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López Legarda reclama elecciones anticipadas y considera agotada la legislatura ante la ausencia de Presupuestos y la crisis política.
- Santiago López Legarda es un periodista alcalaíno que ha ejercido en diferentes medios nacionales.
En los años de máximo esplendor de la etapa de poder socialista, iniciada en octubre de 1982, Alfonso Guerra pronunció una de aquellas frases lapidarias que tanta fama le dieron: todo lo que queda a la izquierda del PSOE es competencia de la Guardia Civil. Quién nos iba a decir que cuatro décadas después también el PSOE, todo el PSOE, acabaría siendo competencia de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los jueces. Podríamos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, aunque quizá esa pregunta sea más adecuada para alguna tesis doctoral que escribirá en el futuro alguien que, de acuerdo con el estilo de Guerra, todavía está cursando la Educación Secundaria Obligatoria.
La pregunta relevante, aquí y ahora, es cómo salimos de esta. Y en un régimen democrático la respuesta es obvia: elecciones generales. El momento actual, aunque por razones y detalles distintos, se parece bastante a los agónicos años finales del mandato de Felipe González. Hubo un instante, en la legislatura del 93 al 96, en que Jordi Pujol, que por entonces cortaba el bacalao en Cataluña y en Madrid, dijo hasta aquí hemos llegado y anunció que no seguiría apoyando al Gobierno. Y González, en vista de que no podría continuar sin el apoyo del Grupo Catalán y no podría sacar adelante los presupuestos, disolvió el Parlamento y convocó unas elecciones que dieron lugar a la etapa de gobierno popular presidida por José María Aznar.
¿Cuántos ejercicios lleva Pedro Sánchez sin aprobar unos Presupuestos? Según creo ya son tres; y no existe la más mínima posibilidad de que se aprueben unas nuevas cuentas públicas antes de 2027. Se está incumpliendo el mandato constitucional de manera flagrante y en estas circunstancias hay que dejar en el desván los manuales de resistencia y convocar elecciones. A mi juicio, lo mejor para todos sería celebrarlas en los primeros días de octubre. Lo peor de lo peor sería aferrarse a la consigna de resistir y convocarlas junto con las elecciones locales y autonómicas previstas para mayo de 2027. Si se celebran en octubre, puede que el PSOE sufra una derrota catastrófica ( o a lo mejor no, ya veremos), pero si se celebran en mayo la catástrofe puede ser de proporciones bíblicas. Sus propios socios, sobre todo el PNV, ya le han advertido a Sánchez que no sería buena idea tirar por ese camino.
Pero la necesidad imperiosa de dar la palabra a los ciudadanos no surge solo de la precaria situación parlamentaria en que se encuentra el Gobierno, de su incapacidad manifiesta para aprobar unas cuentas públicas. Tenemos toda la larga serie de escándalos judiciales, de casos de corrupción, que están impactanto bajo la línea de flotación del barco socialista. Algunos de esos casos parecen reales y otros parecen más fruto del activismo de algunos jueces que de los datos reales puestos sobre la mesa. Por poner un ejemplo: ¿no había muchos más motivos para investigar a Ana Botella por vender las viviendas sociales de Madrid a los fondos buitre que para investigar a Begoña Gómez por haberse valido, presuntamente, de la influencia de su marido para dirigir una cátedra en la Universidad Complutense? Otro ejemplo: ¿de los cientos o miles de personas que han conseguido su empleo gracias a las influencias de sus familiares en puestos políticos al único que había que investigar y juzgar es al hermano de Pedro Sánchez?
De modo que los ciudadanos podemos tener la razonable sospecha de que nuestros socialistas están implicados en asuntos delictivos o turbios, incluida una posible financiación ilegal, que fue la causa que llevó a la condena judicial del Partido Popular y a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Pero también podemos tener la sospecha de que se ha concertado una santa alianza entre la derecha política y la derecha judicial españolas. Para sospechar esto último no hace falta tener una perspicacia notable, basta con recordar la resistencia numantina que opusieron el PP y los jueces conservadores a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Todos iremos a las urnas sopesando esas sospechas y sopesando también en qué corruptos o presuntos corruptos confiamos la administración de la cosa pública. Y no cabe esperar que de un Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo vayan a derivarse para España mejores cosas de las que ha ofrecido el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero para salir del atolladero actual no hay otra salida que las elecciones. La legislatura está agotada y Sánchez se equivocaría gravemente, a mi juicio, si se empeña en continuar hasta 2027 contra viento y marea.
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