-
El dictamen sale adelante con PP y Vox; PSOE y Más Madrid lo rechazan y cuestionan el enfoque y la finalidad política de la comisión.
- Fotos de Ricardo Espinosa Ibeas para ALCALÁ HOY
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes el dictamen de la Comisión Especial de Investigación sobre posibles irregularidades en gastos municipales durante el anterior mandato socialista, en una sesión marcada por el enfrentamiento político entre el equipo de Gobierno (PP y Vox) y los grupos de la oposición (PSOE y Más Madrid). La aprobación del documento, con los votos favorables del Ejecutivo local y el rechazo de la oposición, cierra formalmente los trabajos de la comisión, pero deja abiertas profundas discrepancias sobre la interpretación de los hechos y sus consecuencias políticas.
El debate, centrado en la existencia de vínculos familiares entre concejalas del anterior Gobierno y empresas que facturaron al Ayuntamiento, evidenció dos lecturas claramente diferenciadas sobre el alcance de esos hechos. Mientras el equipo de Gobierno sostiene que la comisión ha acreditado situaciones que deben derivar en responsabilidades políticas, la oposición rechaza que de esos mismos elementos puedan inferirse irregularidades o ilícitos.
La sesión se desarrolló con un tono especialmente intenso en algunos momentos, reflejo de la carga política del asunto y de su impacto en el debate municipal de los últimos meses.
El dictamen: hechos acreditados y alcance político
La primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, presentó las conclusiones de la comisión defendiendo que el órgano ha trabajado durante meses con expedientes administrativos, comparecencias, informes técnicos y documentación económica, lo que permite afirmar la existencia de “hechos objetivos” acreditados .
Entre esos hechos, detalló la existencia de vínculos familiares directos entre dos concejalas del anterior Gobierno socialista y empresas que facturaron al Ayuntamiento. En concreto, se han documentado once facturas a una empresa vinculada a la madre de una de las edilas, por un importe total de algo más de 5.200 euros entre 2019 y 2022, así como adjudicaciones por valor de más de 33.000 euros a una empresa relacionada con el marido de otra concejala .
El dictamen también recoge que ambas concejalas formaban parte de órganos colegiados municipales que aprobaron decisiones vinculadas a esos gastos, un elemento que el equipo de Gobierno considera relevante desde el punto de vista de la ética pública y la ejemplaridad institucional.
Ruiz Maldonado insistió en que la comisión no es un órgano judicial ni sustituye a los tribunales, pero sí tiene la función de analizar hechos, ordenar la información disponible y señalar posibles responsabilidades políticas cuando se detectan prácticas que pueden generar dudas en la gestión pública. En esa línea, el dictamen plantea que existe base suficiente para valorar la incoación de procedimientos de responsabilidad administrativa .
Durante su intervención, la edil enmarcó las conclusiones en un debate más amplio sobre la integridad en la administración, subrayando que la imparcialidad no solo debe garantizarse en la adjudicación de contratos, sino en todo el ciclo de decisión pública que implica el uso de fondos municipales.
PSOE y Más Madrid rechazan el dictamen y cuestionan su enfoque
Los grupos de la oposición defendieron sus votos particulares, finalmente rechazados tras la votación, coincidiendo en rechazar el dictamen aunque desde planteamientos distintos.
En el caso del PSOE, principal afectado por las conclusiones, la intervención corrió a cargo de la concejala socialista Diana Díaz del Pozo, que defendió la posición de su grupo centrando su argumentación en la inexistencia de irregularidades y en la legalidad de los procedimientos analizados.
Díaz del Pozo sostuvo que todas las facturas correspondían a servicios efectivamente realizados y tramitados conforme a los procedimientos habituales del Ayuntamiento, con fiscalización de los servicios técnicos y sin objeciones en su momento .
La edil subrayó que no se ha acreditado intervención ni influencia de las concejalas en los procesos de contratación, recordando que los expedientes se aprobaron en órganos colegiados y que, según las comparecencias de técnicos municipales, no existieron instrucciones políticas para contratar con empresas concretas.
Otro de los argumentos centrales del PSOE fue el peso relativo de los importes analizados dentro del volumen global de contratación municipal, defendiendo que se trata de cantidades muy reducidas y que no permiten sostener la existencia de un sistema irregular o de un enriquecimiento indebido.
Asimismo, el grupo socialista recordó que las informaciones reservadas previas a la creación de la comisión no detectaron irregularidades en los procedimientos, lo que, a su juicio, cuestiona la necesidad y el enfoque del propio órgano de investigación.
En el plano político, Díaz del Pozo fue más allá y puso el foco en el origen de la comisión, señalando que su creación se produjo meses después de las conclusiones de esas informaciones reservadas y en un contexto temporal que coincidió con la investigación judicial abierta a la alcaldesa por un presunto delito relacionado con la custodia de documentación pública, una circunstancia que el PSOE interpreta como relevante en la motivación política de la iniciativa .
En este contexto, y pese a su condición de principal implicado en el dictamen, el PSOE de Alcalá, actualmente dirigido por una gestora, no ha difundido ninguna nota de prensa tras la aprobación del documento, limitando su posicionamiento público a la intervención realizada en el Pleno.
Por su parte, Más Madrid coincidió en rechazar el dictamen, aunque centró su argumentación en el plano jurídico e institucional. Su portavoz, Rosa Romero, reconoció expresamente la existencia de los hechos recogidos en los expedientes, vínculos familiares y facturación, pero cuestionó el salto que realiza el dictamen hacia la atribución de responsabilidades.
La formación defendió que no se ha acreditado un conflicto de intereses efectivo ni una intervención determinante en los procesos de contratación, y advirtió de que el dictamen mezcla planos administrativos, políticos y penales sin las garantías exigibles en cada uno de ellos.
Aprobación del dictamen y cierre formal de la comisión
En el turno de cierre del debate, Ruiz Maldonado reiteró que los hechos analizados se produjeron durante el mandato del exalcalde Javier Rodríguez Palacios, al que señaló como máximo responsable político por su condición de alcalde en ese periodo .
La edil insistió en que el debate no puede reducirse a una cuestión técnica o jurídica, sino que debe abordarse desde la responsabilidad política, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan al uso de recursos públicos y a la confianza en las instituciones.
El dictamen fue finalmente aprobado con los votos a favor de Partido Popular y Vox y el rechazo de PSOE y Más Madrid, lo que supuso también la desestimación de los votos particulares presentados por ambos grupos .
Con esta votación, el Pleno da por concluidos los trabajos de la Comisión Especial de Investigación, que se ha prolongado durante meses y ha contado con numerosas comparecencias y análisis de documentación municipal.
Un debate que trasciende el dictamen
La aprobación del dictamen no cierra el debate político en torno a este asunto, sino que previsiblemente lo proyecta hacia los próximos meses. Las diferencias entre los grupos no se limitan a la valoración de los hechos, sino que afectan al papel que debe desempeñar una comisión de investigación en el ámbito municipal.
Para el equipo de Gobierno, estas comisiones son herramientas legítimas para el control político y la rendición de cuentas, incluso cuando no existe un procedimiento judicial abierto. Para la oposición, en cambio, su función debe limitarse a ordenar hechos y no a formular valoraciones que puedan invadir el ámbito jurídico.
En ese contexto, el recorrido futuro del caso dependerá de los pasos que se adopten a partir de ahora. Entre ellos, la posible apertura de procedimientos administrativos derivados del propio dictamen o la eventual judicialización del asunto si alguna de las partes decide trasladarlo a los tribunales.
Mientras tanto, el debate ya ha dejado una huella política evidente en el Ayuntamiento de Alcalá, reactivando el enfrentamiento entre bloques y situando de nuevo en el centro de la agenda cuestiones relacionadas con la ética pública, la transparencia y los límites del control político en la administración local.
