Óscar Puente: dignidad en el umbral del abismo | Por Pedro Enrique Andarelli

• La renuncia de Puente no borra las tragedias ni exime responsabilidades, pero reivindica una dignidad política demasiado infrecuente en nuestra democracia.

Hay momentos en la vida pública en los que el lenguaje se vuelve insuficiente y la política, por mucho que se empeñe en ordenar el caos, se topa con un muro de duelo que ninguna comparecencia, ninguna declaración ni ningún real decreto puede derribar. El accidente de Urda, con sus 69 muertos, y el de Adamuz, ocurrido nueve meses antes con otras 46 vidas truncadas, no son meros «siniestros ferroviarios» ni «hechos relevantes» para el debate. Son dos abismos abiertos en el mismo corredor ferroviario, en el mismo año, bajo el mismo Ministerio. Son familias que no volverán a cenar juntas, niños que no crecerán, proyectos que se interrumpieron de golpe en una línea que debería ser sinónimo de modernidad y no de luto. Cualquier reflexión que pretenda ser honesta debe empezar por ahí, por ese silencio que pesa más que todas las palabras pronunciadas en el Congreso, en las redacciones y en las redes sociales.

Óscar Puente compareció ante la Diputación Permanente el 3 de noviembre, a petición propia, después de seis días en los que no eludió las preguntas de la prensa. Con mayor o menor acierto en sus respuestas, porque todavía quedan demasiadas incógnitas sobre lo que falló en los sistemas de seguridad, estuvo allí. Dio explicaciones técnicas, cronológicas y políticas. Defendió las inversiones realizadas en el corredor Madrid-Andalucía, los 780 millones destinados a su renovación, el refuerzo de plantillas pactado con los sindicatos y una ejecución presupuestaria que, según sus datos, había pasado del 30 % en 2016 al 91 % en 2025. Y al término de una comparecencia de más de cuatro horas anunció una decisión que, según explicó, había tomado en los primeros momentos posteriores a la tragedia de Urda: su dimisión como ministro de Transportes y su renuncia a encabezar la candidatura socialista por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas». Esa fue la frase esencial de su despedida. Una declaración que contiene algo poco frecuente en nuestra vida pública: el reconocimiento de que existen responsabilidades políticas que no necesitan esperar a una sentencia judicial para ser asumidas. Puente explicó que había comunicado su decisión a su familia camino del centro de control de Adif y que había informado a Pedro Sánchez poco antes de hacerla pública. Quiso permanecer en el cargo el tiempo imprescindible para impulsar las primeras investigaciones, las ayudas a las víctimas y las medidas urgentes de seguridad.

No es un gesto menor. En un tiempo en el que demasiados responsables públicos parecen haber confundido la resistencia en el cargo con una virtud democrática, que un ministro reconozca que su continuidad resulta incompatible con el dolor acumulado merece, cuando menos, respeto. No porque dimitir sea necesariamente una demostración de inocencia, ni porque la renuncia convierta en ejemplar toda una trayectoria política, sino porque supone aceptar que la responsabilidad institucional tiene una dimensión moral que va más allá de los códigos penales y de los cálculos electorales.

Conviene dejarlo claro: reconocer la dignidad de su renuncia no significa extender un certificado de excelencia sobre su gestión. Dos tragedias ferroviarias de semejante magnitud obligan a examinar con rigor las decisiones políticas, las inversiones, los protocolos de seguridad, los mecanismos de supervisión y las posibles responsabilidades administrativas. La dimisión no sustituye a las investigaciones ni exonera a nadie de los errores que puedan acreditarse. Tampoco debería convertirse en una coartada para cerrar precipitadamente un debate que afecta a la seguridad de millones de viajeros. Pero sería igualmente injusto negar el valor de un gesto simplemente porque procede de un adversario político o porque quien lo protagoniza no despierta nuestras simpatías.

Y Óscar Puente, desde luego, no es un político que haya cultivado precisamente la simpatía de sus adversarios. Su estilo combativo, su afición a la confrontación verbal y su presencia constante en las redes sociales han contribuido en ocasiones a endurecer un clima político que ya estaba suficientemente enrarecido. No siempre ha sabido distinguir entre la contundencia argumental y el exceso retórico. Sería absurdo ignorarlo ahora. Pero una cosa es criticar su comportamiento político y otra muy distinta convertirlo en el responsable exclusivo de cuanto sucede en una infraestructura ferroviaria compleja, sometida a decisiones acumuladas durante décadas y a una cadena de responsabilidades que todavía debe esclarecerse.

Durante estos meses, y especialmente después de las dos tragedias, Puente ha soportado una ofensiva política y mediática de extraordinaria dureza. Parte de esas críticas responde a una exigencia legítima de responsabilidades, que nadie debería cuestionar. Otra parte, sin embargo, ha derivado hacia la descalificación personal y la utilización partidista del sufrimiento ajeno. La oposición tiene el derecho, y también la obligación, de fiscalizar al Gobierno. Lo que no debería hacer nadie es confundir esa tarea con una competición por obtener réditos electorales del dolor de las víctimas. Tampoco el Ejecutivo puede refugiarse en la denuncia de esa instrumentalización para eludir preguntas incómodas. La democracia necesita ambas cosas: una oposición exigente y un Gobierno dispuesto a responder sin convertir cada crítica en una agresión.

Las medidas anunciadas antes de su marcha merecen también una consideración desapasionada. El Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas directas a las víctimas y sus familias, cercano a los 30 millones de euros, junto con actuaciones destinadas a reforzar la seguridad ferroviaria. Entre ellas figuran la doble validación humana de determinadas órdenes cuando fallen los sistemas automáticos, el refuerzo de las plantillas de control, la revisión de los tiempos de descanso, la reducción temporal de frecuencias en el corredor Madrid-Sevilla y la aceleración del despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS. También se plantearon nuevas herramientas informáticas y sistemas de inteligencia artificial para anticipar anomalías y mejorar la supervisión de las comunicaciones.

Son iniciativas importantes, pero su verdadero valor no estará en el anuncio, sino en su ejecución. La seguridad ferroviaria no se recupera mediante una comparecencia ni con una sucesión de siglas técnicas que la mayoría de los ciudadanos apenas comprende. Se recupera cuando los protocolos funcionan, las inversiones llegan donde deben llegar, los profesionales disponen de medios suficientes y los organismos de supervisión pueden ejercer su trabajo con independencia. Después de Adamuz y Urda, cualquier promesa de seguridad absoluta resultaría irresponsable. Lo exigible es algo más concreto y verificable: reducir los riesgos, corregir los fallos detectados y garantizar que las advertencias no vuelvan a perderse entre despachos, informes y competencias administrativas.

Desde Alcalá de Henares, donde vivo y dirijo este periódico, la distancia con la tragedia de Toledo es considerable, aunque no absoluta. Aquí conocemos también las dificultades de la gestión ferroviaria. El Puente de Daganzo ha recuperado finalmente el paso peatonal después de meses de retrasos y reclamaciones municipales, mientras las obras de la estación central de Renfe continúan generando molestias a miles de usuarios de Cercanías. Son problemas reales, que merecen crítica, información y seguimiento. Pero no son comparables con la pérdida de vidas humanas. Confundir las incomodidades de una obra pública con una catástrofe ferroviaria sería perder la proporción moral que debería presidir cualquier debate sobre lo ocurrido.

La dimisión de Puente tiene, inevitablemente, consecuencias políticas. El PSOE pierde a uno de sus dirigentes más combativos y a su candidato por Valladolid a pocas semanas de las elecciones generales. La oposición encuentra en su renuncia un argumento para cuestionar la gestión del Gobierno, mientras el propio Ejecutivo puede presentar la decisión como una demostración de responsabilidad institucional. Ambas lecturas forman parte del juego político, pero ninguna debería imponerse sobre lo esencial. Las familias de las víctimas no necesitan que la dimisión se convierta en una victoria electoral para unos ni en una derrota propagandística para otros. Necesitan conocer la verdad, recibir justicia y tener la certeza razonable de que se está haciendo cuanto resulta humanamente posible para impedir que algo semejante vuelva a suceder.

Hay, además, una dimensión humana que conviene no perder de vista. Los ministros no son máquinas, aunque a menudo los tratemos como si lo fueran. Cargan con decisiones, presiones, errores propios y ajenos, y responsabilidades que en ocasiones exceden su capacidad real de intervención. Eso no los exime de responder por lo que ocurre bajo su autoridad, pero tampoco autoriza a despojarlos de cualquier consideración personal. Puente eligió comparecer, dar explicaciones durante días y, finalmente, apartarse. Se puede discrepar de sus argumentos, cuestionar su gestión y exigir responsabilidades adicionales sin necesidad de negar la dimensión humana de su decisión.

Carlos Cuerpo asume transitoriamente las competencias de Transportes y Movilidad Sostenible, además de las de Economía, en un momento especialmente delicado. Su tarea inmediata no consiste en administrar políticamente la herencia de Puente, sino en garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias, que las ayudas lleguen a quienes las necesitan y que las medidas de seguridad anunciadas no se diluyan con el relevo ministerial. Pedro Sánchez, por su parte, deberá demostrar que la aceptación de esta dimisión no supone el cierre de una crisis, sino el comienzo de una revisión profunda de cuanto ha podido fallar. La responsabilidad política no termina cuando un ministro abandona su despacho. Continúa en las instituciones que permanecen y en quienes asumen la obligación de corregir los errores.

La dimisión de Óscar Puente no devolverá la vida a ninguna de las 115 personas que murieron en Adamuz y Urda. Tampoco resolverá por sí sola los problemas de seguridad ferroviaria ni disipará las dudas que todavía pesan sobre ambas tragedias. Pero introduce algo que nuestra vida pública parece haber olvidado: la posibilidad de asumir una responsabilidad política sin esperar a que un juez la convierta en responsabilidad penal. No es heroísmo. No es absolución. Es, sencillamente, dignidad. Y quizá por eso convenga recuperar aquella vieja viñeta de Forges en la que alguien afirmaba que todos los políticos son iguales y otro respondía: «Eso es lo que ustedes quisieran».

No, no todos son iguales. Y reconocerlo, incluso cuando se trata de alguien con quien discrepamos, también forma parte de la honestidad que deberíamos exigirnos a nosotros mismos.

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