- Más Madrid exige aclaraciones y una investigación administrativa mientras familias denuncian desprotección y se cuestiona la supervisión autonómica de centros concertados educativos.
Las informaciones publicadas en los últimos días por El Plural han situado en el centro del debate público un presunto caso de abusos sexuales a menores en el colegio Alborada, un centro concertado vinculado al Opus Dei en la Comunidad de Madrid. Un caso que, según el citado medio, no se limita a la actuación individual de un trabajador, sino que apunta a una posible inacción prolongada del centro pese a las alertas internas, lo que ha provocado una fuerte reacción política e institucional.
Según la primera investigación publicada el 23 de diciembre de 2025, el colegio habría mantenido durante todo un curso escolar a un trabajador posteriormente denunciado por abusos sexuales, pese a que docentes del centro alertaron de comportamientos inadecuados. El Plural cifra la dimensión del caso en cerca de 50 denuncias y alrededor de una veintena de víctimas, niños y niñas de entre 0 y 6 años, algunos de ellos con necesidades educativas especiales.
De acuerdo con esta información, no se habría activado ningún protocolo de protección, ni se habría advertido al propio trabajador tras las primeras señales de alarma. Un extremo que, de confirmarse, supondría una grave vulneración de los deberes de prevención y protección que rigen en los centros educativos, especialmente cuando se trata de menores en edades tempranas.
Bloqueo parlamentario y foco en la Comunidad de Madrid
La controversia dio un nuevo salto el 24 de diciembre, cuando El Plural informó de que la Mesa de la Asamblea de Madrid había bloqueado una pregunta parlamentaria relacionada con este caso. Una decisión que elevó la presión sobre el Gobierno regional, competente en materia de inspección, supervisión y control de los centros concertados.
El bloqueo parlamentario fue interpretado por distintos sectores como una maniobra que dificulta la rendición de cuentas en un asunto extremadamente sensible. Desde el ámbito político y social se subraya que la investigación judicial, imprescindible, no puede sustituir a una investigación administrativa rigurosa que determine si el centro actuó conforme a la normativa y si la administración ejerció adecuadamente sus funciones de control.
Ese mismo día, el colegio Alborada difundió un comunicado en el que defendía la presunción de inocencia del trabajador denunciado y solicitaba que se le permitiera “recuperar su vida” durante las fechas navideñas. Un mensaje que ha generado malestar entre las familias afectadas, al considerar que el foco se desplazaba del sufrimiento de los menores y de la necesidad de esclarecer responsabilidades.
Las familias denuncian desprotección institucional
El 25 de diciembre, El Plural publicó un nuevo reportaje en el que familias de menores presuntamente abusados denunciaban una sensación de desprotección, no solo por parte del centro educativo, sino también por parte de las instituciones. Según estos testimonios, las familias se han sentido solas, desorientadas y con escaso apoyo psicológico y social, mientras el caso avanzaba lentamente.
Las familias reclaman discreción, acompañamiento profesional y que no se las exponga públicamente. También insisten en que nadie actuó a tiempo, pese a que los indicios habrían sido conocidos por parte del profesorado meses antes de que el caso trascendiera.
Este relato refuerza la idea de que el problema no se limita a un presunto agresor, sino que afecta a los mecanismos de detección, respuesta y protección que deberían activarse de forma automática ante cualquier sospecha de abuso infantil.
Más Madrid Alcalá exige aclaraciones y responsabilidades
En este contexto, Más Madrid Alcalá ha remitido una nota pública en la que se hace eco de las informaciones de El Plural y exige explicaciones inmediatas ante lo que considera hechos “gravísimos”.
La portavoz del grupo municipal, Rosa Romero, subraya que “la prioridad absoluta debe ser la protección de los menores y el respaldo a las víctimas y sus familias”, recordando que se trata de niños y niñas muy pequeños, algunos con necesidades especiales. Desde la formación reclaman que la justicia actúe con todas las garantías, pero advierten de que no basta con la vía judicial.
Más Madrid Alcalá solicita una investigación administrativa exhaustiva sobre la actuación del centro y exige explicaciones claras por parte de la Comunidad de Madrid, responsable de la inspección educativa de los centros concertados.
Asimismo, la formación plantea la necesidad de revisar el concierto educativo del colegio Alborada a la luz de la información conocida, condicionando cualquier financiación pública al cumplimiento estricto de los protocolos de protección de la infancia, la transparencia y la colaboración plena con las autoridades.
Debate sobre la red pública e inclusiva
La nota de Más Madrid Alcalá incorpora además un elemento de fondo que trasciende este caso concreto: la insuficiencia de plazas públicas inclusivas, especialmente para menores con necesidades educativas especiales. Según la formación, esta carencia obliga a muchas familias a optar por centros privados o concertados que no siempre responden a su modelo educativo deseado.
Desde el grupo municipal reclaman un refuerzo de la red pública, tanto en recursos como en plazas inclusivas, para evitar que la falta de alternativas condicione decisiones tan sensibles como la escolarización de menores vulnerables.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial y sigue generando reacciones políticas y sociales. A la espera de que se depuren responsabilidades penales, el foco permanece también en el papel de las instituciones, en la actuación del centro y en la necesidad de garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
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