- Serrano no está investigado, pero deberá explicar cómo obtuvo y difundió el parte policial que desató la polémica política en 2024
El secretario general del PP de Madrid y mano derecha de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares en el marco de la causa abierta contra la alcaldesa Judith Piquet por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Alcalá volverá a mirar a sus juzgados el próximo 15 de abril a las 17:00 horas. Ese día está citado a declarar como testigo Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño y considerado el número tres del partido en la región.
Serrano no está investigado. Su comparecencia busca esclarecer cómo obtuvo y difundió en redes sociales, en enero de 2024, la fotografía de un parte interno de la Policía Local de Alcalá. El documento recogía la denuncia de una mujer por un intento de agresión sexual y describía al presunto autor como “un joven de raza negra”.
La entonces difusión del parte policial generó una tormenta política que todavía hoy no ha escampado.
El origen: migrantes trasladados y el tuit que lo cambió todo
El episodio se remonta al 17 de enero de 2024. Ese día el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se reunió de forma extraordinaria en Alcalá de Henares. Meses antes, el Gobierno central había trasladado a la ciudad a unos 1.200 migrantes procedentes de Canarias.
Durante esa jornada, la presidenta regional vinculó públicamente la llegada de migrantes con un supuesto “caos” que incluía problemas sanitarios y un aumento de agresiones sexuales. Diversos medios nacionales cuestionaron la falta de datos concretos que acreditaran esa relación directa.
Fue entonces cuando Serrano respondió en la red social X adjuntando la imagen de un parte policial. La alcaldesa Judith Piquet retuiteó el mensaje.
Según la investigación judicial, entre la tarde del 17 de enero y la mañana siguiente el documento interno habría salido del circuito policial y llegado al entorno político municipal. La Policía Local desmintió posteriormente que el presunto agresor perteneciera al centro de acogida. Pero el debate ya estaba instalado.
La investigación judicial
En febrero de 2024, el PSOE de Alcalá presentó denuncia por posible revelación de secretos. El Juzgado de Instrucción número 2 abrió diligencias y, en septiembre de ese mismo año, citó como investigada a Judith Piquet.
La alcaldesa declaró en enero de 2025 y negó haber filtrado el documento. Afirmó no haber tenido acceso directo al parte y rechazó haber vinculado la agresión con el centro de migrantes.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló en mayo de 2025 la continuidad de la causa. Desde entonces, varias declaraciones han sido aplazadas. Ahora quedan fijadas para el 15 de abril, entre ellas la de Serrano y la de la exconcejala de Seguridad, Orlena de Miguel.
El PSOE, personado como acusación popular, sostiene que debe aclararse si se vulneró la confidencialidad de informes policiales con fines políticos. El PP habla de “persecución” y defiende que se trataba de información relevante para alertar sobre problemas de seguridad.
El impacto local: más que un procedimiento judicial
Más allá del recorrido procesal, el caso tuvo consecuencias en la convivencia y en la percepción pública del centro de acogida.
En 2025 Alcalá superaba los 200.000 habitantes, con una población extranjera cercana al 18,5 %. El traslado masivo de migrantes desde Canarias tensionó barrios como el Ensanche, donde vecinos denunciaron problemas de saturación y convivencia.
El centro ya no acoge el volumen inicial de personas, pero el episodio de la filtración sigue presente en el debate político local. Especialmente en lo que respecta al uso de información sensible en redes sociales y a los protocolos de custodia de documentación policial.
Fuentes sindicales de la Policía Local han señalado en distintas ocasiones la incomodidad que genera que documentos internos acaben circulando fuera del ámbito estrictamente profesional.
Un caso con lectura política
La comparecencia de Alfonso Serrano añade una dimensión regional al asunto. No es un dirigente menor: es uno de los principales estrategas del PP madrileño y figura clave en el equipo de Isabel Díaz Ayuso.
Que declare como testigo en una causa que afecta directamente a la alcaldesa de una ciudad gobernada por su propio partido sitúa el foco mediático sobre Alcalá en un momento políticamente sensible.
Judith Piquet continúa al frente del Ayuntamiento y ha reiterado su confianza en que el procedimiento demostrará que no hubo irregularidad alguna. La causa, en cualquier caso, ha condicionado parte de la agenda política municipal durante estos dos años.
El 15 de abril será una nueva fecha clave. Serrano responderá a las preguntas de la jueza, del Ministerio Fiscal y de la acusación popular. No es una imputación. Pero tampoco es un trámite irrelevante.
Porque más allá del desenlace judicial, el caso dejó una enseñanza incómoda: en tiempos de redes sociales y polarización, la frontera entre información, estrategia política y confidencialidad institucional puede convertirse en terreno resbaladizo.
Y en Alcalá, cuando lo que está en juego es la convivencia, ese terreno importa.
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