Hablemos de vivienda. Hablemos de Alcalá | Por David Cobo

El precio de los hogares no puede ser regulado por la Ley de la Selva. Un hogar no es un diamante de lujo, no es un coche deportivo, no es un exceso, no es un antojo… Tener un hogar es un derecho constitucional, un derecho humano, y los poderes públicos deben legislar para que así sea. No faltan ideas para hacer accesible la vivienda, falta voluntad política de hacerlo realidad.

Jóvenes muestras las llaves de su vivienda a su paso por la Gran Vía de Madrid el domingo 13 de octubre
  • David Cobo García es  Coordinador Izquierda Unida Alcalá de Henares
Foto de Ricardo Espinosa Ibeas

La vivienda no es un capricho al que se puede renunciar. La vivienda, el hogar, es el lugar desde el cual construimos nuestras vidas, en el que criamos a los hijos, nos guarecemos de la lluvia, del sol y el frio… Son las cuatro paredes en las forjamos la alegría de vivir y también el lugar donde lloramos nuestra miseria o desventura cuando nos toca perder. Podemos renunciar a muchas cosas, pero nuestro hogar no es una de ellas. Lo necesitamos para celebrar la vida con los nuestros, y también para hacer píe y tomar impulso cuando la realidad nos ahoga.

El precio de los hogares no puede ser regulado por la Ley de la Selva. Un hogar no es un diamante de lujo, no es un coche deportivo, no es un exceso, no es un antojo… Tener un hogar es un derecho constitucional, un derecho humano, y los poderes públicos deben legislar para que así sea.

El motivo de la constante subida de los precios de la vivienda, ya sea para compra o alquiler, no es otro que la falta de normativa legal que ponga límite al desenfrenado deseo de máximo beneficio de los propietarios y promotoras, que bailan al ritmo del mercado que marcan los grandes acaparadores de vivienda; bancos, fondos buitre e inmobiliarias.

Es fácil jugar a ganar al Monopoly cuando se poseen muchas viviendas en las ciudades y la oferta es mucho menor que la demanda. Es fácil sacar el máximo beneficio cuando no existen normativas que pongan límite a la avaricia. Eso es lo que se precisa, intervención de las instituciones para poner coto a la Ley de la Selva, la cual hace millonarios a unos pocos a costa de empobrecer a la mayoría.

En España hay más de 388.000 viviendas turísticas según Exceltur. Hay 444.000 viviendas nuevas sin estrenar ni vender según el MITMA. Y 3,8 millones de viviendas vacías según el INE. La falta de oferta en el mercado se produce por el acaparamiento de vivienda con fines especulativos.

Los movimientos sociales por el derecho a vivienda llevan desde 2009 protagonizando acciones de desobediencia civil y propulsando cambios legislativos para que la vivienda sea accesible a toda la población. Desde entonces se han tomado algunas medidas, en su mayoría cosméticas y que eluden ir a la raíz del problema, como el identificar cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios o la prórroga de los desahucios para determinados sectores vulnerables. Incido en que estas medidas no van a la raíz del problema, ya que la prórroga de los desahucios hipotecarios no evita que estas familias hayan perdido la propiedad de sus viviendas y no protege a la totalidad de las familias afectadas. Sigue habiendo más de 25.000 desahucios anuales en España.

Compartir piso, vivir con los padres… son alternativas que han pasado de ser temporales a permanentes, como única salida de tener un techo cuando los precios de la vivienda son desproporcionados con los salarios.

Las instituciones deben poner coto a la especulación, al injustificado aumento de precios y ofrecer alternativas públicas a un mercado privado que no atiende a más razones que al máximo beneficio de rentistas y especuladores.

Los movimientos sociales siempre han tenido rigor y seriedad al proponer alternativas, (la ILP de la PAH recogió casi un millón y medio de firmas, casi el triple del mínimo necesario), nadie está proponiendo ni ha propuesto nada que no sea de sentido común, pero, a pesar de ello, desde el poder siempre se rechazan o se recortan las propuestas avaladas por firmas y lucha a pie de calle.

EL PSOE lleva gobernando España desde hace seis años. En los cuatro primeros lo hizo con el apoyo de Unidas Podemos. En el pacto para constituir Gobierno el PSOE se comprometió por escrito a medidas para limitar las subidas del alquiler y proteger a los hipotecados, rehabilitación de viviendas y legislar la vivienda como derecho accesible y no como mercancía para especular. Sonaba bien, pero aquello se quedó en mucho menos de lo anunciado, aprobándose un Ley de Vivienda muy aguada, poco ambiciosa, y que en la práctica solo se está aplicando en Cataluña, ya que precisa del acuerdo de Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Donde gobierna la derecha o el PSOE nada se hace para la aplicación de la Ley, que pasa por la declaración de “zona tensionada” al lugar donde se precisa limitar el precio del alquiler. Se dan casos como en Rivas Vaciamadrid, donde la alcaldesa Aida Castillejo (IU) ha solicitado que su municipio sea declarado zona tensionada y la Comunidad de Madrid se niega.

Desde el 2023 el PSOE gobierna con Sumar. El acuerdo de Gobierno vigente es aún más ambicioso. Directamente especifica que la vivienda pública debe llegar a ser el 20% del total. Lo cual sería un avance espectacular. Ahora mismo la vivienda pública en España no llega al 3%, de los que menos tenemos en Europa y muy lejos de otros países como Países Bajos con un 30%, Austria con un 24% o Dinamarca con un 20,9%.  Pero en la práctica esto se está quedando en poca cosa. La iniciativa más ambiciosa salió del Consejo de Ministros para que, a través de las Comunidades Autónomas, se adquieran 50.000 viviendas del SAREB, el banco malo. Esa cantidad está muy lejos de ser 0,5% del total de vivienda en España y, por si fuera poco, finalmente esta medida no está siendo aplicada por las Comunidades Autónomas o lo hacen a un ritmo muy lento, muy lejos de llegar a la cifra anunciada.

Pienso sinceramente que los partidos de izquierdas de nuestro país llevan muchos años llevando las propuestas del movimiento de vivienda a las instituciones con honestidad y coherencia. Utilizando toda su fuerza, la que tienen, para revertir la insoportable situación. No meto en este grupo al PSOE, pues siempre que ha gobernado actúa como freno para acometer las reformas necesarias. En este sentido han sido muy gráficas las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la cual renuncia a legislar para regular el mercado y apela a la solidaridad de los caseros para que estos no suban mucho el precio. Absoluta falta de voluntad política para cumplir con su deber.

Aterrizando a nuestra Comunidad Autónoma, el gobierno del PP está totalmente en contra de cualquier regulación en vivienda. Su única apuesta es el llamado Plan Vive, consistente en construir miles de viviendas en régimen de alquiler. En la práctica estas viviendas se están construyendo, pero los precios son tan caros como los de mercado, no generan ningún abaratamiento del alquiler para las familias adjudicatarias. Son viviendas públicas a precio de mercado, evitando el generar tendencia en el mercado hacía el abaratamiento del alquiler. Son viviendas que se construyen pensando más en no generar competencia a los rentitas que en generar que el mercado se vea forzado a no seguir subiendo precios.

En Alcalá de Henares se nos junta la tormenta perfecta. Sufrimos la timidez e inacción del Gobierno del Estado, así como las políticas ultraliberales del Gobierno Autonómico y Municipal.

Somos el municipio de la Comunidad de Madrid con más viviendas turísticas, exceptuando Madrid capital, lo cual genera una reducción de las opciones de vivienda y que suban los precios del alquiler. Yo mismo llevé la pasada legislatura una moción a Pleno del Ayuntamiento para regular y poner coto a los pisos turísticos. PSOE, Cs, PP y VOX votaron en contra.

También tenemos el dudoso honor de ser el municipio de Madrid con más viviendas vacías del IVIMA, propiedad de la Comunidad de Madrid. Viviendas públicas tabicadas y abandonadas.

En Alcalá de Henares carecemos de viviendas de emergencia habitacional. En 2015 fuimos decenas los que acampamos frente al Ayuntamiento durante 39 días para reclamar viviendas de este tipo al gobierno municipal de PSOE y Somos. Nos prometieron dotarse de ellas, levantamos las tiendas de campaña y 9 años después de esa promesa nada se cumplió.

Ahora mismo en Alcalá hay cerca de 100 viviendas municipales. La mayoría están tapiadas, vacías desde hace años. Además, existe una EMV, propiedad del Ayuntamiento y empresas privadas. La EMV cuenta con viviendas en alquiler, pero incumple sistemáticamente sus obligaciones como caseros, optando por tapiar las viviendas cuando estas quedan deshabitadas.

La EMV tiene una lamentable situación económica desde que jugó a dar un pelotazo que le salió mal al estallar la burbuja inmobiliaria. Se quedó con una manzana en la C/Moreras pensando en construir y de aquello nada se construyó, la manzana en cuestión está cerrada y abandonada. Vecinos que allí vivían aun sufren consecuencias.

En el año 2022 el Ayuntamiento destinamos 4 millones de euros, el 1,8% del presupuesto anual, para comprar a la EMV viviendas a un precio muy inferior al de mercado. La iniciativa hubiera sido muy positiva si luego esas viviendas se hubieran puesto a disposición de los vecinos en alquileres asequibles. No ha sido así. Se compraron en 2022 y siguen vacías.

A nivel municipal nada se está haciendo por hacer accesible la vivienda. Se podría limitar o prohibir las viviendas turísticas, llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para tener disponibles las viviendas vacías del IVIMA, sacar en alquiler las viviendas municipales y seguir aumentando el parque público municipal mediante la compra de las viviendas vacías de la EMV. Todo esto sumado a ayudas a la rehabilitación de vivienda y hacer petición de que Alcalá de Henares sea declarada zona tensionada para que las medidas de la Ley de Vivienda sean aplicadas.

 

La manifestación del pasado 13 de octubre, la cual contó con mucha presencia de juventud, marca un punto de inflexión en la lucha por el derecho a vivienda en España. La desobediencia colectiva, organizada y unitaria siempre ha sido uno de los principales modos por el cual los pueblos han conquistado y sostenido derechos sociales. Siempre es preferible una juventud crítica y desobediente, a una juventud dormida y sumisa. Una juventud con dignidad, pues dignidad es eso, defender y luchar por lo justo e importante, por lo que merece pena, por las cosas del comer.

 

 

 

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1 Comentario

  1. Una vez más artículo denso que no aporta ninguna solución práctica. Revolución, queja y protesta que es el modus operandi de cierta ideología instalada en “mis derechos” y que “me lo de el estado”.
    La vivienda como otros aspectos de la vida requiere una inversión, un esfuerzo y un reparto de presupuestos personal. Puedo dedicar mis 1000€mensuales a festivales, viajes, ocio….o apostar por una residencia “vital”. Lo que se viene haciendo a lo largo de la existencia del ser humano.
    Y nada más para no ser más denso que el artículo.

  2. No hablamos del fenómeno okupa porque estamos llenos de derechos pero no cuentan los de los demás.
    En cualquier caso, coincidp, la vivienda, al igual que el agua o el pan y la sanidad, no debería ser objeto de especulacion, que luego pasa lo que pasa.

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