-
El texto cuestiona Nutri-Score y reclama menos burocracia, apoyo al campo y medidas directas para abaratar la cesta básica española.
Los precios de los alimentos en España siguen aumentando. Según datos de Trading Economics, la inflación alimentaria se situó en el 3,2% en febrero de 2026, por encima del 3% registrado en enero. No es un fenómeno puntual: desde 2002, este indicador ha promediado en torno al 3,1% anual. En ese periodo ha vivido episodios extremos, como el máximo del 16,6% en febrero de 2023, en plena crisis de energía y materias primas tras la guerra en Ucrania, y un mínimo del -2,7% en 2010, en el contexto de la crisis financiera.
En abril de 2026, con los embalses en torno al 55% por la sequía y con protestas de más de 25.000 agricultores por el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC, la presión sobre los precios de los alimentos se mantiene por encima de la inflación general, situada en el 2,3%. Estos factores no responden a cuestiones de etiquetado o información nutricional, sino a problemas estructurales: menor disponibilidad de recursos, tensiones en la cadena de suministro y una presión directa sobre el coste de vida de los hogares.
La diferencia con la inflación general es especialmente relevante. En febrero de 2026, los alimentos subieron un 3,2% interanual, frente al 2,3% del índice general. Esa brecha encarece de forma más intensa la cesta básica, afectando sobre todo a los hogares de menores ingresos, donde la alimentación representa entre el 25% y el 30% del gasto total. En la práctica, para una familia de cuatro personas, esto puede suponer entre 50 y 70 euros adicionales al mes, con especial impacto en productos esenciales como aceite, lácteos o hortalizas.
Al mismo tiempo, los precios en origen muestran una evolución distinta. El índice de precios al productor cayó un 2,9% interanual en enero, lo que sugiere tensiones y desajustes en los tramos intermedios de la cadena. En ese contexto, se observa presión en la distribución, con márgenes al alza en grandes operadores como Carrefour y Mercadona, costes logísticos impulsados por el gasoil (en torno al +12%) y una creciente concentración del mercado.
De cara a los próximos meses, se espera una moderación gradual de la inflación alimentaria, con previsiones en torno al 3% para el primer trimestre de 2026 y cerca del 1,9% en 2027. Esta evolución dependerá sobre todo de la política monetaria del BCE, de los costes energéticos y de la dinámica de las materias primas agrícolas, más que de factores secundarios como el etiquetado de los productos.
Este contexto vuelve más urgente cuestionar si las políticas alimentarias en España y Europa están realmente abordando el problema de fondo. Un ejemplo claro es el proyecto, actualmente en pausa, sobre la adopción del etiquetado nutricional Nutri-Score.
Presentado como una herramienta de salud pública y adoptado de forma voluntaria por algunos fabricantes desde que el Senado español lo frenara en 2021, el Nutri-Score no ha mostrado resultados. No solo no facilita necesariamente la toma de decisiones más saludables, sino que tampoco tiene un impacto directo en los precios ni en la accesibilidad de los alimentos.
Además, puede generar costes ocultos, pero reales. Muchas empresas se ven incentivadas a reformular productos para “mejorar” la calificación, incorporando ingredientes como fibra añadida o modificando recetas. A esto se suman los costes de análisis nutricionales, que pueden oscilar entre 500 y 2.000 euros por producto, y el reetiquetado, estimado en unos 0,05 euros por unidad. Para grandes grupos estos costes se diluyen y forman parte de su estrategia de marketing. En cambio, para actores más pequeños, como una cooperativa de aceite de oliva en la Comunidad Valenciana o un productor artesanal de conservas en Galicia, estos gastos pueden suponer una carga significativa, capaz de condicionar su permanencia en el lineal o incluso su viabilidad
Veronique Willems, de SME Europe, lo ha advertido ante el Parlamento Europeo: “el Nutri-Score agrava los costes para pymes alimentarias en plena crisis, discriminándolas frente a gigantes industriales que reformulan con facilidad”. En zonas rurales, motor del 20% del PIB agroalimentario español, productos como los quesos manchego, jamón ibérico o aceite de oliva no se pueden reformular: su receta tradicional está regulada por denominación de origen. En este contexto, una calificación desfavorable no solo puede afectar su presencia en los lineales, sino también favorecer una mayor concentración en la distribución. A largo plazo, esto reduce la competencia y puede traducirse en precios más altos para los consumidores.
El problema se agrava porque esta herramienta choca frontalmente con la dieta mediterránea, responsable de la longevidad española y avalada por el estudio Predimed. Este patrón alimentario prioriza raciones equilibradas y variedad, no clasificaciones absolutas de ‘bueno contra malo’ por 100 gramos.
Frente a esta realidad, las soluciones reales son claras: reducir burocracia regulatoria, fortalecer la Política Agraria Común para productores rurales, bajar el IVA de alimentos básicos del 10% al 4% y potenciar la diplomacia gastronómica. En conclusión, con inflación alimentaria al 3,20%, los datos exigen priorizar accesibilidad sobre etiquetas. Nutri-Score penaliza pequeños productores y productos tradicionales sin bajar precios, agravando desigualdades y contradiciendo nuestra dieta mediterránea ganadora. España acertó frenándolo en 2021; Europa debería centrarse en cadenas de valor sostenibles frente a regulaciones que benefician a multinacionales.
¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.
