El caos hipotecario dañará nuestros bolsillos | Por Santiago López Legarda

En la inmensa ola de santa indignación desatada  por las recientes sentencias del Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados solo  faltó que se alzaran algunas voces para recordar un dogma de gran aceptación social en los siglos oscuros del pasado: cobrar intereses por los préstamos es pecaminoso. Menos mal que no ha llegado hasta ahí la cosa, porque el siguiente paso, en buena lógica, habría sido preparar las hogueras para ajustarles las cuentas a los grandes culpables de nuestros males: la banca, que al parecer siempre gana; y sus lacayos, los jueces del alto tribunal español.

Decíamos aquí hace unos días que el pago de impuestos es consustancial a la civilización. Y no puede decirse que el de Actos Jurídicos Documentados esté entre los más injustos, puesto que no pagará (o no pagaba) lo mismo quien tenga capacidad para comprar una mansión en el barrio  madrileño de Salamanca que quien tenga que conformarse con un modesto piso en un barrio proletario de Alcalá de Henares. Pero la contradictoria, y en gran medida incomprensible, actuación de los jueces del Supremo abrió un ventana de oportunidad para que las fuerzas políticas se lanzaran a una carrera frenética por arrimar el ascua a su sardina.

Los dirigentes del populismo izquierdista, siempre deseosos de estar al “lado de la gente”, se apresuraron a convocar una manifestación, nada menos que una manifestación, frente a la sede del propio tribunal. Una iniciativa que no dice nada positivo sobre la idea que tiene Podemos acerca de la división de poderes en un estado de derecho. Iniciativa de descarnados perfiles oportunistas, en especial si tenemos en cuenta que en 2015 esta fuerza política abogada por subir el citado impuesto y de hecho llegó a votar en tal sentido en algún parlamento autonómico.

El Presidente del Gobierno tampoco quiso quedarse atrás y reunió a los medios de comunicación en Moncloa para anunciar campanudamente que “los españoles nunca más pagarán este impuesto”. Olvidaba Sánchez que fue su propio partido el que aprobó en 1993 la norma que nítidamente decía que el pago del impuesto “corresponderá al adquirente del bien”. Y olvidaba también Sánchez, por muy buenas y consoladoras palabritas que quisiera dirigir a la opinión pública,  que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es un coste de producción que ahora tendrán que asumir las entidades financieras y los costes de producción tienden a reflejarse siempre en los precios de los bienes que compramos, ya sea un coche, un abrigo para el invierno o un crédito para adquirir una casa.

¿Y qué decir del oportunismo desplegado por el líder del Partido Popular? Le faltó tiempo a Casado para anunciar la supresión del impuesto en caso de volver al Gobierno. Debería contarnos también cómo va a compensar a las haciendas autonómicas, receptoras de este impuesto. Se calcula que pueden ser unos 2000 millones al año, de modo que el Presidente del PP, por un mínimo sentido de decencia política, debería explicarnos si esa pérdida de recaudación será compensada con la subida de otros impuestos o por el contrario obligará a las gobiernos regionales a endeudarse más o a recortar servicios sociales en la misma proporción.

La guinda del pastel, con la banca pecadora como cabeza de turco, la van a poner los grupos parlamentarios del Congreso con su acuerdo recientísimo para que todos los  gastos de constitución de una hipoteca corran por cuenta de la entidad bancaria, excepto la tasación del inmueble. Quien crea que esto va a ser así y que los usuarios no acabaremos pagando dichos costes por otras vías, seguramente estará dispuesto a creer también que nuestra bajísima tasa de natalidad se debe a que las cigüeñas ya no viajan desde París debido al cambio climático.

Durante décadas todos hemos dado por buena la situación anterior. Los jueces, los políticos y los ciudadanos de a pie. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era un coste más, y no el más importante, de los que había que afrontar al comprar una casa. Ahí están, para demostrarlo, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre el Valor Añadido o los intereses que hay que pagar a lo largo del tiempo por el que se haya contratado la hipoteca. Y de hecho, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados tendrá que seguir pagándolo el comprador cuando adquiera una propiedad con su  dinero, sin recurrir al crédito bancario. Salvo que la ley se cambie y se establezca que a partir de ahora lo abonan comprador y vendedor a partes iguales. Pero en ese caso, qué razón habría para no pagar también a partes iguales, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y los gastos notariales y registrales.

Es verdad que la decisión adoptada por el pleno del Supremo el día 6 de noviembre causó honda frustración en cientos de miles de personas que ya habían puesto en marcha, mentalmente, la máquina registradora. Un bonito regalo caído del cielo, ahora que se acercan las fechas navideñas. Pero reconozcamos que, al dejar las cosas como estaban y como todos veníamos aceptando desde hace décadas, los jueces del Supremo le han prestado un buen servicio a la economía y al conjunto de la ciudadanía española: el de evitarnos el lío monumental en el que nos habríamos metido con una avalancha de reclamaciones para recuperar lo pagado en su día. Y dentro de ese lío, la injusticia evidente de por qué habría que devolver lo pagado a unos sí y a otros no dependiendo de la fecha de compra-venta. Mucho mejor y más razonable el borrón y cuenta nueva, es decir, dejar las cosas como estaban; y si el Gobierno y las fuerzas políticas consideran que hay que cambiar el sujeto pasivo del impuesto pues que modifiquen la ley, como pidió el Presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Pero ya veremos si todo el asunto no acaba ante la justicia europea, tan propensa a tirarnos de las orejas.

Santiago López Legarda, periodista alcalaíno

¡NUEVO canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.