El Supremo le hace un favor a la convivencia en España | Por Santiago López Legarda

La vela que quiere iluminar un poco el campo de juego en que se desenvuelve nuestra convivencia es, obviamente, la sentencia que hemos conocido oficialmente en la mañana del lunes 14 de octubre, dos años después de aquellos sucesos que estremecieron a las sociedades catalana y española.

  • Los jueces han puesto a favor de la convivencia y el estado de derecho cuanto estaba en su mano.

 

  • Santiago López Legarda es un periodista alcalaino que ha ejercido en diferentes medios nacionales.

Me parece interesante comenzar este comentario con una referencia a un hecho de esos que ahora hemos dado en llamar “colaterales”: la filtración de la sentencia del Procés  antes de que fuera comunicada a los acusados.  El asunto ha constituido piedra de escándalo para muchos. Pero hay que comprender al menos un par de cosas: la misión de los periodistas – misión sagrada en una democracia- es encontrar y contar al público cosas que sean de interés; y había demasiada gente implicada en la elaboración de la sentencia como para garantizar que no se produciría una filtración. Son semanas y meses de debates, de consultas, de borradores que van y vienen y era  en cierto modo previsible que alguien ajeno al Tribunal tuviera acceso a lo acordado. Y también es posible que alguien del propio Tribunal, uno de los siete jueces que han firmado este fallo histórico, tuviera algún interés en darlo a conocer por adelantado. Bien, no tiene demasiada importancia, es el pan nuestro de cada día en los países con libertad de prensa y opinión. Y, dado que algunos o todos los condenados  hacen pública profesión de fe  católica, podemos despachar esta pequeña contrariedad en la que se han visto atrapados Marchena y los suyos con una mención  evangélica: no se enciende una vela para ponerla debajo de un celemín. Mis lectores más jóvenes quizá no sepan qué es un celemín, ahí les dejo el pequeño reto de descubrirlo.

La vela que quiere iluminar un poco el campo de juego en que se desenvuelve nuestra convivencia es, obviamente, la sentencia que hemos conocido oficialmente en la mañana del lunes 14 de octubre, dos años después de aquellos sucesos que estremecieron a las sociedades catalana y española. Y existía el temor de que el contenido del fallo, y muy especialmente las penas que recayesen sobre los acusados, fueran causa de un nuevo y doloroso estremecimiento. Dichas penas no son precisamente leves, si es que llegan a cumplirse, que yo creo que no se cumplirán,  pero esas condenas de hasta 25 años de prisión de las que se había hablado les habrían hecho recordar a muchos demócratas españoles aquellas desmesuradas sentencias que solía emitir el malhadado Tribunal de Orden Público.

Creo que existía un amplio consenso entre los ciudadanos españoles – y también entre los juristas – en que los hechos protagonizados o promovidos por los ahora condenados fueron gravísimos. Nada menos que la ruptura del orden constitucional y el intento de secesión unilateral de una parte del territorio español. Una rebelión, o intento de rebelión, como la copa de un pino; pero había dudas entre los juristas sobre si estos hechos encajaban o no en los artículos de nuestro Código Penal, que exigen el concurso de la violencia y parecen más bien pensados para un levantamiento armado como el que sufrimos en febrero de 1983.  Pero hechos como los vividos en Cataluña hace dos años son calificados en el Código Penal alemán como delitos de alta traición y ya sabemos que no son precisamente suaves las penas para quienes, en cualquier lugar y circunstancia, son encontrados culpables de alta traición. También los jueces alemanes, o de una parte de Alemania, tuvieron dificultades para comprender las similitudes entre su propio Código Penal y el nuestro y se negaron a entregar a Puigdemon por los delitos de los que le acusaba el juez instructor. Y no hablemos de los jueces belgas, que con su proverbial sentido de la solidaridad con la democracia española, se negaban incluso a entregar a los etarras que caían por allí.

Así que los jueces del Tribunal Supremo, desde mi punto de vista, le han hecho un buen favor a la convivencia democrática en España. En primer lugar, dejando bien sentado que actuaciones como las protagonizadas por Junqueras, Turull, Forcadell, Romeva y compañía no pueden quedar impunes, no pueden llevarse a cabo sin ser sometidas a un severo reproche penal. Y, en segundo lugar, porque han optado por las penas más leves dado que los hechos estaban ahí, ocurrieron a la vista de todo el mundo, pero había dudas razonables sobre si constituían o no un delito de rebelión tal como lo describe nuestro Código Penal. El debate jurídico y político sobre la sentencia va a continuar, es evidente. Y entre los puntos de controversia no será el menor el  hecho de que el Tribunal, desoyendo la petición de la fiscalía, no haya establecido la obligación  de que los condenados cumplan al menos la mitad de la pena impuesta antes de acceder al tercer grado. Sería humillante, una burla siniestra contra la democracia española, que dentro de unos meses viéramos a estos señores moviéndose libremente por la calle y volviendo a la cárcel sólo para dormir, donde por otra parte disfrutan de unas condiciones similares a las que tendrían en un hotel de cuatro o cinco estrellas.

Los jueces han puesto a favor de la convivencia y el estado de derecho cuanto estaba en su mano. Vamos a ver sin los ciudadanos, de Cataluña y del resto de España, y los representantes de los ciudadanos, en el Parlament y en el Congreso de los Diputados, también lo ponen.

 

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