- CCOO reclama vivienda protegida para 1.500 hogares y alquiler asequible para 1.000 familias de Alcalá, además de garantías para trabajadores de Roca.
El sindicato compara el proyecto de Alcalá con los desarrollos de Gavà y Viladecans, donde, asegura, se han pactado garantías laborales y protección pública para casi la mitad de las viviendas-
«Roca City Alcalá sí, pero no así». Con esa consigna, CCOO ha reclamado este viernes que el desarrollo de los antiguos terrenos de Roca en Alcalá incorpore compromisos concretos sobre el futuro de la fábrica y sobre el acceso a la vivienda. El sindicato sostiene que la propuesta conocida hasta ahora prioriza la construcción residencial y deja sin garantías suficientes dos cuestiones que considera esenciales para la ciudad: el mantenimiento de la actividad industrial y la creación de vivienda protegida y asequible.
La crítica se apoya en la comparación con los proyectos de Roca en Gavà y Viladecans, en Cataluña. Según CCOO, allí la transformación de suelos industriales vacantes se ha acompañado de acuerdos para mantener y ampliar el empleo, modernizar las instalaciones, impulsar la innovación y reservar una parte relevante de las nuevas viviendas a protección pública. El sindicato considera que Alcalá debería aspirar, como mínimo, a un compromiso semejante.
La rueda de prensa se ha celebrado pocos días antes de que la Comunidad de Madrid conceda un reconocimiento al proyecto Roca City Alcalá por la transformación de una antigua zona industrial en un ecobarrio. Vicente García Castillo, secretario general de CCOO Henares, ha dicho que la convocatoria no pretende ocultar esa coincidencia: el sindicato quiere cuestionar que se premie la operación sin que, a su juicio, se hayan hecho públicos compromisos equiparables en empleo, vivienda y sostenibilidad.
«Esto puede ser una gran noticia», ha planteado García, antes de advertir de que convertir las industrias en barrios residenciales no resuelve por sí solo el futuro de quienes trabajan en ellas. La pérdida de una actividad industrial, ha recordado, tiene consecuencias que van más allá de la fábrica: afecta a empleos, familias y a la economía de la ciudad.
En la comparecencia han participado también Alfredo Villafranca Villanueva, secretario general de la Federación de Industria de CCOO Madrid, y Esperanza Hernández Zaragoza, responsable de Políticas Sectoriales y Medio Ambiente del sindicato en la región. Los tres han dirigido sus reclamaciones a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Alcalá, a quienes piden que se sienten con la empresa y los representantes sociales para negociar un acuerdo.
Gavà y Viladecans, el espejo que plantea el sindicato
García ha presentado los proyectos catalanes como una referencia para Alcalá porque, según ha explicado, comparten con el complutense varios elementos: la empresa, el origen industrial de los terrenos y la intervención de sindicatos y administraciones públicas. Para CCOO, la diferencia decisiva está en el resultado de la negociación y en el papel que han desempeñado los gobiernos municipales y autonómico.
En Gavà y Viladecans, ha detallado, se prevén 2.731 viviendas. El 46% contará con algún tipo de protección pública y alrededor de un tercio del total se destinará al alquiler asequible. El acuerdo incluiría, además, el mantenimiento del empleo, una nueva unidad de investigación, desarrollo e innovación y el traslado de las oficinas centrales de Roca a un parque empresarial, con la consiguiente continuidad de los puestos de trabajo vinculados a esa sede.
El dirigente sindical ha descrito ese pacto como un acuerdo del que salen beneficiadas tanto la empresa como las administraciones y la ciudadanía. A su entender, la transformación urbana puede servir para ordenar el suelo y construir viviendas sin renunciar a la actividad productiva ni al empleo. «Si Roca puede compatibilizar regeneración urbana, industria e innovación en Cataluña, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá tienen la responsabilidad de explorar todas las posibilidades para conseguirlo también aquí», ha defendido Villafranca.
En Alcalá, las estimaciones que maneja CCOO sitúan el desarrollo entre 2.500 y 3.000 viviendas, aunque García cree que la cifra podría superar las 3.000. La exigencia sindical es que las administraciones no se limiten a los mínimos legales y negocien un porcentaje de vivienda protegida similar al del proyecto catalán. Si se aplicara una proporción cercana a la de Gavà y Viladecans, calcula el sindicato, unas 1.500 familias podrían acceder a vivienda con algún régimen de protección y alrededor de 1.000 hogares tendrían opción a alquiler asequible.
García ha relacionado esa demanda con las dificultades que afrontan los jóvenes para emanciparse, las familias vulnerables y los hogares monoparentales. El alquiler asequible, ha sostenido, permitiría que más vecinos pudieran desarrollar sus proyectos de vida en la ciudad sin quedar desplazados por el encarecimiento de la vivienda. También ha cuestionado qué perfiles de residentes podrán acceder a las viviendas anunciadas, en un contexto en el que, según ha señalado, se habla públicamente de precios de entre 500.000 y 600.000 euros.
El sindicato ha pedido a la alcaldesa, Judith Piquet, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que promuevan un acuerdo con garantías y estabilidad para la mayoría social alcalaína. García ha asegurado que todavía hay tiempo para negociar y que el resultado depende de decisiones políticas. Sin embargo, ha denunciado la falta de información pública sobre el desarrollo: afirma que ni siquiera los grupos municipales han conseguido conocer el proyecto pese a haberlo solicitado en varias ocasiones.
“No podemos renunciar al futuro industrial”
Villafranca ha subrayado que CCOO no se opone a Roca City ni a la construcción de viviendas. «No estamos en contra de que Alcalá gane viviendas, pero no podemos aceptar que para conseguirlo tenga que renunciar a su futuro industrial», ha afirmado. A su juicio, la regeneración de los terrenos debe ir acompañada de un plan industrial que aclare qué actividad tendrá la planta y qué ocurrirá con su plantilla a medio y largo plazo.
El responsable de Industria ha cifrado en alrededor de cien las familias que dependen directamente del empleo actual en la planta de Alcalá. Aunque existe un preacuerdo que mantiene la actividad hasta 2029, ha reclamado que las garantías no se detengan en esa fecha. «Necesitamos que se aclare, de una vez, el futuro industrial y de empleo de la planta y de la plantilla. No de aquí a 2029, sino también dentro de diez, quince o veinte años», ha resumido.
Como ejemplo de las diferencias entre ambos modelos, Villafranca ha contrapuesto las 231 páginas del proyecto catalán, que,según ha indicado, recogen medidas de modernización y desarrollo industrial, con la documentación de Madrid, que ha descrito como «una página y media» y una promesa de continuidad sin suficiente detalle. El acuerdo de Cataluña contemplaría, entre otras actuaciones, la modernización de las instalaciones, nuevas actividades productivas, una sede corporativa y un centro vinculado a la innovación, además de espacios de desarrollo y formación para los trabajadores.
El sindicalista ha emplazado a la Comunidad de Madrid a aplicar las herramientas que recoge el borrador de su Plan Industrial 2026-2030. Ha citado la creación de distritos industriales de innovación, la atracción de inversiones, las ayudas para modernizar infraestructuras y las medidas para mejorar la eficiencia energética y los servicios comunes. Alcalá aparece expresamente entre los municipios señalados para impulsar ese tipo de iniciativas, ha recordado.
«Lo tenemos aquí, a unos metros. En vez de atraer industria, vamos a intentar que no se vaya», ha reclamado. Para Villafranca, la operación de Roca debería ser una oportunidad para convertir las previsiones del plan regional en medidas concretas en el Corredor del Henares: inversión productiva, modernización y continuidad de la actividad económica.
También ha cuestionado la política industrial regional de los últimos años. Según sus datos, el plan anterior tuvo una ejecución reducida y programas como el de Mujer e Industria apenas recibieron financiación. Villafranca ha pedido que el nuevo plan se traduzca en presupuestos y actuaciones verificables, y ha señalado que Roca habría recibido en los últimos cinco años tres subvenciones: una estatal y dos de Cataluña, pero ninguna de la Comunidad de Madrid. «El compromiso con las empresas no se demuestra con palabras vacías, sino con inversión», ha defendido.
CCOO cuestiona la etiqueta de “ecobarrio”
Esperanza Hernández ha centrado su intervención en las políticas de vivienda y en la calificación del proyecto como ecobarrio. La dirigente sindical ha criticado que, a su juicio, el modelo urbanístico del PP facilite operaciones inmobiliarias sin incorporar suficientes garantías sociales. «Alcalá de Henares no necesita más ladrillo. Necesita empleo industrial, vivienda asequible y transparencia», ha afirmado.
Hernández ha puesto en duda que la denominación de ecobarrio pueda evaluarse con la información disponible. Ha reclamado conocer qué criterios ambientales se han aplicado, qué objetivos de ahorro energético existen y cómo se medirá la huella de carbono. Sin esos datos, ha sostenido, el término puede quedarse en una etiqueta de promoción. «Es puro marketing político», ha dicho sobre la denominación.
La falta de información ha sido uno de los reproches compartidos por los tres representantes de CCOO. Hernández ha considerado que, si el proyecto reúne las condiciones que se le atribuyen, debería poder ser conocido y debatido públicamente. También ha pedido que el Ayuntamiento explique por qué el desarrollo de Alcalá no incluye compromisos semejantes a los acordados en Cataluña, tanto en materia laboral como residencial.
En el turno de preguntas, se planteó si el eventual porcentaje de vivienda protegida podría resolverse mediante fórmulas como el Plan Vive y si sería adecuado que las viviendas de Roca City ofrecieran condiciones más favorables que las de ese programa. García ha respondido que las condiciones del Plan Vive, incluidos garajes y trasteros, pueden elevar el coste final del alquiler hasta niveles que, en su opinión, se acercan a los del mercado. Por eso, ha defendido que la protección pública debe traducirse en precios realmente asequibles y no quedarse en una denominación administrativa.
CCOO insiste en que no pide detener el desarrollo, sino reabrir la negociación para incorporar compromisos concretos. La organización reclama que la operación combine nuevas viviendas con protección pública, alquiler asequible y garantías para el empleo industrial, y que los detalles sean accesibles para la ciudadanía. Su advertencia es que Alcalá no debería tener un proyecto con menos beneficios laborales y sociales que el planteado por la misma empresa en Cataluña. El sindicato pide a las administraciones que expliquen esa diferencia y que conviertan el desarrollo urbanístico en una oportunidad compartida para la ciudad.
