HACIENDA CASI NOS JODE EL TURRÓN | Por Santiago López Legarda

• En estas navidades recién concluidas cientos de miles de pensionistas hemos sido víctimas de lo que podríamos considerar una cruel inocentada.

Es un hecho, matemáticamente demostrable, que los pensionistas españoles acabamos recibiendo de la sociedad, a poco que la salud nos acompañe, mucho más de lo que aportamos a lo largo de nuestra vida laboral. Pero de nada valen los hechos o las verdades objetivas frente a los arraigados prejuicios. Y en consecuencia, muchos mayores tienden, o tendemos, a creer que nos lo merecemos todo y que no se nos trata de acuerdo con esos presuntos merecimientos contraídos. Tendemos a sentirnos muy ufanos porque alguna vez sostuvimos al mundo sobre nuestros hombros, como si hubiéramos sido un ejército de hércules condenados a trabajos forzados.

Una manifestación extrema de este estado de opinión entre los mayores es un dislate que a veces circula por Internet y las redes sociales: los pensionistas deberíamos estar exentos del pago de impuestos. Es un planteamiento disparatado porque olvida el principio constitucional de que todos debemos contribuir de acuerdo con nuestra capacidad a ese esfuerzo colectivo llamado presupuesto público. Nuestras pensiones no son otra cosa que el sueldo que nos abona el Gobierno en representación de toda la sociedad. Y no hay sueldos exentos de contribuir, salvo aquellos que lo están por su baja o escasa cuantía.

Dicho todo lo anterior, y aun reconociendo que los pensionistas parecemos a veces niños un poco mal criados con nuestras exigencias y reclamaciones, también hay que decir que se producen de cuando en cuando situaciones injustas o incomprensibles. Por ejemplo, en estas navidades recién concluidas cientos de miles de pensionistas hemos sido víctimas de lo que podríamos considerar una cruel inocentada. A medida que se acercaba la fecha fatídica del 31 de diciembre, nos relamíamos pensando en el dinerito que la hacienda pública, sin más dilaciones posibles, tendría que ingresarnos por las devoluciones derivadas de las cotizaciones de antaño a las mutualidades laborales. Pero llegó la “comandante” Montero y mandó a parar. ¿Qué ha pasado? Vamos a tratar de explicarlo.

El Tribunal Supremo estableció en una sentencia de febrero de 2023 que la parte de la pensión correspondiente a las cotizaciones efectuadas entre 1967 y 1978 tenía derecho a una reducción del 25 por ciento en el IRPF. Posteriormente, ya en abril de 2024, el alto tribunal dictaminó que la parte correspondiente a las cotizaciones efectuadas antes de 1967 tenía derecho a una reducción del cien por cien. La consecuencia práctica de estas resoluciones judiciales era que los pensionistas teníamos derecho a reclamar ciertas cantidades por los ejercicios no prescritos, es decir, de 2019 a 2022. Las cantidades correspondientes al ejercicio de 2023 fueron incluidas en la última campaña del IRPF.

En marzo de 2024, unos días antes del comienzo de la campaña del IRPF, la Agencia Tributaria, dando un ejemplo de agilidad y eficiencia, habilitó un formulario para que todos los afectados pudieran efectuar las reclamaciones sin mayores dificultades burocráticas. Y en función de dicho formulario, decenas y decenas de miles de contribuyentes fueron recibiendo durante los meses siguientes las cantidades que, de acuerdo con las sentencias del Supremo, habían pagado de más.

Pero hete aquí que el 23 de diciembre, a tan solo cinco días de los Inocentes, la Agencia anuncia que se suspende el procedimiento, que el formulario de marzo queda sin efecto y que habrá que rellenar nuevos formularios en años sucesivos. Las cantidades adeudadas ya no se devolverán de una sola vez, como hasta ahora, sino en cuatro ejercicios, lo cual implica alargar todo el asunto, ojo al dato, hasta diciembre de 2028. Esto es lo que en román paladino llamamos una tomadura de pelo. Puede que para entonces muchos de los beneficiarios ya solo sean, o seamos, cenizas.

En mi modesta opinión, este sí que sería un gran asunto para debatir, sin griteríos ni insultos, en una comparecencia parlamentaria. ¿Cómo es posible que se anule sin más el procedimiento al que nos habíamos acogido cientos de miles o quizá millones de contribuyentes? ¿Cómo es posible que se haya dado un trato tan discriminatorio, puesto que se ha devuelto a unos sí y a otros no sin ningún criterio objetivo? ¿Cómo es posible que la hacienda pública vaya a darse a sí misma un plazo de nada menos que cuatro años para resolver el asunto? ¿Está el Gobierno de Pedro Sánchez tan sobrado de amigos que puede permitirse el lujo de agraviar de esta manera a tantos afectados?

Para tratar de justificar lo injustificable, desde el Ministerio de Hacienda se inventaron una presunta explicación que incluye uno de esos “palabros” a los que son tan aficionados los cargos públicos: “la calendarización de las devoluciones ofrece certidumbre sobre la imputación (de los gastos) en la contabilidad nacional e implica establecer un proceso más reglado y ordenado”.  “Calendarización”, ¿no estaba ya todo el embrollo suficientemente calendarizado desde que se aprobó el formulario del mes de marzo? La palabrería no puede ocultar los hechos desnudos: estamos ante una decisión arbitraria y caprichosa, perjudicial para muchos sin que se vea beneficio alguno para nadie. A mí no me extañaría que, dada la magnitud de la chapuza, hubiera una rectificación en los próximos meses.

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