Un tiempo más esperanzador | Por Yolanda Besteiro de la Fuente

"En este momento de 2017 deseo hacer un alto en el camino, y no para enumerar el terror asesino que, por supuesto también ha existido, sino para remarcar otro hito en la lucha frente a este terrorismo machista que sufrimos en nuestro país con la aprobación, primero con carácter inicial, a finales del mes de julio y, ahora ya, con carácter definitivo, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

 

  • Yolanda Besteiro de la Fuente / Presidenta de la Federación Mujeres Progresistas

Recobrada la actividad laboral para muchas personas tras el merecido y necesario parón veraniego, me veo en la necesidad imperiosa de hacer un balance de lo acontecido durante este tiempo en cuanto a la realidad sobre violencia de género se refiere.

Por desgracia, esa violencia no tiene parón, es más, en la época estival aumentan los casos, son más cruentos y/o se producen algunos de máximo interés mediático. Sin retroceder demasiado en el tiempo, el de 2015 puede alzarse con el título del verano más criminal, teniendo como protagonistas a dos padres que decidieron acabar con la vida de sus hijos e hijas a golpe de cuchillo y de una sierra radial;  o dos amigas enterradas en cal viva por la pareja de una de ellas huida y detenida fuera de nuestras fronteras…  2016 no corrió más suerte y así se han ido sucediendo casos terribles en meses posteriores, muchos otros que nunca conoceremos mientras miles de mujeres sufren la agonía del maltrato.

Pero es en este momento de 2017 cuando deseo hacer un alto en el camino, y no para enumerar el terror asesino que, por supuesto también ha existido, sino para remarcar otro hito en la lucha frente a este terrorismo machista que sufrimos en nuestro país con la aprobación, primero con carácter inicial, a finales del mes de julio y, ahora ya, con carácter definitivo, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Comienzo exponiendo mi máxima esperanza en que el Pacto sea la mano ejecutora/operativa de una ley pionera con la que, por fortuna, contamos desde el año 2004 en España. Todo suma, y ahora más de  200 medidas que  bien aplicadas pueden dar mucho de sí. También hay que reconocer que de un Pacto de esta envergadura es esperable que no sea solo un conjunto de medidas, sino acciones concretas encaminadas a una mayor protección de las mujeres y de sus hijos e hijas.

En los últimos meses, hemos comparecido profesionales y expertos en violencia de género en subcomisiones en el Congreso y Senado, ofreciendo nuestra visión fruto del trabajo directo con víctimas, por lo tanto una parte importante de lo que se necesita cambiar o readaptar técnicamente está presente en el documento. No todo, es cierto, pero confío en que llegarán de la mano de la dotación presupuestaria que se le ha otorgado (mil millones de euros para cinco años) y que si fuera necesario ampliar también se hiciese para que las víctimas sean atendidas y protegidas por profesionales desde una primera fase, y por ende recuperen la confianza en el sistema que quizás nunca tuvieron.

La supresión de los atenuantes de confesión y de reparación del daño para casos de violencia de género para evitar rebajas de penas, la implantación en los centros educativos de asignaturas de tolerancia cero ante todo tipo de violencia, adoptar la plasmación de la violencia por el uso de las redes sociales o incluso la ampliación de la definición de la violencia de género como aquella que no es solo ejercida por la pareja o ex pareja como recoge el Convenio de Estambul, la recuperación de competencias en materia de igualdad y violencia de género por parte de los municipios, son algunas de esas medidas, todas necesarias, que más atención han acaparado.

Sin embargo, no podemos obviar que no se han recogido algunas  de las principales reivindicaciones de las organizaciones de mujeres como es impedir a los maltratadores “de manera imperativa” continuar con el ejercicio de la custodia de sus hijos/as y también la modificación del Artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la dispensa de la obligación de declarar de parientes y cónyuges de los acusados. Este último punto es clave que se regule porque se traduce en que muchas víctimas se acogen a ese derecho y, como no hay más prueba de cargo, puede traducirse en una absolución y ser tomado como una denuncia falsa por quienes alimentan este falso mito.

Así pues, pensemos que este verano ha sido un verano más esperanzador, que nos ha traído un Pacto de Estado contra la Violencia de Género como un ejercicio práctico que debía producirse para evaluar  como se merece, y como no se había hecho hasta ahora, una ley necesaria. Ahora nos cabe esperar que tras su aprobación funcionen todos los mecanismos de seguimiento necesarios para dar cumplida cuenta, en sede parlamentaria y no sólo desde el Gobierno y en la que además debe tener participación la sociedad civil, de que lo que está recogido verdaderamente se cumpla. Ahí estaremos como siempre las organizaciones feministas, esperanzadas pero expectantes.

 

 

Yolanda Besteiro de la Fuente. Presidenta Federación Mujeres Progresistas


 

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