Ayuso contraataca y enviará a Fiscalía varios contratos de mascarillas del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que llevará a la Fiscalía al menos siete empresas relacionadas con el PSOE en el Gobierno de España para que se investigue la compra de mascarillas a través de los contratos de emergencia.

  • Quiere que se investigue la compra de mascarillas a través de los contratos de emergencia «para saber si quieren investigar de verdad o la fiscal Delgado solo quiere investigar a los míos”.
  • Fotos de la Comunidad de Madrid

Así lo ha asegurado Díaz Ayuso en el primer pleno de la Asamblea al que asiste desde que se desató la polémica en el seno del PP por la supuesta trama de espionaje por las comisiones que recibió su hermano por la compra de mascarillas durante la primera ola del coronavirus.

Este jueves, el grupo parlamentario del PP ha llevado tales contratos a la Fiscalía Anticorrupción, que serán presentados por el portavoz del grupo, Alfonso Serrano, junto con el portavoz adjunto, Pedro Muñoz, y el secretario general del grupo, Enrique Núñez.

Según han indicado fuentes del grupo parlamentario, se presentará un escrito de denuncia por «una posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación» en relación con siete empresas, y hace mención «a doce contratos por valor de 326 millones de euros y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros».


«Vamos a empezar a investigar a todos»

«Vamos a empezar a investigar a todos», ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha aseverado que pedirán la investigación del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del exministro de Sanidad Salvador Illa; y de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para saber «qué ha pasado durante la pandemia».

«Estamos ante el Gobierno más autoritario y menos transparente. Fue un fracaso la fiscalización de compras y tiraron más de 360 millones del erario público a la basura», ha espetado Díaz Ayuso al portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, al que ha acusado de ejecutar un «ensañamiento» contra su familia «para desgastarla».

La presidenta madrileña ha afirmado que utilizarán «los mismos argumentos» que los utilizados por los socialistas ante la Fiscalía el pasado 18 de febrero: «Donde pone PP pondrá PSOE», ha apuntado. «En algunos casos, incluso, no llegó el material; dejaron, por tanto, sin protección a muchos sanitarios y a muchos pacientes y en otros casos no se llegaron a reintegrar las cantidades abonadas adelantadas», ha reprochado al Partido Socialista.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha preguntado también a Díaz Ayuso por el contrato con la empresa Priviet Sportive para la compra de mascarillas en China relacionado con su hermano, que ha provocado que el todavía líder del PP, Pablo Casado, tenga que «dimitir por la escabechina que ha hecho en su casa con quienes han osado poner encima de la mesa sus vergüenzas», ha considerado.

La presidenta regional ha vuelto a rechazar irregularidades en relación a este contrato o algún otro y ha retado a la portavoz de Más Madrid a que demuestre que ha tenido «algo que ver, en ese o cualquiera con alguno de mis familiares; sino, tendrá que dimitir usted». «No he dedicado un momento de mi vida, un solo minuto de mi tiempo a beneficiar a un familiar, no van a poderlo demostrar porque no existe», ha subrayado Díaz Ayuso, que ha apuntado que la izquierda quiere «retorcer la voluntad popular» del 4M que les puso, ha dicho, en un lugar «irrelevante».

Además, ha emplazado a la izquierda a que cree una comisión de investigación parlamentaria que se llame «Isabel Díaz Ayuso y traigo a mis profesores de la EGB y me hacen una revisión completa». «No conozco político más fiscalizado que yo», ha declarado.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, también ha preguntado a Díaz Ayuso por este asunto y si la Comunidad de Madrid activará una auditoría independiente, la cual ha rechazado la presidenta regional porque los contratos ya han sido fiscalizados por la Cámara de Cuentas, ha dicho.

 

 

 

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