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Piquet denuncia falta de transparencia sobre los traslados al CAED, reclama información al Gobierno y reitera su exigencia de cerrar el centro.
La alcaldesa denuncia que el número de personas alojadas ha pasado de 471 a 953 en trece días y acusa al Gobierno central de ampliar el dispositivo sin informar al Ayuntamiento.
El Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares vuelve a situarse en el centro de la confrontación política entre el Ayuntamiento y el Gobierno de España. La alcaldesa, Judith Piquet, ha denunciado este jueves 12 de noviembre un fuerte incremento de la ocupación del dispositivo de acogida, que habría pasado de 471 a 953 personas en apenas trece días, según los datos ministeriales citados por el Consistorio. La regidora acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber ampliado nuevamente la capacidad del centro sin comunicarlo previamente a la administración municipal y reclama explicaciones sobre los traslados, los procedimientos de identificación y las previsiones de permanencia de las personas acogidas.
El aumento comunicado por el Ayuntamiento supone la incorporación de 482 personas en menos de dos semanas, un incremento del 102,3 % respecto a la cifra inicial. Es decir, el número de residentes se ha más que duplicado, aunque la nota municipal habla en su titular de «casi duplicar» la ocupación. Según Piquet, los datos proceden de los partes facilitados por el propio Ministerio, si bien el comunicado no incorpora esos documentos ni precisa cuál es la capacidad máxima actualmente autorizada para las instalaciones.
«El CAED de Alcalá ha más que duplicado las personas alojadas en apenas trece días: de 471 a 953 residentes, 482 más, según los partes del propio Ministerio», ha afirmado la alcaldesa, que considera especialmente grave que este incremento se haya producido sin una comunicación previa al Ayuntamiento.
La nueva controversia coincide con el incremento de llegadas de personas migrantes a Canarias, especialmente a la isla de El Hierro, y con los posteriores traslados a distintos dispositivos de acogida de la península. El Ayuntamiento relaciona ambos fenómenos, aunque en su comunicado no detalla cuántas de las nuevas personas alojadas en Alcalá proceden directamente de esas llegadas ni las fechas concretas de sus traslados.
Para Piquet, el problema no reside únicamente en el aumento de la ocupación, sino también en lo que considera una falta continuada de información institucional. «Es algo que continuamente hacen sin avisar, sin ninguna transparencia, sin ninguna información», ha declarado la regidora, que reprocha al Gobierno central mantener un dispositivo concebido inicialmente como temporal sin ofrecer, a su juicio, explicaciones suficientes sobre su evolución.
El CAED de Alcalá se aproxima ya a su tercer aniversario de funcionamiento. Durante este periodo, el centro ha sido objeto de reiteradas controversias entre el Gobierno municipal, formado por PP y Vox, y el Ejecutivo central, especialmente en torno a su continuidad, su capacidad y las competencias de las distintas administraciones.
Según la información difundida este jueves por el Ayuntamiento, el parte correspondiente al 9 de noviembre sitúa en torno a 14.000 el número acumulado de personas atendidas desde la puesta en marcha del dispositivo. Se trata de una cifra acumulada de usuarios que han pasado por las instalaciones y que no debe confundirse con las 953 personas que, según el Consistorio, se encuentran actualmente alojadas.
La alcaldesa ha vuelto a poner el acento en los procedimientos de identificación de las personas trasladadas al centro. En particular, solicita información sobre los mecanismos empleados para verificar su identidad, determinar su edad y realizar las comprobaciones administrativas que correspondan, así como sobre las previsiones de permanencia y posterior derivación a otros recursos.
Piquet asegura que el Ayuntamiento carece de información suficiente para conocer estas circunstancias y considera que esa situación dificulta la coordinación entre administraciones. «No sabemos de dónde vienen, no sabemos qué edad tienen, no sabemos qué antecedentes tienen, ni cuánto tiempo se van a quedar en el centro», ha manifestado.
Estas declaraciones reflejan la información que la alcaldesa asegura no tener a su disposición, pero no acreditan por sí mismas que las personas acogidas carezcan de identificación o que se estén incumpliendo los procedimientos establecidos. La nota municipal tampoco aporta datos sobre posibles irregularidades en la identificación ni sobre la existencia de antecedentes penales entre los residentes.
La distinción resulta relevante porque el desconocimiento que denuncia una administración no equivale necesariamente a la inexistencia de controles por parte de los organismos responsables. En su comunicado, el Ayuntamiento reclama precisamente que el Gobierno central explique cuáles son esos procedimientos y cómo se están aplicando ante el incremento de los traslados.
La regidora sostiene que las cuestiones relacionadas con la identificación, la estancia y el seguimiento de las personas acogidas deben abordarse desde una perspectiva que incluya tanto la convivencia y la seguridad como la atención a quienes llegan al dispositivo. En este sentido, insiste en que el Ayuntamiento necesita conocer las previsiones de funcionamiento del centro para poder ejercer adecuadamente sus competencias municipales.
El enfrentamiento adquiere también una dimensión política más amplia. Piquet acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas las consecuencias de su política migratoria sin asumir, a su juicio, las responsabilidades que le corresponden.
«Lo están distribuyendo entre ayuntamientos y comunidades autónomas, reparten las responsabilidades y ellos no hacen nada», ha afirmado la alcaldesa, que vuelve a utilizar el argumento del supuesto «efecto llamada» para cuestionar la política migratoria del Ejecutivo socialista.
Esta última expresión forma parte del discurso político de la regidora y no constituye, por sí sola, una explicación acreditada de las causas de los movimientos migratorios. El comunicado municipal no aporta estudios ni datos que permitan establecer una relación causal entre las políticas del Gobierno y el incremento de llegadas a Canarias.
Más allá de las críticas políticas, la alcaldesa ha formulado una petición concreta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad. Piquet exige una reunión para conocer las razones del aumento de capacidad del CAED, las previsiones de nuevos traslados y los recursos humanos y materiales destinados a su funcionamiento.
También reclama información detallada sobre los procedimientos de identificación, atención y derivación de las personas acogidas, así como una coordinación institucional que permita al Ayuntamiento disponer de datos actualizados sobre la evolución del dispositivo.
La nota municipal no especifica cuándo se habría autorizado la última ampliación de capacidad, cuál era el límite anterior ni cuál es el nuevo número máximo de plazas. Tampoco aclara si el incremento de residentes responde a una ampliación formal del dispositivo o a una mayor utilización de las plazas disponibles. Son cuestiones que quedan pendientes de las explicaciones solicitadas al Ministerio.
El Ayuntamiento tampoco recoge en su comunicado una respuesta del Gobierno central a estas nuevas reclamaciones. Por tanto, las cifras y las críticas difundidas este jueves corresponden a la versión ofrecida por el Ejecutivo municipal, a la espera de que la administración estatal pueda precisar los datos y explicar las circunstancias de los últimos traslados.
La controversia vuelve a poner de manifiesto las dificultades de coordinación institucional que denuncia el Gobierno local desde la apertura del centro. Sin embargo, el debate sobre el CAED no se limita a las relaciones entre administraciones. También afecta a la gestión de la acogida, a las condiciones de atención de las personas migrantes y a la convivencia en una ciudad que lleva casi tres años albergando este dispositivo.
En ese contexto, la alcaldesa mantiene intacta su principal reivindicación política: la clausura de las instalaciones. Piquet no plantea únicamente una mejora de la comunicación institucional o una revisión de los procedimientos, sino el final de la actividad del centro de acogida en Alcalá de Henares.«Y por supuesto, sigo exigiendo el cierre de este centro temporal que ya cumple tres años de permanencia en Alcalá de Henares», ha concluido la regidora complutense.
La exigencia de cierre constituye así el punto de llegada de una nueva ofensiva política municipal contra el CAED, esta vez apoyada en un aumento de ocupación que, de confirmarse en los términos comunicados, supone que el dispositivo ha pasado de menos de 500 residentes a superar los 950 en apenas trece días. Una evolución que merece explicaciones precisas sobre la capacidad del centro, la planificación de los traslados y los recursos disponibles, más allá del enfrentamiento político que vuelve a enfrentar al Ayuntamiento de Alcalá con el Gobierno de España.
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