Detenido en Alcalá un integrante del grupo hacktivista ‘Anonymous Fénix’ por ataques contra webs públicas

La Guardia Civil ha detenido en Alcalá de Henares a uno de los cuatro principales integrantes del grupo hacktivista español ‘Anonymous Fénix’, al que se atribuyen ciberataques contra webs de organismos públicos, partidos políticos e instituciones. La operación, desarrollada en dos fases entre mayo de 2025 y febrero de 2026, incluyó arrestos en otras tres ciudades y el cierre de los canales digitales que el colectivo utilizaba para difundir y coordinar acciones.

Foto de la Guardia Civil
  • La operación policial incluyó arrestos en cuatro ciudades y el cierre de los principales canales digitales de difusión y coordinación del grupo.

La Guardia Civil ha detenido en Alcalá de Henares a uno de los cuatro principales integrantes del grupo hacktivista español que operaba bajo la denominación ‘Anonymous Fénix’, al que se atribuyen ciberataques de denegación distribuida de servicio (DDoS) contra páginas de organismos públicos, partidos políticos e instituciones. La operación, desarrollada en dos fases entre mayo de 2025 y febrero de 2026, se saldó con arrestos en Alcalá, Oviedo, Ibiza y Móstoles y con la intervención de los principales canales de comunicación del colectivo en redes sociales y mensajería.

Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos se presentaban en internet como parte del movimiento internacional Anonymous y habrían centrado su actividad en la ejecución y promoción de ataques DDoS, una técnica que consiste en saturar un servidor con un volumen masivo de solicitudes hasta dejar fuera de servicio la web o el sistema atacado. Aunque este tipo de acciones no implica necesariamente el acceso a bases de datos ni el robo de información, sí puede provocar interrupciones temporales de servicios digitales esenciales, afectar a la atención al ciudadano y generar costes de mitigación y refuerzo de infraestructuras, además del consiguiente impacto reputacional para las instituciones afectadas.

La investigación sitúa el origen del grupo en abril de 2023, con una presencia especialmente activa en la red social X y en Telegram. Desde esos canales difundían mensajes críticos con instituciones españolas y de distintos países de Sudamérica, una estrategia que, según los investigadores, buscaba ampliar su proyección y atraer colaboradores. El salto de actividad se produjo a partir de septiembre de 2024, cuando el colectivo lanzó campañas de reclutamiento de voluntarios para ejecutar ataques coordinados contra lo que denominaban “dominios relevantes”.

Ese incremento de acciones coincidió con el contexto posterior a la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, una catástrofe con centenares de víctimas mortales que generó una intensa polarización política y social. En ese escenario, el grupo habría justificado públicamente sus ataques responsabilizando a dirigentes públicos de la gestión de la tragedia, según la información difundida por el instituto armado.

La operación policial se desarrolló en dos fases. La primera, en mayo de 2025, permitió la detención de dos sospechosos en Alcalá de Henares y Oviedo, considerados claves para avanzar en la identificación del resto de la estructura. El análisis del material informático intervenido en esos registros habría facilitado la localización de otros dos miembros descritos como especialmente activos, arrestados a mediados de febrero de 2026 en Ibiza y Móstoles. Con estas cuatro detenciones, la Guardia Civil considera desarticulada la cúpula del grupo.

En paralelo a los arrestos, la autoridad judicial ordenó la intervención de perfiles vinculados al colectivo en X y YouTube, así como el cierre del canal de Telegram que utilizaban para difundir mensajes y coordinar acciones. Estas medidas buscan impedir la continuidad de la actividad y evitar intentos de reorganización bajo otras denominaciones o a través de nuevas plataformas.

La investigación ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional, organismo técnico de referencia en la ciberseguridad del sector público español. La coordinación judicial ha recaído en la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y un juzgado de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, según la información oficial facilitada por la Guardia Civil.

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