CAED, autobuses y piscinas: un Pleno con bronca y desalojo en Alcalá

El Pleno municipal del 15 de julio en Alcalá de Henares pasará a la historia por la intensidad de sus debates, el desalojo del público ordenado por la alcaldesa y un ambiente enrarecido desde el inicio. El centro de inmigrantes (CAED), el estado del servicio de autobuses y las denuncias sobre la apertura de piscinas sin garantías sanitarias marcaron una sesión con fuerte presencia política, gradas llenas y momentos de gran tensión institucional y social.

  • La alcaldesa protagonizó una sesión marcada por advertencias legales, duros reproches y un discurso firme.

 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares vivió este martes una de las sesiones más tensas e intensas del presente mandato. Con el verano marcando máximas en las calles y en el ánimo de los intervinientes, la sesión ordinaria número 11 de 2025 combinó debates de calado técnico con confrontaciones políticas de alto voltaje. A la relevancia de los asuntos tratados se sumó una inusitada expectación mediática y social: entre el público se dejaron ver Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid; Diana Paredes, diputada de Más Madrid en la Asamblea regional; la concejala del Ayuntamiento de Madrid María Pilar Sánchez; representantes sindicales de los trabajadores municipales y miembros de Alcalá Acoge.

Hasta el punto once del orden del día, la sesión fue intensa pero transcurrió dentro de los cauces habituales del debate político. Sin embargo, todo cambió justo antes de abordar el punto doce, cuando la alcaldesa Judith Piquet ordenó el desalojo del público del Salón Noble. Las protestas desde la grada, tras la moción relativa al centro de atención de emergencia para inmigrantes (CAED), motivaron la decisión. A partir de ese momento, el resto del Pleno se desarrolló a puerta cerrada y sin presencia ciudadana, una circunstancia que tensó aún más el ambiente político y social.

La jornada había comenzado con aparente normalidad. El orden del día arrancó con la aprobación unánime del acta anterior. El segundo punto, sobre la reapertura del proceso de modificación del PGOU para el traslado de la fábrica de Química Sintética al sector 119-La Condesa, reavivó los reproches cruzados entre el actual equipo de gobierno y la oposición socialista. Desde el PSOE, Alberto Blázquez acusó al ejecutivo de PP y Vox de haber “perdido dos años y medio de tramitación” por falta de diligencia, lo que —según dijo— genera incertidumbre tanto para los vecinos como para los trabajadores de la empresa.

Cristina Alcañiz, concejala de Urbanismo, respondió con dureza, atribuyendo el retraso a la “incompetencia técnica del anterior responsable de Urbanismo”, y defendió que el proyecto ha sido ahora incluido en la aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid. A pesar del cruce de reproches, el punto fue aprobado por unanimidad.

Otros asuntos de carácter más técnico, como la modificación de usos en Espartales Sur o la reforma de los estatutos de la Red Municipal de Salud, también salieron adelante con amplio consenso, pero el tono fue escalando con el paso de las horas.

Especialmente áspera fue la discusión en torno al punto siete, donde se daba cuenta de la elevación a definitiva de una modificación presupuestaria por valor de 50 millones de euros. La socialista Díaz del Pozo criticó que “ni un solo euro” se haya destinado a climatizar colegios públicos, mejorar las condiciones laborales del personal municipal o reforzar el servicio de autobuses urbanos. El concejal de Hacienda, Gustavo Severien, respondió con una batería de reproches a la oposición y una intervención que derivó hacia la política nacional. En ella advirtió que los alcalaínos “tendrán que apretarse el cinturón para frenar el golpe de Estado en Cataluña que ha pactado su amo Pedro Sánchez”.

Esa frase fue el detonante del malestar creciente entre parte del público, que incluía a representantes sindicales y colectivos sociales. Los ánimos siguieron caldeándose durante la moción número once, promovida por el Grupo Popular, que exigía el cierre del CAED ubicado. En ese debate, la alcaldesa acusó al PSOE de “mentir” y de “callar ante la barbarie”, y volvió a insistir en que el centro “está desbordado” y genera problemas de convivencia. La aprobación de la moción, con los votos de PP y Vox, encendió los ánimos de buena parte del público, que respondió con gritos y protestas.

Fue entonces, antes de comenzar el punto doce —una moción socialista para condenar la agresión sexual ocurrida el pasado 28 de junio y los actos de odio racial que se sucedieron después— cuando la alcaldesa ordenó el desalojo del Salón de Plenos. Agentes de la Policía Local procedieron a evacuar a los asistentes, tras lo cual el acceso quedó restringido. La imagen del salón parcialmente vacío y el eco de las protestas resonando desde el exterior marcaron el resto de la sesión.

A pesar de la ausencia de público, la moción fue defendida con firmeza por Javier Rodríguez Palacios, quien condenó la agresión sexual y los actos de odio, al tiempo que acusó a la alcaldesa de “respaldar a grupos que no respetan el Estado de Derecho” y de “no interesarse ni un minuto por la víctima”. La moción fue rechazada con los votos de PP y Vox, que también se opusieron a condenar públicamente los cánticos racistas y antifeministas coreados en las manifestaciones recientes.

En los compases finales del Pleno, el Grupo Socialista denunció además la falta de un proyecto claro para el Mercado Municipal de Abastos y propuso crear una mesa de trabajo con comerciantes, partidos y agentes sociales. También aquí la moción fue rechazada.

Más allá de las votaciones, algunas intervenciones marcaron el tono emocional de la jornada. La portavoz de Más Madrid, Rosa Romero, denunció el “abandono climático” de las aulas escolares y acusó al equipo de gobierno de no aprovechar fondos europeos disponibles para climatización. La respuesta de la concejala de Educación, Lola López, fue especialmente crítica: acusó a la oposición de “no tener ni idea de cómo se gobierna” y de “tomar el pelo a la ciudadanía”. La moción fue también rechazada.

Y mientras el Pleno se acercaba a su cierre, la concejala socialista Blanca Ibarra lanzó una última denuncia: según sus datos, las piscinas municipales de El Val y El Juncal se abrieron sin contar con los análisis preceptivos de calidad del agua, y con niveles de contaminación bacteriana superiores a lo legalmente permitido. Las acusaciones quedaron sin apenas respuesta, en un final de sesión visiblemente mermado por la tensión acumulada.

Protagonista absoluta del día fue, sin duda, la alcaldesa Judith Piquet. Contundente en ocasiones, visiblemente molesta en otras, resignada a ratos por el rumbo del debate, pero firme en su discurso, no rehuyó ni los reproches de la oposición ni las situaciones incómodas. En varios pasajes, advirtió a algunas concejalas de la oposición de que acusar a un cargo público de un delito sin pruebas podría, en sí mismo, constituir un delito. No se amedrentó. Mantuvo el tono y la presencia incluso en los momentos más delicados de la sesión.

En resumen, el Pleno del 15 de julio pasará a la historia no tanto por los acuerdos adoptados como por el clima que lo envolvió: un Salón Noble abarrotado, discursos encendidos, protestas ciudadanas, un desalojo inédito y una ciudad cada vez más polarizada. El vídeo íntegro de la sesión puede consultarse en el canal oficial del Ayuntamiento en YouTube, donde cada quien podrá juzgar por sí mismo el tono, las formas y el fondo de esta maratoniana sesión plenaria.

¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.

Comentar

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.