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La norma afectará solo a edificios municipales y deberá concretarse en una instrucción jurídica interna que el Ayuntamiento aún no ha redactado.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado una moción de Vox, con el respaldo del PP, que prohíbe el acceso a dependencias municipales cuando el rostro esté cubierto de forma integral, como ocurre con el nicab o el burka. El Gobierno local justifica la medida por razones de identificación y seguridad administrativa, aunque su impacto práctico en la ciudad es muy limitado y su alcance resulta, sobre todo, simbólico en términos políticos.
El Pleno ordinario de febrero dio así luz verde a una regulación que impedirá la entrada en instalaciones municipales cuando no sea posible la identificación visual del rostro, una decisión formulada en términos administrativos y de seguridad pero con una referencia evidente a las prendas islámicas que cubren completamente la cara. El texto aprobado evita menciones religiosas o culturales explícitas y se presenta como una norma general aplicable a cualquier forma de ocultación integral o sustancial del rostro, con independencia de su origen o significado. No obstante, tanto el debate plenario como la propia iniciativa política sitúan el foco en el uso del nicab y el burka, una realidad de presencia muy minoritaria en la ciudad pero de fuerte carga simbólica en el debate público.
El acuerdo establece que cualquier persona que pretenda realizar trámites o acceder a edificios municipales deberá mostrar el rostro cuando resulte necesario comprobar su identidad, con el objetivo declarado de evitar suplantaciones, proteger datos personales y garantizar la seguridad jurídica en la atención presencial. El Gobierno municipal ha defendido que la medida se limita estrictamente al ámbito de sus competencias —la organización interna de instalaciones y servicios— y que no afecta a la libertad de vestimenta en la vía pública, donde los ayuntamientos carecen de capacidad normativa general.
Asimismo, el texto excluye expresamente los supuestos de ocultación del rostro por motivos médicos, sanitarios o de seguridad laboral, lo que incluye el uso de mascarillas por razones de salud o equipos de protección profesional. La regulación deberá concretarse ahora mediante una instrucción o reglamento interno que elaborarán los servicios jurídicos municipales y que será objeto de señalización en accesos y dependencias.
Más allá de su alcance práctico inmediato, la aprobación introduce en la política municipal complutense un debate de fondo sobre el equilibrio entre neutralidad administrativa, identificación personal y derechos individuales en el acceso a los servicios públicos. La medida se apoya en la potestad de autoorganización reconocida a las entidades locales por la legislación básica de régimen local y en principios constitucionales como la igualdad, la eficacia administrativa y la seguridad jurídica, pero se inserta también en un contexto europeo más amplio en el que distintos países han aprobado restricciones similares con argumentos de integración, laicidad o seguridad.
El hecho de que la iniciativa haya sido impulsada por Vox y asumida por el Ejecutivo local del PP sitúa además la regulación en el marco del actual pacto de gobierno municipal y de su agenda política compartida en materia de seguridad, inmigración y símbolos en el espacio público institucional. Aunque el acuerdo insiste en su carácter neutral y no confesional, su aprobación refuerza la presencia de este tipo de debates en la agenda local pese a su escasa incidencia estadística en la realidad cotidiana de los servicios municipales de Alcalá.
Con su aprobación, Alcalá de Henares se suma así al grupo de municipios que han optado por regular el acceso a instalaciones públicas cuando el rostro se encuentra cubierto de forma integral, una decisión de aplicación muy restringida en la práctica pero con evidente valor simbólico en el actual clima político y cultural en torno a la identidad, la convivencia y los límites de la neutralidad institucional. La futura redacción de la instrucción municipal y su aplicación concreta determinarán hasta qué punto la medida se traduce en cambios reales en el funcionamiento administrativo o permanece, sobre todo, como una señal política en el debate público.
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Medida de trascendental importancia. Hay que anticiparse a la posibilidad de que se trasladen en vuelo directo desde Afganistán para hacer gestiones en las dependencias municipales. Y en caso de que ya tengamos a algún integrista como vecino, es mejor que las autoridades complutenses no lo noten.
Cuando en 5-6 años te veas en esa situación, que va a suceder, vuelve a comentar, si acaso pudieras comentar.
Hasta que alguien les denuncie y tengan que recular. ¿Y lo de meter mano a los alquileres pa cuando, PPVoxeros?