- El rector denuncia una caída presupuestaria del 8 % y acusa a Ayuso de poner en peligro la universidad pública madrileña.
La noticia saltó en Público, pero el eco se extiende ya por toda la comunidad universitaria madrileña: las seis universidades públicas están en números rojos, y la Universidad de Alcalá de Henares no es una excepción. La política económica del gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha llevado a las instituciones académicas a una situación de asfixia que amenaza la estabilidad del sistema y, en el caso alcalaíno, la supervivencia misma de una de las universidades más emblemáticas del país.
Que nadie se lleve a engaño: no se trata de un problema puntual, sino de una estrategia sostenida en el tiempo que ha ido reduciendo la capacidad de las universidades públicas para financiarse, modernizarse y atraer talento. A golpe de presupuestos ajustados y promesas vacías, Ayuso ha conseguido que las universidades madrileñas dependan cada vez más del voluntarismo de su personal y de la búsqueda desesperada de fondos externos.
Números rojos en el corazón del saber
En el artículo de Público del 28 de octubre, los rectores advertían que el dinero ya no alcanza ni para pagar nóminas y que, en algunos centros, se baraja incluso recortar la paga extra de diciembre. La Universidad Complutense ha tenido que pedir un préstamo millonario; la Rey Juan Carlos es, según datos oficiales, la peor financiada de España por alumno; y todas comparten un mismo diagnóstico: el abandono institucional.
En Alcalá de Henares, el rector José Vicente Saz lleva meses levantando la voz. “Estamos al borde de la supervivencia”, declaró en mayo a este mismo medio. El presupuesto de la UAH para 2025 asciende a 211 millones de euros, un 8 % menos que el año anterior, y más del 60 % se destina exclusivamente al pago de nóminas. El margen para invertir en investigación, innovación o mantenimiento es cada vez menor. La partida para personal crece un 5,2 %, sí, pero el resto del presupuesto se contrae. Se parchea donde ya no hay tela.
La consecuencia inmediata es el deterioro progresivo de la calidad académica: plazas sin cubrir, programas que se ralentizan, sustituciones imposibles, laboratorios con material obsoleto y una plantilla que hace equilibrios para mantener la docencia. No hay magia contable capaz de convertir la precariedad en excelencia.
Prioridades políticas y abandono estructural
La presidenta Ayuso presume de gestión “eficiente” y de que su gobierno “ha aumentado un 4 %” la inversión global en universidades para 2025. Pero el cálculo real cuenta otra historia: Madrid destina apenas un 0,4 % de su PIB a la educación superior pública, por debajo de la media nacional. El modelo de financiación, además, sigue sin reformarse, pese a las promesas de un acuerdo plurianual que duerme en algún cajón de la Consejería de Educación.
Ayuso rechazó incluso participar en la comisión que debía estudiar cómo alcanzar el 1 % del PIB en 2030. Esa negativa es un gesto político cargado de significado: Madrid no quiere comprometerse con un plan de refuerzo de la universidad pública, aunque los campus agonizan.
En Alcalá la sensación es de abandono. Mientras el Gobierno regional presume de atraer sedes privadas y escuelas de negocio, la Universidad de Alcalá, Patrimonio de la Humanidad, referente en investigación biomédica, lingüística o medioambiental, malvive entre presupuestos congelados y facturas que suben con la inflación. El coste energético, la actualización tecnológica o la conservación del patrimonio histórico absorben recursos que no se reponen.
Y lo que en la Complutense o la Autónoma es un problema de volumen, en la UAH se convierte en un drama existencial: la universidad que da identidad a la ciudad se enfrenta al riesgo de perder competitividad y de quedar relegada frente a campus privados, mejor financiados.
El futuro en juego: movilización y dignidad
Ante este panorama, la comunidad universitaria prepara movilizaciones para finales de noviembre y principios de diciembre. Profesores, personal y estudiantes exigen financiación digna y respeto a la autonomía académica. No piden privilegios: piden que se cumpla lo que dicta la Ley Orgánica del Sistema Universitario y que la educación superior pública no se convierta en un lujo.
La situación en la UAH es paradigmática. Los gastos corrientes, luz, agua, calefacción, mantenimiento de edificios históricos, se comen buena parte de los recursos. Y mientras tanto, la investigación se financia con proyectos cada vez más competitivos y precarios. Jóvenes investigadores encadenan contratos temporales, y cada vez es más difícil atraer talento o retenerlo.
El rector Saz lo resumía así: “Una universidad es una gran empresa que necesita condiciones óptimas para funcionar”. Pero cuando la presidenta regional trata las universidades públicas como si fueran un gasto superfluo, está dinamitando el propio tejido productivo e intelectual de Madrid. Porque sin universidades no hay innovación, ni transferencia, ni progreso.
La falta de transparencia agrava la sensación de desamparo. Ni el Gobierno regional ni las propias universidades ofrecen datos claros sobre el reparto real de fondos, el coste por alumno o la evolución de la financiación. En esa niebla, prospera el discurso de la “eficiencia” y se oculta la realidad de un sistema que sobrevive a base de voluntarismo.
Mientras tanto, el sector privado crece como la espuma: nuevas universidades, campus de negocios y acuerdos público-privados que chupan recursos del erario. En ese ecosistema, la UAH, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de España, se ve obligada a competir en desigualdad de condiciones.
La asfixia no es una metáfora. Es un proceso lento y deliberado que convierte la educación en un producto y al conocimiento en una mercancía. Si nada cambia, la Universidad de Alcalá, como las demás públicas madrileñas, acabará pagando el precio de una política que confunde austeridad con abandono y rentabilidad con futuro.
Alcalá, ciudad universitaria por excelencia, no puede permitirse esa pérdida. Lo que está en juego no son solo los presupuestos, sino el alma misma de una institución que durante siglos ha formado a generaciones de médicos, ingenieras, lingüistas, maestras y científicos. Si Ayuso persiste en su estrategia de estrangulamiento financiero, la historia recordará su mandato como el periodo en que Madrid decidió recortar en conocimiento.
La presidenta aún está a tiempo de rectificar: de escuchar a rectores, sindicatos y estudiantes, de comprometer recursos reales y no titulares de propaganda. Pero el reloj corre, y cada mes que pasa la universidad pública madrileña respira un poco menos.
Porque la educación superior no se defiende con discursos: se financia, se cuida y se respeta. Y ahora mismo, en Alcalá de Henares, esa palabra, respeto, brilla por su ausencia.
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