- Pérez niega irregularidades, mantiene la defensa de la compatibilidad de Acosta y acusa a VOX de bloquear presupuestos e inversiones.
- Crónica gráfica de Ricardo Espinosa Ibeas y Vídeo de Myriam Trujillo para ALCALÁ HOY
La crisis abierta entre PP y VOX en el Gobierno municipal de Alcalá de Henares vivió este lunes un nuevo capítulo apenas unos minutos después de que el portavoz de VOX, Víctor Acosta, compareciera ante los medios en la Plaza de Cervantes para denunciar la ruptura unilateral del pacto de gobierno por parte del Partido Popular. Aprovechando la presencia de los periodistas convocados por su socio de coalición, el portavoz adjunto del Ejecutivo local y concejal de Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, Vicente Pérez, ofreció su propia versión de los hechos y defendió la decisión adoptada por la alcaldesa Judith Piquet de retirar a Acosta la Segunda Tenencia de Alcaldía.
La comparecencia se produjo en un ambiente político especialmente tenso tras la decisión comunicada por decreto de la alcaldesa, que mantiene a VOX dentro del Gobierno municipal, pero aparta a su portavoz de una de las principales responsabilidades institucionales del Ejecutivo local.Pérez sostuvo que la medida responde exclusivamente a una “pérdida de confianza” derivada de las actuaciones y declaraciones públicas realizadas por Acosta durante las últimas semanas.
Según explicó, un teniente de alcalde no es únicamente un concejal con determinadas competencias, sino una figura que representa institucionalmente al Ayuntamiento, a la alcaldesa y al conjunto del Gobierno. “Cuando se pierde la confianza necesaria para desempeñar esa representación institucional, la alcaldesa tiene la obligación de actuar”, defendió el portavoz adjunto del Gobierno municipal.
Una ruptura de confianza, no de Gobierno
Durante su intervención, Pérez insistió en que la decisión adoptada por Judith Piquet no supone la expulsión de VOX del Gobierno municipal ni la ruptura formal del acuerdo suscrito tras las elecciones de 2023.
El dirigente popular recordó que Víctor Acosta mantiene las competencias delegadas en la Ciudad Deportiva Municipal y en la Junta Municipal del Distrito II, además de seguir formando parte de la Junta de Gobierno Local junto a otros representantes de VOX. “Cuando tres concejales de VOX siguen formando parte de la Junta de Gobierno y mantienen sus responsabilidades de gestión, el Gobierno sigue existiendo”, afirmó.
Para el portavoz adjunto, lo ocurrido constituye una modificación de la estructura interna del Ejecutivo, pero no una ruptura del pacto de gobierno. Una interpretación que choca frontalmente con la defendida minutos antes por el propio Acosta, quien había acusado al Partido Popular de dar por terminado unilateralmente el acuerdo de coalición.
Pérez evitó hablar expresamente de ruptura y trasladó la responsabilidad política de la situación al portavoz de VOX. “Quien debe explicar si rompe o no rompe el acuerdo es quien ha decidido bloquear presupuestos, inversiones y decisiones importantes para Alcalá”, aseguró.
El choque por los presupuestos
Buena parte de la comparecencia estuvo centrada en la modificación presupuestaria de aproximadamente 68 millones de euros rechazada en el último Pleno municipal, detonante inmediato de la crisis política.Según la versión del Partido Popular, la negativa de VOX a respaldar la operación financiera resulta especialmente grave porque la formación había mostrado inicialmente una posición favorable durante su tramitación previa en comisión.
Pérez recordó que los representantes de VOX votaron favorablemente la propuesta en la correspondiente comisión informativa de Hacienda y aseguró que el cambio de criterio fue comunicado posteriormente a través de los medios de comunicación.
El concejal popular calificó de “bloqueo absoluto” la actitud mantenida por Acosta respecto tanto a la modificación presupuestaria como a la negociación de las cuentas municipales. “Tenían los presupuestos sobre la mesa desde diciembre del año pasado y no han movido ni un solo papel”, afirmó.
A juicio del portavoz adjunto, la modificación rechazada incluía cuestiones fundamentales para el funcionamiento del Ayuntamiento, desde inversiones comprometidas en distintos barrios hasta partidas destinadas a atender deuda financiera, contratos esenciales y servicios públicos básicos.
Por ello considera especialmente incomprensible la decisión adoptada por VOX. “Se trataba de una modificación muy necesaria para la institución y para los alcalaínos”, sostuvo durante su comparecencia.
La polémica sobre la Ciudad Deportiva
Uno de los principales argumentos esgrimidos por Víctor Acosta en los últimos meses ha sido la supuesta falta de acceso a determinada información económica relacionada con la Ciudad Deportiva Municipal.
Preguntado expresamente sobre esta cuestión, Pérez negó que exista ocultación deliberada de documentación y defendió que los concejales no tienen acceso directo a la contabilidad municipal ni a la de los organismos autónomos. Según explicó, esa información está gestionada por los habilitados nacionales y los funcionarios competentes, conforme a la normativa vigente. “El acceso a la contabilidad no se le facilita ni a él ni a ningún otro concejal”, aseguró.
El portavoz adjunto añadió que tanto los servicios jurídicos municipales como el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid ya se han pronunciado sobre las solicitudes formuladas por Acosta.
Además, sostuvo que los responsables políticos conocen perfectamente la ejecución de sus presupuestos porque son ellos mismos quienes autorizan y firman los gastos correspondientes a sus áreas.“Las facturas las firman los concejales delegados que tienen competencias”, recordó.
Pérez incluso explicó que en su propia concejalía se realiza un seguimiento interno mediante hojas de control para conocer en todo momento el estado de ejecución de los gastos autorizados.
La compatibilidad de Acosta no está en cuestión
Otro de los asuntos por los que fue preguntado Vicente Pérez fue la compatibilidad profesional de Víctor Acosta, una cuestión que ha vuelto a aparecer en el debate político tras la crisis abierta entre ambos socios de gobierno.
El portavoz adjunto del Ejecutivo local descartó cualquier revisión de la autorización aprobada por el Pleno municipal hace dos años y negó que la retirada de la Segunda Tenencia de Alcaldía responda a una represalia política. “La compatibilidad del señor Acosta no está en entredicho”, afirmó.
Pérez defendió que los criterios jurídicos aplicados entonces siguen siendo exactamente los mismos en la actualidad y aseguró que el Gobierno municipal mantendrá la misma posición que ha sostenido desde el inicio del mandato. “Lo que era jurídicamente viable hace dos años es jurídicamente viable hoy. Nosotros no somos caprichosos. Esto no es ningún tipo de revancha”.
El concejal popular insistió en que la decisión adoptada por Judith Piquet se limita a una cuestión de confianza política vinculada al ejercicio de la representación institucional que conlleva la Tenencia de Alcaldía, sin afectar al resto de situaciones administrativas o acuerdos previamente aprobados.
“Si se ha defendido y seguimos defendiendo que esa compatibilidad era conforme a derecho, vamos a seguir defendiéndolo siempre”, concluyó Pérez.
“No hemos venido a investigar”
La intervención del portavoz adjunto del Gobierno estuvo marcada por una idea que repitió en varias ocasiones y que posteriormente se convirtió en el titular de la nota de prensa difundida por el Partido Popular. Para Pérez, la principal discrepancia con el portavoz de VOX no es únicamente presupuestaria, sino también sobre el papel que debe desempeñar un concejal dentro de una administración pública. “No hemos venido aquí para investigar”, afirmó.
Según defendió, las tareas de investigación corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los órganos fiscalizadores y a los tribunales de justicia, mientras que la labor de los representantes políticos debe centrarse en gestionar servicios, resolver problemas y ejecutar proyectos. “Los concejales están para trabajar por los vecinos, para gestionar y para servir”, insistió.
En ese contexto reclamó a Acosta que concentre sus esfuerzos en las áreas que continúa dirigiendo dentro del Gobierno municipal, especialmente en la gestión de las instalaciones deportivas y de la Ciudad Deportiva Municipal.
Pérez aseguró que la prioridad del Ejecutivo sigue siendo mantener la actividad municipal, impulsar inversiones y garantizar la prestación de servicios públicos, independientemente de la crisis política abierta con su socio de coalición.
Un Gobierno pendiente de su futuro inmediato
Más allá del intercambio de reproches, la comparecencia dejó numerosas incógnitas abiertas sobre la evolución de la crisis durante las próximas semanas. El propio Vicente Pérez reconoció que todavía no está decidida la redistribución de las competencias retiradas a Víctor Acosta en materia de Proyectos Estratégicos y Europeos, una cuestión que deberá resolver la alcaldesa mediante nuevos decretos.
Sí confirmó, en cambio, que la Segunda Tenencia de Alcaldía desaparecerá de facto al ascender un escalón el resto de la estructura de tenencias ya existente, sin que esté previsto por ahora nombrar un nuevo segundo teniente de alcalde.
Respecto a la gobernabilidad futura del Ayuntamiento, el portavoz adjunto evitó concretar cómo se afrontarán las próximas negociaciones presupuestarias o los acuerdos plenarios que puedan requerir el apoyo de VOX. “Habrá que ir viendo cómo sigue avanzándose”, señaló.
Mientras tanto, el Partido Popular insiste en trasladar una imagen de normalidad institucional y estabilidad gubernamental, aunque la realidad política muestra una coalición profundamente deteriorada y una relación entre sus dos socios que atraviesa el momento más delicado desde la constitución del Ejecutivo municipal en junio de 2023.
La batalla política, de momento, se libra en la Plaza de Cervantes y ante los micrófonos. Pero la verdadera prueba llegará cuando los próximos asuntos estratégicos para la ciudad vuelvan a someterse a votación. Entonces se comprobará si la coalición PP-VOX continúa siendo un Gobierno operativo o si la pérdida de confianza reconocida públicamente por ambos partidos acaba convirtiéndose en una ruptura definitiva.
