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Cuestionar un censo sin pruebas debilita la confianza en la democracia interna y proyecta dudas sobre la legitimidad de cualquier proceso de participación.
Hay acusaciones que exigen una extraordinaria prudencia. Entre ellas, pocas resultan tan delicadas como cuestionar la fiabilidad de un censo electoral. Aunque se trate del censo de un partido político, el principio democrático es el mismo: la legitimidad de cualquier proceso interno descansa sobre la confianza en las reglas que lo sustentan y en los órganos encargados de garantizarlas.
Por eso merecen una reflexión las declaraciones realizadas por el ex secretario general del PSOE de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, durante una entrevista concedida a SER Henares el pasado 29 de junio. En ella afirmó que «el censo de Alcalá de Henares es cuestionable en su estado actual» y deslizó la posibilidad de que algunos afiliados hubieran sido incorporados de forma irregular o incluso que sus cuotas pudieran estar siendo abonadas por terceras personas.
Las dudas sobre los censos no son un fenómeno exclusivo de una determinada formación política. Ese mismo 29 de junio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó el incremento del censo electoral derivado de la denominada «ley de nietos», al afirmar que se estaba produciendo una supuesta «ingeniería electoral» para fabricar nuevos votantes. Son escenarios de naturaleza distinta y con procedimientos diferentes, pero ambos comparten un mismo principio: cuando un dirigente político pone en cuestión un censo, la responsabilidad de aportar pruebas resulta proporcional a la gravedad de lo que afirma
No son declaraciones menores. Cuando un dirigente político pone en duda la fiabilidad de un censo está cuestionando, de forma implícita, el funcionamiento de los mecanismos que garantizan ese proceso. En el caso del PSOE, esa responsabilidad corresponde al Departamento de Atención a la Militancia y Censo (DAMYC), así como a los órganos de garantías previstos por los propios estatutos de la organización.
Precisamente por ello llama la atención el contraste entre esas manifestaciones y el discurso mantenido por la dirección regional del partido. En fechas recientes, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha defendido públicamente el fortalecimiento de la organización madrileña, el incremento de la afiliación y la plena validez de un censo sometido a los procedimientos de control establecidos por la normativa interna.
Las dos posiciones difícilmente pueden convivir sin generar interrogantes. Si la dirección regional sostiene que el sistema de afiliación y control funciona con normalidad, resulta legítimo preguntarse por qué desde una de las principales agrupaciones del partido en la Comunidad de Madrid se proyecta públicamente un mensaje de desconfianza sobre ese mismo sistema.
La contradicción adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta que Javier Rodríguez Palacios forma parte del Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE, uno de los órganos llamados precisamente a velar por el cumplimiento de las normas internas y por las garantías democráticas de la organización. Desde esa responsabilidad, sus manifestaciones trascienden la legítima discrepancia política y adquieren un evidente alcance institucional.
Naturalmente, cualquier afiliado, y con mayor motivo cualquier dirigente, tiene derecho a plantear dudas cuando considere que existen irregularidades. Lo que también cabe exigir es que esas dudas se canalicen por los procedimientos establecidos y, si alcanzan el debate público, vayan acompañadas de hechos verificables que permitan sostener una acusación de semejante trascendencia.
No conviene olvidar que los partidos democráticos disponen precisamente de órganos internos destinados a revisar censos, resolver incidencias y garantizar la igualdad de derechos de todos sus militantes. Esos mecanismos existen para proteger tanto a quien denuncia como a quien pudiera verse afectado por una acusación infundada. Porque las palabras tienen consecuencias.
Afirmar que un censo resulta «cuestionable» no constituye una discrepancia organizativa cualquiera. Es una expresión que inevitablemente proyecta dudas sobre la limpieza del proceso y puede llevar a muchos ciudadanos a cuestionar la legitimidad de unas futuras primarias antes incluso de que se celebren. Del mismo modo, insinuar la existencia de afiliaciones irregulares o financiadas por terceros sin que exista una resolución conocida que lo acredite supone extender una sospecha que alcanza al conjunto de quienes forman parte de ese censo.
La política necesita debate, crítica e incluso confrontación de ideas. Lo que difícilmente fortalece una organización es trasladar al espacio público sospechas cuya consistencia no ha sido previamente acreditada por los cauces previstos para ello.
Más aún cuando quien formula esas dudas conoce perfectamente el funcionamiento interno del partido y los procedimientos estatutarios de los que dispone cualquier militante para denunciar posibles irregularidades. La fortaleza de una organización democrática no reside únicamente en permitir que se denuncien los problemas, sino en que esas denuncias se tramiten con las garantías necesarias para proteger los derechos de todos.
En un momento en el que la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa una etapa especialmente delicada, conviene medir el alcance de determinadas afirmaciones. Cuestionar un procedimiento democrático exige una responsabilidad proporcional a la gravedad de lo que se afirma. Porque cuando las sospechas sustituyen a las pruebas, el daño rara vez se limita a una disputa interna: termina proyectándose sobre la credibilidad de la organización y sobre la confianza que la ciudadanía deposita en sus mecanismos de funcionamiento.
La democracia, también la democracia interna de los partidos, no puede construirse sobre insinuaciones. Si existen irregularidades, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias. Si no existen resoluciones que las acrediten, corresponde a todos, y especialmente a quienes ocupan responsabilidades de dirección o forman parte de los órganos llamados a garantizar el cumplimiento de las normas, preservar la confianza en las reglas que hacen posible la convivencia democrática.
Hay una diferencia esencial entre denunciar hechos y sembrar dudas; entre activar los mecanismos de garantía previstos por una organización y trasladar al debate público sospechas que no han sido respaldadas por pruebas conocidas. La primera actitud fortalece la democracia. La segunda corre el riesgo de erosionarla.
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Totalmente de acuerdo
Javier Rodríguez Palacios,debería de haber presentado en Febrero,cuando dimitió como Secretario General,su renuncia a continuar siendo Concejal en Alcalá de Henares.Li debería de haber hecho,por ética y sentido común,ya que su dimisión como Secretario General,no fue ocasional,si no provocada,por las más de 300 firmas de militantes de la Agrupación Complutense,que amenazaron con presentar una moción de censura,para que dimitiese.Los hechos posteriores,son lamentables con unas declaraciones de Javier Rodríguez,,en varios medios,que solo han perjudicado al PSOE.Pero esto último de poner en duda,el tema de las afiliaciones,ahora cuando no le son favorables,no solo le descalifican si no,que le inhabilitan para seguir representando a la Agricultura Socialista de Alcalá de Henares,en ningún sitio y por lo tanto,la DIMISIÓN debería ser inminente..