento alarmante es la deriva institucional en materia de mandatos presidenciales. Bukele se presentó de forma inconstitucional a su segundo mandato y ahora pretende facilitar un tercero e incluso ampliar su duración. Cada país tiene sus normas, pero resulta muy grave que medidas de este alcance se adopten sin debate previo y en medio de un régimen de excepción permanente.
También resulta especialmente preocupante la política extractiva impulsada recientemente. En 2025 Bukele derogó la prohibición vigente desde 2017 para ejercer la minería metálica y ha puesto en marcha una nueva ley que permite a multinacionales extranjeras explotar recursos —sobre todo oro—, esquilmar la tierra salvadoreña, destrozar ríos y expulsar comunidades. Las características geográficas y sociales de El Salvador hacen incompatibles con la vida este tipo de prácticas depredadoras.
A ello se suma la creciente militarización del Estado y de la educación. Bukele ha colocado desde el pasado agosto a una capitana de la Fuerza Armada al frente del Ministerio de Educación. En este contexto, derechos humanos, feminismo, participación ciudadana, rendición de cuentas o democracia desaparecerían de las aulas, sustituidos por valores de verticalidad, control y culto al líder. Ello recuerda etapas autoritarias en otros países donde la educación fue utilizada como herramienta de adoctrinamiento.
Finalmente, no puede descartarse un escenario de responsabilidad internacional. Bukele podría afrontar sanciones, embargos u órdenes de detención por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, tras la presentación de una demanda ante la Corte Penal Internacional.
Podríamos seguir enumerando hechos: el desmantelamiento de servicios públicos, el despido de miles de funcionarios, la persecución y encarcelamiento de periodistas y defensores de derechos humanos, la expulsión ilegal de comunidades para favorecer negocios inmobiliarios o el exilio forzado de cientos de personas que huyen de la barbarie.
Desde el Comité Oscar Romero de Torrejón hacemos un llamamiento a preocuparse por buscar una información veraz que nos permita expresar nuestra solidaridad con el sufrido pueblo salvadoreño. Nos entristece profundamente que se ensalce la figura de un enemigo de la humanidad y amigo de lo ajeno como es Bukele.
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Para contextualizar:
Camara legislativa, tras las ultimas elecciones:
54 representantes de Nuevas Ideas, partido de Bukele
3 de dos grupos que apoyan a Bukele
3 de la oposición
Ultima encuesta, 5 de febrero de 2.026
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registra una aprobación del 91.9 % tras seis años y medio de gobierno, impulsado principalmente por la percepción de mejoras en seguridad.
Según la más reciente encuesta de LPG Datos, unidad de investigación social de La Prensa Gráfica. Este resultado representa uno de los niveles de respaldo más altos para un mandatario salvadoreño desde el inicio de la serie histórica de este estudio.
Es fácil justificar un régimen autoritario y dictarorial desde los datos Y encuestas, no hay que olvida que hitler era muy popular en sus inicios y llevó el mundo a la barbarie fascista, El Salvador no es la excepción, hay que comprender que las encuestas que respaldan esos datos están realizadas en medio de un contexto de régimen de excepción en el cual todos, si todos los ciudadanos somos vigilados por lo tanto esos datos son construidos a base de una población que si ya no sufre del flagelo de las pandillas, pero que hoy por hoy es asediada por la presencia militar y policial cada 100 mts. Les invitamos a pasar por El Salvador y no solo visitar el centro histórico, o surf city habrá que caminar un kilómetro en cualquier sentido del centro histórico, o no solo conocer el CECOT sino las cárceles comunes en donde han muerto ya en manos del estado casi 500 personas inocentes. Es fácil solo conocer los datos que la dictadura promueve, hace falta conocer El Salvador profundo, saludos desde El Pulgarcito de América.
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Por «autoritario » que sea, mil veces que mejor que lo que estaba antes y que el mandatario promedio de hispanoamérica. Bukele es soberanía, seguridad y estabilidad económica y social
Curiosamente, por motivos laborales estuve mas de dos meses alli, y no solo en la capital, hace unos de quince años cuanfo vivi en Chile.
Por poco que haya mejorado la situación alli, por poco, entenderia el porqué los salvadoreños votan a Bukele, el 90% de la población. No me cuenten sólo lo mal que está El Salvador ahora, cuéntenme además lo bien que estaba antes. Ustedes, como cualquier sindicato o partido de izquierda, acusan de nazi o fascista a cualquiera con tal de hacer primar sus ideas por encima de todo, pero no deben representar ni a una decima parte, probablemente ni a una veinteava parte de los salvadoreños e imagino que, dado como se comporta Bukele con determinada gente allí, entiendo que la mayoría de esa gente que vota a la izquierda forme parte de esas maras reivindicativas y solidarias, como la ETA de mi pais, a los que se persigue injustamente.
560 muertos de 60.000 es un uno por mil de la poblacion reclusa de su pais en casi cuatro años. En España, donde la poblacion reclusa el pasado 2025 era de unos 60.000 tambien, fallecieron 202 solo en ese año y eso que en nuestras cárceles deben vivir bastante mejor. Y sobre todo, en mi pais no son asesinadas 10.000 personas al año. Que la gente se siente asediada ahora en la calle por los controles militares? El chiste se cuenta solo…