La bolsa o la vida | Por David Cobo

• La bolsa o la vida es un falso dilema. No habrá bolsa sin vida. El dilema es otro,
  fortalecer lo público o seguir permitiendo la deriva de su debilitamiento.

La bolsa o la vida es la falsa elección a la que los bandidos sometían a sus víctimas
en las novelas del Oeste. Pienso que dicho dilema es falso, ya que la posibilidad de
elegir entre una y otra es mentira. El asaltado puede salvar su vida, renunciando a
su bolsa, pero en ningún caso podrá salvar su bolsa perdiendo su vida. Es evidente
que el bandido, tras quitarle la vida, se quedará con la bolsa.

Algo similar nos sucede con la pandemia. No hay salida económica para esta crisis
si no va ligada a una salida sanitaria. Esto, en mi opinión, no es lo que de facto está
prevaleciendo en las últimas decisiones del Gobierno del Estado y distintos
Gobiernos autonómicos, sino que están pesando las presiones de los poderes
económicos e intereses partidistas.

Al comenzar la pandemia el confinamiento se aplicó como medio para reducir los
contagios y las muertes, pero rápidamente estas medidas encontraron la oposición
de las cúpulas empresariales y diferentes partidos políticos, que decidieron
aprovechar la pandemia para debilitar al Gobierno y oponerse al estado de alarma.
El “que nadie quede atrás” fue la respuesta al “sálvese quien pueda”, y mi humilde
opinión es que fue una gran respuesta.

Entiendo que el Gobierno, acosado por múltiples presiones y también tratando de
salir lo menos golpeado posible de este embate, adoptó una medida que no
comparto: ceder a las comunidades autónomas la capacidad de adoptar o no ciertas
medidas de restricción de movimientos y confinamientos perimetrales.

La situación es sumamente contradictoria: trabajadores que no pueden salir con sus
familias a pasar el día en el campo, pero pueden amontonarse con desconocidos en
vagones de tren o metro camino de sus trabajos; niños que no pueden utilizar
parques infantiles pero sus hermanos mayores, en la universidad, sí pueden
aglomerarse en aulas para hacer exámenes presenciales.

Se pone de manifiesto la contradicción de los dirigentes. Autonomías que antes se
oponían al estado de alarma ahora piden confinamientos domiciliarios. Corrupción
que aflora en los lodos de la pandemia, aprovechando la situación para firmar
contratos millonarios con grandes empresas en lugar de optimizar y fortalecer la
sanidad pública. Personajes que se sirven de su posición para vacunarse antes que
sanitarios y personas vulnerables. Incompetencia, a la hora de distribuir las vacunas
con los criterios de preferencia establecidos.

Las normas son tan contradictorias que han perdido su esencia y respetabilidad, y la
sociedad se bate entre el miedo del que suelta su bolsa para eludir la bala y la
desesperación del asaltado que erróneamente confía en que aferrándose a su bolsa
no la perderá.

En esta tormenta nos quedan algunas certezas, y es que los niveles de contagios
están aumentando. En Madrid los confinamientos perimetrales se decretaban
cuando el índice de incidencia acumulada superaba los 400 positivos por cada
100.000 habitantes (ya con un índice superior a 250 el Ministerio de Sanidad lo define
como “riesgo extremo”). Pues bien, estas medidas de restricción de movimientos y
actividades han sido eludidas por la Comunidad de Madrid, que ha subido este índice hasta los 1.000 positivos como límite para tomar medidas. Parece que quieren que
alcancemos la inmunidad de rebaño colapsando hospitales y cementerios.

En mi ciudad, Alcalá de Henares, 1353 personas han dado positivo en los últimos 14
días. De ellas, 77 han tenido que ser hospitalizadas y 16 han fallecido. Estos no son
números para economistas, son datos de personas enfermas que en el mejor de los
casos han tenido que paralizar sus vidas durante un par de semanas y en el peor
nos han dejado para siempre.

Nadie quiere ser quien diga en voz alta que hay que tomar medidas para salvar vidas,
porque es impopular y el mercado manda, pero como el sistema sanitario público
colapse, todas estaremos en peligro, incluidas aquellas personas que por su edad
se creen inmunes a la enfermedad, pues ello generaría que también se vea afectada
la asistencia sanitaria a personas con otro tipo de enfermedades y dolencias ajenas
a la COVID-19.

Y en este alboroto parece que nadie sopese la tercera vía en este falso dilema. Entre
la pistola del asaltante y nuestro deseo de salvar vida y bolsa, el único chaleco
antibalas son los servicios públicos.

Este es el momento de fortalecerlos, de dotarlos de músculo. El transporte, la
educación, la sanidad, utilizando para sí los recursos privados si es preciso, poner
los laboratorios a fabricar vacunas de forma genérica para eludir los chantajes y
mercadeo de las farmacéuticas. Dar a los Servicios Sociales medios excepcionales
en una situación excepcional. Otorgarle a la vivienda carácter de bien de primera
necesidad en lugar de mercancía de especulación sin límite.

Recuperar la producción y comercialización de la energía para el Estado, poniendo
fin al robo de las eléctricas con sus subidas de atraco. Que las familias puedan dejar
las velas para los cumpleaños y que iluminen las viviendas las bombillas, se
enciendan en invierno los radiadores allá donde a los niños les estremece el frío.

Ante la falta de trabajo, garantizar el mismo poniendo en marcha industria nacional
con participación pública, fomentando la I+D+I y la creación de empleo público donde
no llegue la iniciativa privada.

Financiar el aumento del gasto social requiere justicia fiscal que plantee un nuevo
modelo que grave los grandes capitales y acabe con los paraísos fiscales.

Afrontar los desafíos que nos plantea el cambio climático, promoviendo una
transición justa que combine la transición ecológica con la protección social.

Los momentos de crisis son momentos para acometer transformaciones y sólo lo
público permanece presente cuando los problemas son serios. Fortalecerlo es la
mejor opción colectiva ante cualquier amenaza. Porque la fuerza de un país no radica
en el volumen de su himno ni en el color o longitud de su bandera, sino en su
capacidad para asegurar a sus ciudadanos trabajo, derechos sociales, salarios y
precios justos, interviniendo el mercado lo que sea preciso.

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