- Piquet y Novillo cuestionan la gestión migratoria del Ejecutivo central y exigen el cierre inmediato del CAED.
- Crónica gráfica de Ricardo Espinosa Ibeas y vídeo de Myriam Trujillo para ALCALÁ HOY
La alcaldesa de Alcalá de Henares y el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid acusan a Francisco Martín de “provocar, insultar y ocultar datos” durante la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves en el Ayuntamiento
Lo que debía haber sido una Junta Local de Seguridad centrada exclusivamente en el dispositivo para las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares derivó este jueves en una seria confrontación política entre las administraciones local, regional y estatal. La presencia del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, desencadenó una dura respuesta institucional por parte de la alcaldesa, Judith Piquet, y del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
Ambos representantes acusaron al delegado de “dinamitar el espíritu de colaboración institucional” con una intervención centrada en “reproches ideológicos, datos sin contexto y acusaciones infundadas”, en palabras de Piquet. La regidora complutense denunció que, lejos de contribuir al trabajo conjunto, el delegado “se ha limitado a dar un mitin, insultar y despreciar la preocupación legítima de nuestros vecinos”.
“Anuncian que el CAED se va a ampliar, pero ni saben qué delitos se cometen”
Uno de los momentos más tensos de la comparecencia fue el anuncio, implícito, según Piquet, de que el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en una antigua instalación militar en la ciudad, será ampliado. “El delegado no lo ha dicho directamente, pero ya nos ha quedado claro: no lo van a cerrar, lo van a ampliar. Probablemente, sin avisar, sin transparencia y por la puerta de atrás, como siempre”, lamentó la alcaldesa.
“Llevamos 20 meses de improvisación, incumplimientos y falta de diálogo”, continuó. “Prometieron un centro temporal con un máximo de 200 personas, y ya han pasado por allí casi 10.000. Prometieron un plan de seguridad y otro de integración. Hoy no existe ni uno ni otro”.
“Lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es inadmisible. Nos imponen un centro sin medios, nos insultan en los medios y ahora pretenden ampliarlo sin comunicarlo siquiera. Alcalá ha sido ejemplo de convivencia, pero no vamos a tolerar que el precio de su fracaso lo pague esta ciudad”, aseguró la regidora. “Hoy, esa voz exige el cierre inmediato del CAED, no su ampliación”.
En su intervención ante los medios, Piquet ha relatado cómo el delegado del Gobierno “ni siquiera supo responder qué delitos se han cometido por parte de los residentes del CAED”. “Le hemos tenido que preguntar, ha buscado un papel, y aun así no sabía leer los datos. Y mientras tanto, anuncia que lo va a ampliar”.
La alcaldesa también ha reprochado las palabras previas de Francisco Martín, quien afirmó públicamente que “los alcalaínos cometen 45 veces más delitos que los inmigrantes del centro”. “No lo voy a permitir. No voy a permitir que se insulte a nuestros vecinos con esa ligereza ni que se alimente un relato que niega el problema real que sufrimos”, remarcó.
“Un ataque a la ciudad y una provocación sin precedentes”
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, también ha intervenido con contundencia tras participar en la Junta. Acompañado por la alcaldesa en la presentación del dispositivo de seguridad para las Ferias, Novillo ha afirmado que la actitud del delegado “ha sido una provocación política sin precedentes en 24 años de experiencia en el ámbito de la seguridad”.
“Francisco Martín no ha traído datos útiles, no conoce los recursos policiales en la ciudad, ha venido a insultar a la alcaldesa, a la presidenta regional y a todos los alcalaínos. Y lo peor, ha utilizado esta reunión para desviar la atención de los escándalos que arrastra su jefe, el presidente Sánchez”, ha denunciado el consejero.
Sobre el CAED, Novillo ha calificado su implantación como “una vulneración flagrante de los protocolos de seguridad y de los derechos de las personas acogidas”. “Se prometió un centro limitado a 200 plazas y ya supera con creces las 1.500. Lo traen a una instalación militar para saltarse todos los controles y lo gestionan con absoluta opacidad”, ha explicado.
También ha cuestionado la veracidad de las cifras ofrecidas por el delegado, 16 delitos en dos años, y ha exigido una diferenciación entre “delitos menores y crímenes graves como la violación de una vecina de Alcalá a manos de un residente del centro”. “Los ciudadanos no quieren más cifras, quieren respuestas, y sobre todo, que se cierre un centro que no está ni preparado ni pensado para garantizar una acogida digna”.
Un conflicto cada vez más enconado
El conflicto en torno al CAED se recrudece mientras crece la crispación entre administraciones. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Alcalá acusan al Ejecutivo central de improvisación, ocultación de datos y desprecio hacia las instituciones locales.
Mientras tanto, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha defendido en su comparecencia que “más de mil agentes velarán por la seguridad de las Ferias” y ha reafirmado su compromiso con una “acogida humanitaria”. Además, ha pedido a la alcaldesa que se retracte de sus declaraciones y ha lamentado lo que considera un “señalamiento irresponsable a las personas migrantes y un ataque gratuito a la Policía Nacional”.
Las palabras del delegado no han hecho, sino avivar las críticas. Tanto Piquet como Novillo han advertido que, de seguir en esta línea, la situación podría volverse insostenible. “La ampliación no será comunicada, alertó la alcaldesa. Llegará un día en que recibamos una simple nota que dirá que ya no son 1.700, sino 2.000 o más. Porque como tienen un problema nacional que no saben gestionar, lo reparten en cuotas forzosas a costa de nuestra seguridad”.
Con el eco de esta denuncia resonando en la ciudad, la Junta Local de Seguridad, que debía ser un espacio de coordinación técnica para garantizar unas fiestas seguras, ha acabado convirtiéndose en un nuevo campo de batalla político en torno al modelo migratorio, la seguridad ciudadana y la responsabilidad institucional. Y Alcalá, en el centro del huracán.
