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El Gobierno salva las principales medidas de vivienda, pero pierde la renovación automática de alquileres por el rechazo de PP, Vox, Junts y PNV.
La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves 12 de noviembre, por 35 votos a favor y 34 en contra, el real decreto-ley que concentra el grueso de las medidas urgentes de vivienda del Gobierno. El texto mantiene la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, la prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan antes de 2029, los topes a la actualización de rentas hasta finales de 2027 y los préstamos del ICO de hasta 50.000 euros para la entrada de la primera vivienda. En la misma sesión ha sido derogado el segundo decreto, el que establecía la renovación automática e indefinida de los contratos de arrendamiento, al sumarse el PNV al bloque de PP, Vox y Junts. La votación llega un día después de la huelga general por la vivienda y a 17 días de las elecciones del 29 de noviembre.
El resultado responde a la aritmética de la Diputación Permanente, el órgano de 69 miembros que asume las competencias del Pleno cuando las Cortes están disueltas. El bloque de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el representante de Podemos en el Grupo Mixto suma 35 escaños frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Esa diferencia de un voto ha permitido salvar el decreto principal, mientras que la oposición del PNV al texto de la prórroga automática ha invertido el resultado en el segundo. La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, había anunciado que mantendría la misma posición que en el Pleno del 2 de octubre: apoyo al paquete general y rechazo a la renovación forzosa indefinida. El cumplimiento de esa línea ha sido decisivo.
El decreto convalidado, conocido como “decreto Maricarmen” en alusión a la pensionista desahuciada cuyo caso dinamitó el debate en Madrid, ya se encontraba en vigor desde su publicación en el BOE a principios de octubre. Su convalidación evita que decaiga y consolida un conjunto de intervenciones que el Gobierno presenta como respuesta a la crisis de acceso y a la presión especulativa. Entre las medidas que se mantienen figura la suspensión de determinados procedimientos de desahucio cuando el afectado sea persona vulnerable, carezca de alternativa habitacional y la Administración no le haya ofrecido una solución adecuada, con límite en el 31 de diciembre de 2030. También se regula una prórroga de los contratos de residencia habitual que finalicen antes de finales de 2028 o 2029, por periodos anuales y con un máximo de dos años, siempre que el inquilino la solicite y se encuentre al corriente de pago. Los topes a las actualizaciones anuales de renta se prolongan hasta finales de 2027, con porcentajes del 0 % o del 2 % según el caso y el índice de referencia.
Además, el texto incorpora el mecanismo “Tu Casa”, gestionado por el ICO y dotado con 10.000 millones de euros, que contempla préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros o el 20 % del valor de la vivienda para facilitar la entrada en la compra de primera residencia. Incluye limitaciones a las adquisiciones por parte de grandes tenedores y fondos considerados especulativos hasta 2030, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, beneficios fiscales para pequeños propietarios que reduzcan rentas o mantengan inquilinos, y una deducción del 10 % en el IRPF para determinados inquilinos. Otras disposiciones contemplan la reducción del IVA al 4 % para vivienda protegida, un fondo de impacto social de 400 millones y medidas sobre pisos turísticos y viviendas vacías.
El segundo decreto no ha prosperado. Su contenido central era la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler de vivienda habitual, con la obligación de indemnizar al inquilino en determinados supuestos. El Gobierno y Sumar lo defendían como herramienta de estabilidad para los arrendatarios; el PNV y la oposición lo rechazaron por considerarlo una alteración excesiva del equilibrio contractual y de la seguridad jurídica de los propietarios. Al no alcanzarse la mayoría necesaria, el texto queda derogado y no llegará a aplicarse, ya que su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre.
El debate ha tenido un marcado tono preelectoral. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendieron las normas como un avance en la protección de los inquilinos y en la lucha contra la especulación, al tiempo que reprocharon a la oposición la falta de alternativas. Desde el PP y Vox se ha calificado la operación de fraude parlamentario, al reintroducir textos previamente rechazados por el Pleno aprovechando la distinta proporcionalidad de la Diputación Permanente. El PP ha reiterado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de derogar las medidas si accede al Gobierno tras el 29-N. Junts ha hablado de “estafa política”. Desde ERC y Podemos se ha intensificado el mensaje contra la derecha, mientras que el PNV ha insistido en combinar regulación con oferta de vivienda.
La secuencia comenzó el 2 de octubre, cuando el Pleno rechazó las versiones anteriores con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. El resultado precipitó la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Al día siguiente de la disolución, el Consejo de Ministros volvió a aprobar las medidas con ajustes técnicos que permitieran su tramitación ante la Diputación Permanente. El órgano, regulado en el artículo 78 de la Constitución, garantiza la continuidad de determinadas funciones parlamentarias, entre ellas la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, durante el periodo en que las cámaras están disueltas. Su composición, más reducida, altera ligeramente las mayorías respecto al Pleno y ha permitido al bloque gubernamental y a sus socios superar el obstáculo de Junts.
Para los ciudadanos de Alcalá de Henares y de la Comunidad de Madrid, donde la presión del mercado de alquiler y los procesos de desahucio han sido especialmente visibles, las medidas convalidadas tendrán efectos prácticos inmediatos en la medida en que ya están en vigor. La prórroga de contratos y los topes de renta pueden ofrecer cierta estabilidad a familias que enfrentan renovaciones en los próximos meses, mientras que la protección frente a desahucios de vulnerables amplía el escudo temporal existente. Sin embargo, la caída de la renovación automática deja fuera la medida más ambiciosa de estabilidad contractual. El resultado también condiciona el debate de campaña: el Gobierno podrá presentar la convalidación como un logro parcial conseguido pese a la oposición, mientras que PP y Vox podrán argumentar que se trata de una norma de vida limitada que derogarían si gobiernan, y que no aborda el problema de fondo de la escasez de oferta.
La votación cierra un episodio de confrontación parlamentaria que comenzó con el rechazo de octubre y que ha marcado el adelanto electoral. Quedan por delante dos semanas de campaña en las que la vivienda seguirá siendo uno de los ejes centrales. El decreto principal permanece vigente y convalidado; el de la prórroga automática ha quedado en el camino. El margen de un solo voto en la Diputación Permanente ha decidido, de momento, qué parte del paquete sobrevive hasta el 29 de noviembre y más allá, a la espera de lo que decidan las urnas y el nuevo Parlamento que se constituya.
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