- Adolfo Carballo apela a proteger la dignidad del adversario y a disentir sin odio, con la Justicia como árbitro de los límites.
- Adolfo Carballo se define como ciudadano del mundo. Activista de derechos humanos. Cuestiono lo evidente, exploro los mundos que llevo dentro y busco que cada pensamiento y acción tengan sentido propio. Como decía Voltaire: “El sentido común es el menos común de los sentidos”.
No pedimos una condena; pedimos que se investigue y que la Justicia se pronuncie.
Hay una frontera que no deberíamos cruzar nunca en una sociedad democrática: aquella que convierte a quien piensa diferente en alguien que deja de merecer nuestro respeto. Podemos discrepar. Podemos discutir. Podemos enfrentarnos políticamente. Podemos considerar equivocadas las ideas del otro y combatirlas con toda la firmeza que consideremos necesaria. Pero hay algo que debería permanecer siempre fuera de ese enfrentamiento: la dignidad de la persona que tenemos delante.
Estos días hemos vuelto a encontrarnos con palabras que deberían hacernos reflexionar. Vito Quiles publicó en la red social X un mensaje en el que afirmaba: «Contra los zurdos de mierda no puede haber piedad. Hay que aniquilarles». A raíz de estas expresiones, FACUA ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Sevilla por un presunto delito de odio ideológico.
Pero no ha sido la única iniciativa. Acción Contra el Odio (ACO) también ha presentado una denuncia ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, al considerar que el mensaje podría constituir una incitación pública y directa a la violencia contra las personas de izquierdas por motivos ideológicos. Según ACO, el mensaje original habría superado las 866.000 visualizaciones y las 20.000 interacciones durante las primeras horas, en una cuenta que acumula cientos de miles de seguidores.
No corresponde a quien escribe estas líneas determinar si existe delito. Corresponde a la Justicia investigarlo, valorar el contexto y, si procede, pronunciarse. Y creo que debe hacerlo. No para silenciar una opinión política, sino precisamente para determinar dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza una posible incitación al odio o a la violencia.
Porque cuando dos organizaciones de la sociedad civil han puesto unos mismos hechos en conocimiento de las autoridades, lo razonable no es que nosotros dictemos sentencia en las redes sociales. Lo razonable es que se investigue, que se escuche a todas las partes y que la Justicia determine si esas palabras están amparadas por la libertad de expresión o si, por el contrario, han traspasado los límites que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y cualquiera que sea el resultado, deberíamos aceptarlo.
Esa es precisamente la diferencia entre una sociedad democrática y una sociedad sometida al ruido de las trincheras. Pero sí podemos preguntarnos algo como ciudadanos: ¿En qué momento hemos empezado a considerar normal hablar así de quienes piensan diferente? Porque el problema no empieza necesariamente con la palabra «aniquilar». Empieza mucho antes.
Empieza cuando aceptamos la burla como argumento. Cuando sustituimos la crítica por el insulto. Cuando convertimos al adversario político en alguien despreciable. Cuando dejamos de discutir ideas para atacar personas. Cuando utilizamos etiquetas para reducir a millones de ciudadanos a un estereotipo. Y empieza, sobre todo, cuando dejamos de reaccionar ante esas palabras.
La libertad de expresión es uno de los pilares de una sociedad democrática. Precisamente por eso debemos protegerla. Pero libertad de expresión tampoco significa que cualquier conducta quede automáticamente al margen de las consecuencias que establezca la ley. El artículo 510 del Código Penal contempla la incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos, entre otros motivos, por razón de su ideología.
La Fiscalía, además, señala que estos delitos deben analizarse atendiendo a la capacidad o idoneidad del mensaje para generar un clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia. No todo insulto, opinión desagradable o expresión ofensiva constituye por sí mismo un delito de odio. Por eso existen los tribunales: para investigar, para valorar los hechos, para escuchar a las partes y para determinar dónde está la frontera que establece la ley. Y también para evitar que cada uno de nosotros se convierta en juez de aquello que simplemente le resulta ofensivo.
Hay algo que como ciudadanos deberíamos conocer mejor. Cualquier persona puede poner en conocimiento de las autoridades unos hechos que considere que pudieran ser constitutivos de delito. Denunciar no significa condenar a nadie. Significa pedir que unos hechos sean examinados. Después será la Justicia quien determine si existe o no responsabilidad. Esta diferencia es fundamental.
Y también deberíamos entender que presentar una denuncia no debería convertirse en motivo de celebración porque alguien pueda ser castigado. Debería preocuparnos que hayamos llegado a un punto en el que determinadas palabras tengan que acabar ante una Fiscalía o un tribunal para que recordemos algo tan elemental como que quien piensa diferente sigue siendo una persona.
La respuesta democrática al odio tampoco puede consistir en responder con otro odio de signo contrario. No necesitamos insultar a quien insulta. No necesitamos deshumanizar a quien deshumaniza. Necesitamos instituciones que funcionen, ciudadanos conscientes y una sociedad capaz de decir: Hasta aquí.
Me preocupa que nos estemos acostumbrando demasiado deprisa a una política basada en la provocación permanente. Nos reímos del que piensa diferente. Lo ridiculizamos. Lo señalamos. Lo insultamos. Le atribuimos las peores intenciones. Y poco a poco dejamos de verlo como una persona.
Ese proceso tiene un nombre que deberíamos tomarnos muy en serio: deshumanización. Y la deshumanización es peligrosa porque hace mucho más fácil justificar aquello que antes nos habría parecido injustificable. Cuando el otro deja de ser una persona, deja de ser alguien con quien convivimos y pasa a convertirse en alguien contra quien combatimos.
Ya no queremos convencerle. Queremos derrotarle. Ya no queremos escucharle. Queremos silenciarle. Ya no queremos convivir con él. Queremos que desaparezca. Ese camino no puede convertirse en nuestra normalidad.
Conviene decirlo claramente. Esto no va de defender a la izquierda frente a la derecha. Ni a la derecha frente a la izquierda. Tampoco consiste en establecer quién insulta más o quién comenzó primero. Si mañana alguien utilizara exactamente el mismo lenguaje para pedir la eliminación de personas de derechas, mi posición tendría que ser exactamente la misma.
Porque los derechos y la dignidad de las personas no pueden depender de que compartamos sus ideas. Si defendemos el respeto solamente cuando nos beneficia, no estamos defendiendo el respeto. Estamos defendiendo nuestros propios intereses. Y una sociedad democrática necesita algo más: necesita leyes, necesita instituciones, necesita límites. Pero también necesita algo que ninguna ley puede imponer completamente: responsabilidad individual.
Por eso habría que exigir una responsabilidad especial a quienes tienen miles o millones de personas escuchándoles: a políticos, a periodistas, a comunicadores, a creadores de contenido, a cualquiera que tenga una plataforma desde la que pueda influir diariamente sobre miles de ciudadanos.
Las palabras importan. Mucho. Una palabra puede informar. Otra puede convencer. Otra puede herir. Y algunas pueden convertirse en combustible para un enfrentamiento que después resulta muy difícil controlar. Por eso quienes tienen una voz pública deberían preguntarse antes de publicar: ¿Estoy defendiendo una idea o estoy deshumanizando a una persona?
No podemos pedir serenidad a la ciudadanía mientras desde determinados espacios se alimenta permanentemente la confrontación. Y tampoco podemos exigir responsabilidad únicamente al que piensa diferente. La responsabilidad debe ser la misma para todos.
No tenemos que estar de acuerdo. Ni siquiera tenemos que llevarnos bien. Podemos ser adversarios políticos. Podemos votar diferente. Podemos defender modelos completamente opuestos sobre cómo debe organizarse nuestra ciudad, nuestra comunidad o nuestro país.
Pero seguimos compartiendo calles, barrios, espacios públicos, una ciudad, una sociedad, una vida. Y quizá deberíamos recordar algo muy sencillo: el adversario político no es nuestro enemigo. Detrás de esa opinión hay una persona, una persona con una historia, una familia, sus propios miedos y sus propias esperanzas, y el mismo derecho que nosotros a vivir con dignidad.
No podemos permitir que las burlas, los insultos, la descalificación y el odio terminen convirtiéndose en la forma habitual de relacionarnos. Porque cuando todo vale contra el que piensa diferente, al final nadie está a salvo de convertirse en el siguiente enemigo.
Por eso debemos denunciar cuando sea necesario. Exigir responsabilidad a quienes tienen capacidad de influir. Pedir a nuestras instituciones que actúen cuando corresponda. Y, sobre todo, recuperar algo que quizá estemos perdiendo: la capacidad de discrepar sin odiar.
Porque una democracia fuerte no es aquella en la que todos pensamos igual. Es aquella en la que podemos pensar diferente sin dejar de reconocernos como seres humanos. Y esa debería ser una frontera que ninguno de nosotros estuviera dispuesto a cruzar.
No se trata de callar al que piensa diferente. Se trata de que podamos seguir mirándonos a los ojos después de discrepar. Porque antes que nuestras ideas, antes que nuestras etiquetas y antes que nuestras trincheras políticas, seguimos siendo personas. Y quizá hoy más que nunca tengamos que recordarlo.
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