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Piquet exige recursos y coordinación estatal ante la creciente presión sobre padrón, servicios sociales y atención municipal tras la regularización.
- Fotos del ayuntamiento
Apenas una semana después de que entrara en vigor el Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, las imágenes de colas y aglomeraciones ya son una realidad cotidiana en los servicios sociales y de empadronamiento del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Al frente de la denuncia institucional se encuentra Judith Piquet, alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM).
La también líder municipal del PP no ha tardado en pasar a la acción. El pasado viernes 17 de abril exigió por carta una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para abordar “las consecuencias de la nefasta política migratoria” del Ejecutivo central. “Ni una llamada del delegado, ni de un secretario de Estado, ni de la ministra de Migraciones. Absolutamente nada”, denunció entonces.
Este lunes 20 de abril, Piquet volvió a insistir con mayor contundencia. Por la noche participó en el programa El Análisis: Diario de la Noche (conocido también como El Debate) de Telemadrid, dirigido por Antonio Naranjo, donde expuso con detalle y tono combativo la situación que viven ya los ayuntamientos. Mostró cómo el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) Primo de Rivera de Alcalá, que iba a ser un dispositivo temporal de tres meses para entre 100 y 200 personas, lleva abierto 22 meses, ha albergado a más de 10.200 migrantes y en sus picos ha alcanzado las 1.650 plazas. “Los inmigrantes están durmiendo en carpas”, alertó, al tiempo que denunció las colas y el colapso que ya se viven en padrón, servicios sociales y atención municipal desde el primer día hábil del proceso de regularización.
Piquet no está sola. Esta movilización se enmarca en la consigna lanzada por el Partido Popular de Madrid. El mismo 17 de abril, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, anunció que el partido registrará mociones en los plenos de todos los ayuntamientos de la región para denunciar el colapso de los servicios públicos consecuencia de la regularización masiva y exigir al Gobierno de España que retire el Real Decreto. Las mociones reclaman que cualquier proceso de regularización sea individualizado, vaya acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente y la habilitación de financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar el impacto tanto en la tramitación como en los itinerarios de inclusión social y laboral.
La estrategia no se limita a Madrid. El PP nacional ha activado la misma línea en los ayuntamientos donde gobierna y en muchos donde no, para frenar lo que califican de “disparate” e “irresponsabilidad”.
El caso de Alcalá de Henares resulta especialmente ilustrativo. Piquet lleva meses advirtiendo de la sobrecarga que el CAED Primo de Rivera supone para los servicios locales. Ahora, con la regularización masiva en marcha, la presión se ha multiplicado de forma inmediata: empadronamientos, informes de vulnerabilidad, atención social básica y trámites administrativos se han disparado en cuestión de horas. El primer día hábil del proceso, el 20 de abril, ya se registraron colas y esperas prolongadas en los servicios sociales municipales.
“Los municipios estamos empezando a sufrir las consecuencias de una medida aprobada sin planificación, sin diálogo institucional y sin tener en cuenta la capacidad real de respuesta de las administraciones locales”, insistió Piquet. Y añadió: “Se está trasladando a los ayuntamientos el peso de una política estatal sin los recursos necesarios para gestionarla”. La presidenta de la FMM reclama “respeto y lealtad institucional” hacia los municipios, que son los que, en última instancia, tienen que gestionar la demanda creciente de servicios.
Este martes, 21 de abril, se celebró pleno ordinario en el Ayuntamiento de Alcalá. A pesar de la intensa actividad de estos días y de la consigna regional, el grupo municipal del PP no presentó ninguna moción específica sobre la regularización. Fuentes populares explican que la estrategia se centra de momento en la vía autonómica a través de la FMM y en las mociones coordinadas que se irán registrando progresivamente en todos los consistorios de la región.
Judith Piquet no cuestiona el derecho a regularizar a personas que llevan años en España y cumplen los requisitos establecidos. Lo que critica es la forma: un Real Decreto aprobado sin memoria económica, sin dotación adicional de personal ni financiación para los ayuntamientos, y sin el debate parlamentario que habría exigido tramitarlo como proyecto de ley. “Regularizar sí, pero no así”, resume el sentir que transmiten tanto ella como el resto de alcaldes del PP.
En estos días han circulado en redes sociales bulos y exageraciones sobre el alcance inmediato del decreto, desde supuestas “nacionalidades automáticas” hasta cifras infladas de impacto. Es importante separar el debate legítimo de la desinformación: el proceso no otorga derechos automáticos de voto ni residencia ilimitada, pero sí genera una carga administrativa y de servicios reales y tangible en los ayuntamientos, tal como están documentando alcaldes de distinto signo en toda España.
En paralelo, existe una evidente competencia política con Vox, que desde hace tiempo reclama una política migratoria mucho más restrictiva. El PP, sin embargo, ha optado por una vía institucional y municipalista: defender la capacidad de los ayuntamientos para prestar servicios de calidad a todos los vecinos, sean o no de origen extranjero. Es una posición coherente con su rol de gobierno local y autonómico, y evita caer en el terreno de la confrontación identitaria pura. Judith Piquet, como alcaldesa de una ciudad que ya acoge un gran centro de migrantes, encarna precisamente esa línea: firmeza en la defensa de los recursos municipales sin renunciar al pragmatismo.
La situación, según Piquet, puede agravarse en las próximas semanas si no hay respuesta coordinada del Gobierno central. Como primer gesto, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha emplazado ya a Judith Piquet y a la FMM a una reunión el próximo lunes 27 de abril. Mientras espera ese encuentro, la alcaldesa de Alcalá sigue en primera línea: de los servicios sociales desbordados de su ciudad a la coordinación regional de la FMM. Su movilización no es personal; es la expresión de una respuesta general del Partido Popular en defensa de la sostenibilidad de los servicios públicos municipales. El Gobierno de Sánchez tiene ahora la palabra… y el reloj de los ayuntamientos no para.
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