El Colegio de Abogados de Alcalá de Henares en su mayor crisis: presupuestos rechazados, división interna y exigencia de elecciones

El Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Madrid, enfrenta un escenario crítico tras el rechazo, por segundo año consecutivo, de sus presupuestos. La organización colegial funciona actualmente con los presupuestos de 2023. Ni los de 2024 fueron aprobados. Ni ahora los de 2025.

Imagen de un día aciago. Sobre estas líneas, el decano cuestionado, Ángel Llamas Luengo, flanqueado por los miembros disidentes de su Junta de Gobierno. A la izquierda, Maia Román, la secretaria. A la derecha, el tesorero, David Fechenbach Marcos. A continuación Borja de Blas, diputado sexto, y Álvaro Escudero, bibliotecario. Todos ellos votaron en contra de los presupuestos.
  • El decano Llamas Luengo ha sido señalado como el principal responsable de la crisis.
Fachada del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares en la Calle Colegios. Foto de Ricardo Espinosa Ibeas (archivo de AH) 

Según informa Confilegal, La sesión de la Junta General de Colegiados del pasado 18 de diciembre evidenció una fractura institucional profunda, con cuestionamientos directos al decano, Ángel Llamas Luengo, y una creciente demanda de transparencia y cambios en la dirección.

La votación, llevada a cabo por la mañana –cosa inusual en la práctica de los colegios ya que los profesionales tienen sus picos de mayor actividad en ese periodo de tiempo– fue categórica: 51 colegiados votaron en contra de los presupuestos, incluidos 4 miembros de la propia Junta de Gobierno –formada por 10 personas– mientras que solo 17 colegiados apoyaron el proyecto.

En consecuencia, los presupuestos fueron tumbados.


Partidas modificadas sin el consentimiento del tesorero

Entre las razones de este rechazo destacan las denuncias realizadas por el tesorero, David Fechenbach Marcos, quien denunció que el proyecto de presupuestos incluía partidas modificadas sin su consentimiento.

Entre estas, Fechenbach señaló la asignación de 20.000 euros para una fiesta, calificada como un gasto desproporcionado.

Maia Román, secretaria de la Junta de Gobierno, respaldó públicamente las denuncias del tesorero. Confirmó que las modificaciones presupuestarias se realizaron sin conocimiento ni autorización del tesorero ni de otros miembros de la Junta, y que estas se enviaron directamente a los colegiados sin el debido proceso interno.

Román informó, además, que el 40% de los miembros de la Junta de Gobierno han solicitado la dimisión en bloque y la convocatoria de elecciones, una demanda ignorada por el decano y parte de su equipo.

Esta situación refleja una fractura sin precedentes en la Junta de Gobierno. La ausencia de dos miembros durante la reunión, junto con la marcha de otro tras una breve aparición, puso de manifiesto el deterioro del órgano rector y la falta de cohesión interna.


Un liderazgo en entredicho y un colegio dividido

El decano Llamas Luengo ha sido señalado como el principal responsable de la crisis. Su decisión de votar a favor de unos presupuestos ampliamente cuestionados, sin abordar las críticas ni ofrecer argumentos convincentes, ha generado una oleada de críticas por parte de los colegiados.

Además, su negativa a permitir la votación sobre propuestas previamente aprobadas, como la implementación de una centralita automática para el turno de oficio, ha sido interpretada como una muestra de autoritarismo.

El resultado de la votación no dejó lugar a dudas: 51 colegiados en contra, con los 4 miembros de la Junta (el tesorero, la secretaria, el bibliotecario y el diputado sexto) pronunciándose de esa forma, frente a tan solo 17 votos a favor. Este rechazo masivo reafirma el creciente descontento con la gestión del Decano y refuerza el respaldo a los miembros críticos de su dirección.

 

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