VOX Y LA JUBILACIÓN EN MANOS DE LA BOLSA | Por Manuel Peinado

• La tribuna alerta de que convertir el ahorro bursátil en pilar de la vejez puede trasladar pérdidas a quienes menos pueden esperar.

En Nomadland, la película dirigida por Chloé Zhao que ganó el Óscar en 2021, Frances McDormand interpreta a Fern, una mujer de sesenta y tantos años que vive en una furgoneta y recorre Estados Unidos encadenando empleos temporales. Trabaja empaquetando mercancías en los almacenes de Amazon, limpia aseos en campamentos y acepta cualquier ocupación que le permita seguir adelante. No es una aventurera que haya decidido abandonar las comodidades de la vida moderna. Es una mujer que, después de trabajar durante décadas, no tiene dinero suficiente para disfrutar de una jubilación digna.

La película está inspirada en País nómada, un extraordinario libro de la periodista Jessica Bruder, que pasó varios años conviviendo con estadounidenses, muchos de ellos mayores, obligados a transformar sus vehículos en viviendas y buscarse la vida en un mercado laboral poco considerado con las canas. Entre sus protagonistas hay personas que perdieron sus casas durante la crisis inmobiliaria, trabajadores cuyos ahorros se evaporaron, enfermos arruinados por las facturas médicas y jubilados cuya pensión apenas alcanza para sobrevivir. Son los náufragos de una prosperidad que les prometió una vejez tranquila y terminó dejándolos aparcados en un descampado.

Bruder recuerda que las pensiones públicas estadounidenses nacieron para evitar situaciones semejantes. Durante la Gran Depresión de los años treinta, millones de trabajadores quedaron desempleados y los mayores encontraron prácticamente imposible regresar al mercado laboral. Franklin D. Roosevelt comprendió que había que hacer algo. En 1935 impulsó la Ley de Seguridad Social, que estableció un sistema contributivo de pensiones de vejez financiado mediante cotizaciones de trabajadores y empleadores. Había nacido uno de los pilares fundamentales del Estado social estadounidense.

Durante décadas, los economistas describieron la jubilación estadounidense mediante la metáfora de un taburete de tres patas: la Seguridad Social pública, las pensiones proporcionadas por las empresas y los ahorros personales. Si las tres funcionaban razonablemente bien, el jubilado podía sentarse sin miedo a terminar en el suelo. Pero los taburetes también se rompen.

Desde los años ochenta, numerosas empresas comenzaron a sustituir sus pensiones de prestación definida por planes de aportación definida, entre ellos los famosos 401(k), llamados así por el apartado de la legislación fiscal que los regula. La diferencia parece técnica, pero es trascendental. Antes, la empresa se comprometía a pagar una pensión determinada al trabajador jubilado. Con el nuevo sistema, trabajador y empresa ingresan cantidades en una cuenta individual que se invierten en los mercados financieros.

El cambio se presentó como una conquista de la libertad individual. Cada trabajador podría decidir cómo invertir su dinero y beneficiarse de la prosperidad bursátil. Las empresas, mientras tanto, se liberaban de buena parte de sus obligaciones de garantizar pensiones vitalicias. Lo que para unas suponía una reducción de responsabilidades, para otros se convirtió en una transferencia de riesgos.

Entonces llegó la hecatombe de 2008. La crisis de las hipotecas basura estadounidenses desencadenó un terremoto financiero que arrastró bancos, aseguradoras, fondos de inversión y bolsas de medio mundo. Los planes 401(k) no estaban necesariamente invertidos en aquellas hipotecas tóxicas, pero buena parte de su patrimonio dependía de unos mercados que se desplomaron.

Según el Employee Benefit Research Institute, el saldo medio de los planes 401(k) de los participantes analizados cayó un 34,8% durante 2008. Un trabajador que hubiera acumulado 300 000 dólares podía encontrarse, al terminar el año, con unos 195 600. Había perdido más de cien mil dólares sin haber hecho nada distinto de ahorrar para su jubilación.

El desastre fue especialmente cruel con quienes estaban a punto de retirarse. Un trabajador de cuarenta años todavía disponía de tiempo para esperar la recuperación de los mercados. Uno de sesenta y cinco, quizá no. Si además había perdido su empleo, podía verse obligado a vender sus inversiones depreciadas para pagar las facturas. Cuando la Bolsa se recuperó, muchos ya no tenían dinero invertido suficiente para beneficiarse de la subida.

No todos los titulares de los 401(k) quedaron arruinados. Muchos trabajadores que conservaron sus empleos y siguieron cotizando recuperaron sus pérdidas. Pero esa recuperación demuestra, precisamente, que el sistema favorece a quienes pueden permitirse esperar y castiga a quienes necesitan sus ahorros durante una crisis.

Y aquí es donde esta historia estadounidense comienza a tener interés para los españoles.

Hace unos días, José María Figaredo, diputado y portavoz económico de Vox, declaró que el sistema español de pensiones es «un zombi» y que está «quebrado». Su partido propone reformarlo mediante un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, semejante, según sus palabras, al de algunos países europeos. No ha propuesto expresamente copiar el 401(k) estadounidense, pero la experiencia norteamericana constituye una advertencia que merece examinarse.

La diferencia entre ambos sistemas es sencilla. En el de reparto, las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados actuales. Existe un compromiso colectivo entre generaciones. En el de capitalización, el dinero se acumula en cuentas individuales y se invierte para financiar la futura jubilación de sus titulares. Ambos sistemas pueden combinarse, pero no distribuyen de la misma manera los riesgos.

Supongamos que un trabajador español cotiza durante cuarenta años y destina parte de sus aportaciones a un fondo de inversión. Si las bolsas suben, sus ahorros aumentan. Si se desploman cuando está a punto de jubilarse, disminuyen. La pregunta no es si las inversiones pueden resultar rentables a largo plazo, porque naturalmente pueden serlo. La pregunta es quién responde cuando dejan de serlo.

Hay otra cuestión que rara vez aparece en las propuestas formuladas con grandes palabras y escasos números. Si parte de las cotizaciones que hoy sirven para pagar las pensiones se desvía hacia cuentas individuales, ¿de dónde saldrá el dinero para seguir pagando a los jubilados actuales? Las pensiones no pueden suspenderse durante treinta años mientras los trabajadores jóvenes acumulan capital. Esa transición tiene un coste que alguien deberá financiar.

Tampoco conviene confundir los problemas reales de nuestro sistema con su supuesta quiebra. España envejece, la generación del baby boom se jubila y la relación entre cotizantes y pensionistas plantea dificultades que requieren reformas. Negarlo sería irresponsable. Pero afirmar que un sistema público de reparto está quebrado como si fuera una empresa insolvente simplifica una cuestión mucho más compleja. Su sostenibilidad depende de decisiones económicas, demográficas, laborales y fiscales.

La capitalización individual, además, reproduce las desigualdades de la vida laboral. Quien cobra mucho puede ahorrar mucho; quien encadena empleos precarios, desempleo y salarios bajos apenas consigue acumular patrimonio. Quien interrumpe su carrera para cuidar familiares también parte con desventaja. Si la pensión pública pierde peso y el ahorro individual gana protagonismo, esas diferencias se trasladan a la vejez.

Naturalmente, esto no significa que todo fondo de pensiones sea perjudicial ni que cualquier sistema mixto conduzca al desastre. Algunos modelos europeos incorporan garantías y mecanismos colectivos de protección muy distintos de los estadounidenses. Por eso, antes de proclamar las virtudes de una reforma, habría que explicar qué porcentaje de las cotizaciones se capitalizaría, quién administraría los fondos, qué comisiones cobraría, quién asumiría las pérdidas y qué pensión mínima quedaría garantizada.

Porque una cosa es ofrecer a los trabajadores la posibilidad de complementar su jubilación mediante inversiones y otra muy distinta obligarlos a depender de ellas para conservar su nivel de vida.

En Nomadland, los protagonistas no discuten sobre capitalización, reparto o sostenibilidad actuarial. Tienen preocupaciones más inmediatas: encontrar un empleo, reparar la furgoneta, pagar una factura médica o descubrir dónde dormirán la noche siguiente. Muchos habían trabajado toda su vida. Algunos habían tenido casas, profesiones estables y ahorros. No todos llegaron a aquella situación por las mismas causas, pero compartían una experiencia: la seguridad económica que creían haber construido había resultado mucho más frágil de lo que imaginaban.

La película termina sin ofrecer grandes soluciones. Sus personajes continúan desplazándose por carreteras interminables, buscando trabajos temporales y lugares donde aparcar. Es difícil contemplarlos sin preguntarse qué clase de prosperidad permite que una persona trabaje durante cuarenta años y tenga que seguir haciéndolo a los setenta para sobrevivir.

Quizá antes de importar determinadas fórmulas de jubilación convendría recordar que las pensiones públicas nacieron precisamente para evitar que la vejez dependiera exclusivamente de la fortuna, de los mercados o de la generosidad ajena.

Al fin y al cabo, una sociedad puede aceptar que sus ciudadanos arriesguen sus ahorros en la Bolsa. Lo que debería pensarse mucho más es si también quiere que se jueguen allí el derecho a envejecer.

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