Los vecinos del Plan Vive de Espartales se organizan para denunciar «abusos» y exigir soluciones a la gestora

Los vecinos de una de las promociones del Plan Vive en Espartales Norte han decidido organizarse para denunciar lo que consideran una gestión deficiente de sus viviendas de alquiler asequible. Reunidos junto a la recién creada Asociación de Inquilinos del Plan Vive y con el apoyo del colectivo Espartales Unidos, reclaman mejoras en el mantenimiento, mayor transparencia en los gastos comunitarios y el fin del cobro del IBI a los arrendatarios, mientras la Comunidad de Madrid defiende el modelo.

Foto remitida por el colectivo vecinal Espartales Unidos
  • Los residentes exigen soluciones a la gestora y cuestionan que los inquilinos asuman el IBI en viviendas públicas de alquiler asequible.

 

Los residentes de una de las promociones del Plan Vive en Espartales Norte han decidido pasar de las quejas individuales a la organización colectiva. Tras varias reuniones celebradas en las últimas semanas con la recién creada Asociación de Inquilinos del Plan Vive, los vecinos aseguran sentirse desatendidos por la empresa gestora de las viviendas y reclaman tanto mejoras en el mantenimiento como mayor transparencia en la gestión de unos inmuebles promovidos por la Comunidad de Madrid bajo la fórmula del alquiler asequible.

Collage con fotos posteadas

La movilización ha sido difundida por el colectivo vecinal Espartales Unidos, que ha acompañado a los residentes en varios encuentros celebrados en la promoción situada en la avenida de Alfonso VI, gestionada por Avalon. Según explican, las reclamaciones no responden a un problema puntual, sino a una serie de incidencias que, a su juicio, se arrastran desde hace tiempo y afectan a la calidad de vida de quienes viven en estas viviendas de protección pública.


De las quejas individuales a la organización vecinal

Las imágenes difundidas muestran reuniones en las que decenas de vecinos comparten experiencias y preparan una estrategia común para trasladar sus reivindicaciones a las administraciones y a la empresa concesionaria.

Entre las principales demandas figuran un mantenimiento más eficaz de las zonas comunes y de la jardinería, controles periódicos frente a plagas y roedores, una mayor claridad en las facturas de los gastos comunitarios y una revisión del precio de las plazas de aparcamiento.

Uno de los asuntos que más controversia genera entre los residentes es el pago del IBI. Los inquilinos consideran que ese impuesto no debería recaer sobre ellos al no ser propietarios de las viviendas, por lo que reclaman su eliminación de los conceptos que soportan económicamente.

El colectivo vecinal sostiene además que existe una sensación de «abandono» por parte de las empresas encargadas de la gestión del Plan Vive y denuncia lo que califica de «abusos contractuales» y falta de transparencia.


El debate llega a la Comunidad de Madrid

La protesta ha comenzado a tener repercusión fuera del ámbito vecinal. Según los propios residentes, sus reivindicaciones ya han sido recogidas por distintos medios de comunicación, entre ellos TVE.

Precisamente en una información emitida por la televisión pública, uno de los representantes vecinales resumía el malestar existente con una frase contundente: «Tienen todos los mismos problemas. Es un abuso absoluto. Son viviendas públicas construidas en suelo público».

En la misma pieza informativa se planteaba además una cuestión de fondo: si las empresas gestoras no responden adecuadamente, quién debe asumir la responsabilidad última de la gestión de unas promociones impulsadas por la administración regional.

La respuesta trasladada por la Comunidad de Madrid mantiene que el modelo del Plan Vive constituye un éxito, al considerar que las rentas se sitúan por debajo de los precios del mercado. Respecto a las incidencias denunciadas por los vecinos, el Ejecutivo regional sostiene que se trata de problemas puntuales y asegura que supervisa que las empresas concesionarias los resuelvan.

Mientras tanto, los residentes anuncian que seguirán organizándose para reclamar mejoras y mantener la presión tanto sobre la empresa gestora como sobre la administración autonómica. El objetivo, aseguran, es que unas viviendas concebidas para facilitar el acceso a un alquiler asequible ofrezcan también unos serviciosuna gestión acordes con esa finalidad pública.

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