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La asociación vincula los obstáculos municipales con sus obras sobre memoria histórica y derechos LGTBIQ+ y estudia emprender acciones administrativas y judiciales.
La histórica compañía denuncia que Cultura le impide ensayar en Gilitos, amenaza la continuidad de cuatro montajes y lleva meses sin responder a sus solicitudes de diálogo. La asociación, fundada en 1994, relaciona los obstáculos administrativos con sus obras sobre la represión franquista y los derechos LGTBIQ+, y reclama explicaciones al Gobierno municipal.
La Asociación Cultural La Locandiera Teatro ha decidido romper públicamente su silencio después de más de treinta años de colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La compañía denuncia lo que considera una campaña de «censura, persecución institucional y trato desigual» por parte de la actual Concejalía de Cultura, a la que acusa de dificultar progresivamente su actividad, excluir sus espectáculos de determinadas programaciones y obstaculizar el acceso a los espacios municipales donde desarrolla sus ensayos y conserva buena parte de su patrimonio escénico.
La denuncia, recogida en un extenso comunicado fechado el 4 de noviembre, llega en un momento especialmente delicado para la asociación. Más de 35 personas participan actualmente en su proyecto cultural, que mantiene cuatro montajes teatrales en preparación, uno de ellos destinado a dar visibilidad a la obra de un escritor novel alcalaíno. Según sostiene La Locandiera, la acumulación de decisiones municipales amenaza la continuidad de una iniciativa que lleva más de tres décadas formando parte del tejido cultural de la ciudad.
El detonante inmediato se produjo el pasado 3 de noviembre, cuando, según relata la compañía, sus integrantes no pudieron acceder a su espacio habitual de ensayo en el Centro Sociocultural Gilitos. La razón alegada fue la finalización, el 28 de octubre, del convenio municipal que regulaba su utilización. La asociación asegura, sin embargo, que había solicitado antes de su vencimiento la formalización de un nuevo acuerdo de colaboración y que, hasta la fecha de su comunicado, no había recibido respuesta.
La Locandiera precisa que no reclamaba una prórroga automática del convenio extinguido, sino la posibilidad de negociar otro instrumento que permitiera mantener una relación institucional desarrollada durante décadas con gobiernos municipales tanto del PSOE como del PP.
La situación adquiere especial relevancia porque la compañía tiene prevista para este sábado 7 de noviembre, en la Sala Margarita Xirgu, la representación de Tefía: Vagos y Maleantes, una obra sobre la represión franquista de las personas homosexuales. La prohibición de utilizar su espacio habitual de ensayo, precisamente en los días anteriores al estreno, constituye para la asociación un nuevo obstáculo que considera difícil de separar de otros episodios anteriores.
Tres décadas de colaboración que desembocan en un conflicto abierto
Fundada en 1994, La Locandiera Teatro recuerda que su trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la actividad cultural alcalaína. Durante más de treinta años ha colaborado con distintas corporaciones municipales, participando en acontecimientos como la Semana Cervantina, el Festival de Clásicos en Alcalá, la Noche en Blanco o las actividades de Halloween.
Su trabajo, subraya la asociación, no se ha limitado a las representaciones teatrales. También ha organizado talleres, ofrecido actuaciones gratuitas y colaborado con las áreas municipales de Cultura, Juventud, Turismo, Educación y Universidad, desarrollando iniciativas educativas y de participación ciudadana.
La compañía reivindica especialmente su función social. Más de 35 personas encuentran actualmente en ella un espacio de aprendizaje, creación y convivencia, con independencia de sus posibilidades económicas. Según explica, el proyecto se sostiene sobre el compromiso voluntario de sus integrantes y la voluntad de facilitar el acceso a las artes escénicas a quienes podrían encontrar dificultades para participar en otras propuestas culturales.«Nunca habíamos sufrido una situación como la actual», afirma la asociación, que insiste en que su relación con el Ayuntamiento había sido tradicionalmente de cooperación, incluso con gobiernos de sensibilidades políticas diferentes.
El conflicto afecta también al almacén que La Locandiera utiliza desde hace años en la Nave del Gallinero, dentro del complejo de Gilitos. Allí conserva vestuario, decorados, atrezo, utilería, equipos técnicos y numerosos materiales acumulados durante décadas de actividad.Según denuncia, el Ayuntamiento le ha requerido que desaloje ese espacio debido a unas obras previstas en las instalaciones, pero sin ofrecerle una alternativa concreta para trasladar y conservar su fondo escénico.
La compañía aclara que no se opone a las obras ni pretende obstaculizar las actuaciones municipales. Su queja se centra en la ausencia de soluciones para un patrimonio material que considera indispensable para recuperar antiguos montajes y desarrollar nuevas producciones.La Locandiera sostiene, además, que otras entidades culturales mantienen espacios municipales de características similares, circunstancia que, a su juicio, obliga a explicar los criterios utilizados para permitir o impedir su utilización.
Para una asociación sin ánimo de lucro, advierte, asumir el coste de un almacén privado y del traslado de décadas de materiales supondría una carga económica difícilmente soportable. La posible pérdida, dispersión o deterioro de ese fondo representaría, según sus responsables, un perjuicio cultural que iría mucho más allá de la propia compañía.
El precedente de Tindaya y la polémica por la represión franquista
La Locandiera sitúa el origen de sus actuales denuncias en una sucesión de episodios que, según afirma, comenzaron a deteriorar su relación con la Concejalía de Cultura durante el actual mandato municipal.
Uno de los antecedentes más significativos fue la exclusión, en 2025, de su espectáculo Tindaya del VII Certamen de Teatro Juvenil OFM.La obra, un musical ambientado durante el franquismo, abordaba la represión de las personas homosexuales y los mecanismos de censura y persecución existentes durante la dictadura.
Según recuerda la compañía, su participación había sido inicialmente aceptada bajo la condición de que el espectáculo se representara sin optar a los principales premios del certamen. La propuesta llegó a anunciarse públicamente y la asociación comenzó a organizar los trabajos de producción, reparto y equipo técnico. Sin embargo, el 26 de febrero de 2025 recibió la comunicación de que su participación quedaba suprimida, cuando faltaban poco más de dos meses para la representación prevista.
La explicación ofrecida entonces por el Ayuntamiento, según recoge la propia asociación, fue el incumplimiento de los requisitos de edad establecidos para los integrantes del reparto.La Locandiera cuestionó aquella justificación y denunció que los criterios se habían modificado después de aceptarse inicialmente su participación.
La compañía interpreta aquella exclusión como un episodio de censura cultural, aunque esa valoración corresponde a la propia asociación y no constituye una conclusión administrativa o judicial acreditada en el comunicado. «Resulta especialmente significativo que una obra que denunciaba la censura y la persecución durante la dictadura terminase siendo apartada de un certamen municipal», sostiene.
La asociación también recuerda otro conflicto relacionado con el programa municipal Alcalá a Escena, concebido para facilitar que artistas y compañías locales presenten sus estrenos en el Teatro Salón Cervantes. Según su versión, la posibilidad de estrenar en este espacio quedó frustrada después de que se le exigiera documentación adicional cuando apenas disponía de tiempo para reunirla.
La Locandiera reconoce expresamente que el Ayuntamiento debe exigir los documentos y autorizaciones legalmente necesarios, pero considera que las condiciones aplicadas a su compañía fueron desproporcionadas.
Asegura disponer de información según la cual otras propuestas pudieron continuar adelante sin acreditar idénticos requisitos en las mismas condiciones. Por ello, reclama transparencia sobre la documentación solicitada, los plazos concedidos y los criterios empleados para autorizar o impedir cada estreno.
Tefía: una nueva obra sobre la memoria histórica en el centro de la polémica
El conflicto actual coincide con la preparación de Tefía: Vagos y Maleantes, cuya representación está anunciada para el sábado 7 de noviembre en la Sala Margarita Xirgu.
La obra recupera la historia de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, situada en Fuerteventura, donde durante el franquismo fueron recluidas personas condenadas al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes, entre ellas hombres perseguidos por su homosexualidad. Se trata de una propuesta centrada en la memoria de las víctimas, la dignidad humana y la necesidad de recuperar episodios de represión que durante décadas permanecieron relegados del relato público.
La Locandiera considera especialmente preocupante que las dificultades para ensayar se produzcan precisamente cuando prepara una representación de estas características. En su comunicado, la compañía establece una relación entre los contenidos de sus espectáculos, los anteriores conflictos con la programación municipal y las actuales restricciones de acceso a sus instalaciones.
La asociación sostiene que esta acumulación de circunstancias podría constituir una forma de «censura indirecta», entendida como la creación de obstáculos administrativos o materiales que terminan dificultando la actividad artística sin necesidad de prohibir expresamente una representación.No obstante, la documentación difundida por La Locandiera recoge su interpretación de los acontecimientos y no acredita por sí sola que las decisiones municipales respondan a una motivación ideológica.
La compañía insiste en que su línea artística nunca había impedido anteriormente la colaboración con el Ayuntamiento y considera que el cambio de relación institucional coincide con la llegada del actual responsable de Cultura. «No hacemos teatro para agradar al poder ni para evitar temas incómodos», proclama la asociación, que reivindica su derecho a abordar cuestiones relacionadas con la memoria histórica, la diversidad, la libertad y los derechos humanos.
En esa misma línea, advierte de que no está dispuesta a modificar sus contenidos para obtener el respaldo de ninguna institución pública.
Ocho exigencias al Ayuntamiento y la posibilidad de acudir a los tribunales
La Locandiera asegura haber intentado resolver el conflicto por las vías institucionales antes de hacerlo público. Según explica, presentó una solicitud para formalizar un nuevo convenio de colaboración antes de que finalizara el anterior. También afirma haber registrado peticiones de espacios alternativos ante distintas concejalías y haber solicitado una reunión con la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.
La compañía sostiene que ninguna de estas iniciativas había recibido respuesta cuando difundió su comunicado el 4 de noviembre. Esta falta de contestación constituye, a su juicio, uno de los aspectos más preocupantes de la situación, especialmente después de más de tres décadas de colaboración con administraciones municipales de distinto signo político.
La asociación formula ocho exigencias concretas al Ayuntamiento. Reclama una explicación pública y motivada de las razones que han impedido utilizar su sala habitual de ensayo, así como la publicación de los criterios aplicados a las compañías que ocupan espacios del Centro Gilitos tras la finalización de sus convenios. También pide aclarar por qué, según su denuncia, otras entidades pueden continuar ensayando mientras La Locandiera tiene prohibido hacerlo, siempre que sus situaciones jurídicas sean equivalentes.
Exige igualmente una respuesta formal a su solicitud de nuevo convenio, soluciones para disponer de espacios alternativos y una reunión con la alcaldesa que permita abordar personalmente el conflicto. Las reivindicaciones se extienden al programa Alcalá a Escena, para el que reclama criterios documentales transparentes e iguales para todas las compañías participantes.
Finalmente, solicita garantías de que ninguna entidad cultural pueda resultar perjudicada por los contenidos de sus espectáculos, sus planteamientos artísticos o su defensa de la memoria histórica y los derechos humanos.
La Locandiera anuncia que estudiará las actuaciones administrativas y judiciales que considere oportunas para defender sus derechos y denunciar cualquier posible arbitrariedad, trato desigual o vulneración de la libertad artística que pueda acreditarse.La asociación insiste en que no busca privilegios ni un trato de favor, sino igualdad de condiciones y la posibilidad de continuar desarrollando su actividad.
El comunicado concluye con una declaración que resume el sentido de su denuncia: «No buscamos privilegios. No pedimos un trato de favor. Exigimos igualdad, respeto, transparencia y el derecho a seguir haciendo cultura sin censura ni represalias».
Por ahora, el conflicto deja abiertas cuestiones relevantes sobre la gestión de los espacios culturales municipales, la continuidad de los convenios de colaboración y los criterios administrativos aplicados a las asociaciones teatrales de Alcalá.
La Locandiera ha hecho pública su versión y reclama explicaciones. La Concejalía de Cultura conoce la próxima publicación de estas denuncias, según ha podido confirmar ALCALÁ HOY. Su respuesta permitirá conocer la posición municipal sobre un enfrentamiento que, más allá de una sala de ensayos, afecta a la relación entre las instituciones públicas y una compañía con más de treinta años de presencia en la vida cultural alcalaína.
El Ayuntamiento responde: «Se acabaron las cesiones exclusivas y los monopolios culturales»
Frente a las denuncias de La Locandiera Teatro, fuentes municipales han defendido el nuevo modelo de utilización de los espacios culturales públicos de Alcalá de Henares, basado, según explican, en la igualdad de oportunidades para todas las asociaciones y colectivos de la ciudad. El Ayuntamiento recuerda que la compañía puede seguir solicitando el uso puntual de instalaciones municipales, como cualquier otra entidad cultural, mediante los procedimientos establecidos y siempre en función de la disponibilidad de cada espacio.
Las mismas fuentes sostienen que el actual Gobierno municipal ha puesto fin a lo que consideran una política de «privilegios, cesiones exclusivas y monopolios culturales» que, a su juicio, se desarrolló durante la etapa de María Aranguren al frente de la Concejalía de Cultura. Según esta interpretación, el cambio de modelo pretende garantizar que las instalaciones municipales estén abiertas a diferentes compañías y asociaciones, evitando que determinados colectivos dispongan de espacios públicos de manera exclusiva.
Desde el Ayuntamiento subrayan que la trayectoria de La Locandiera, fundada en 1994 y con más de tres décadas de actividad teatral en Alcalá, merece reconocimiento, pero consideran que esa antigüedad no genera por sí misma un derecho preferente o exclusivo sobre las instalaciones municipales. La programación cultural y la disponibilidad de los espacios, argumentan, deben permitir la participación de distintas entidades en condiciones comunes.
Por ello, las fuentes municipales invitan a La Locandiera a presentar sus solicitudes de utilización puntual de espacios públicos a través de los cauces administrativos habilitados, del mismo modo que el resto de asociaciones culturales alcalaínas. Insisten en que estas peticiones pueden tramitarse conforme a las condiciones de cada instalación y a su disponibilidad.
La respuesta municipal, sin embargo, no aclara expresamente qué ocurrirá con la solicitud de un nuevo convenio que La Locandiera asegura haber presentado antes de que expirara el anterior, ni ofrece una solución concreta para el almacenamiento de su patrimonio escénico en la Nave del Gallinero. Tampoco aborda las acusaciones de censura relacionadas con las obras Tindaya y Tefía: Vagos y Maleantes, ni las quejas sobre los requisitos documentales del programa Alcalá a Escena.
De este modo, el conflicto enfrenta dos planteamientos diferentes: el de una compañía que reclama mantener las condiciones de colaboración institucional desarrolladas durante décadas y el de un Ayuntamiento que defiende la eliminación de las cesiones exclusivas para garantizar, según sostiene, un acceso más abierto y equitativo a los espacios culturales municipales.
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