- Una reflexión sobre el insulto, la polarización y las responsabilidades para recuperar el diálogo y proteger la convivencia democrática en nuestras calles.
- Adolfo Carballo se define como ciudadano del mundo. Activista de derechos humanos. Cuestiono lo evidente, exploro los mundos que llevo dentro y busco que cada pensamiento y acción tengan sentido propio. Como decía Voltaire: “El sentido común es el menos común de los sentidos”.
Cuando el insulto sustituye a la palabra y el malestar amenaza la convivencia democrática ¡Hijo de puta! Tres palabras. Ningún argumento. Ninguna voluntad de comprender. Tan solo el deseo de humillar, desacreditar y convertir al otro en alguien que no merece ser escuchado.
Podría parecer una expresión más, una salida de tono, una vulgaridad que se pierde entre los millones de mensajes que circulan cada día por las redes sociales. Sin embargo, cuando el insulto se convierte en una forma habitual de intervención pública, cuando se utiliza para sustituir las razones y quienes tienen mayor responsabilidad política lo normalizan, deja de ser una simple cuestión de educación. Se convierte en un síntoma de algo más profundo: el deterioro de nuestra convivencia democrática.
Una democracia no se sostiene únicamente con elecciones, leyes y procedimientos. También necesita palabras que permitan discrepar sin destruir, instituciones que merezcan confianza y ciudadanos capaces de reconocer en quien piensa de manera diferente a un adversario, no a un enemigo.
La palabra deja de servir para entendernos cuando renunciamos a pensar lo que decimos. Hannah Arendt reflexionó sobre la relación entre pensamiento, lenguaje y responsabilidad. Pensar exige detenerse, examinar lo que hacemos y preguntarnos por las consecuencias de nuestros actos. El insulto, por el contrario, puede convertirse en una manera de evitar ese esfuerzo: en lugar de discutir una idea, desacreditamos a quien la expresa; en lugar de responder a un argumento, atacamos a la persona.
Así resulta más fácil alimentar la indignación que fomentar la reflexión. Lo vemos en la política, en las tertulias, en las redes sociales y en conversaciones cotidianas. La discrepancia se transforma en descalificación; el desacuerdo, en sospecha; y quien no comparte nuestras posiciones pasa a ser presentado como un traidor, un ignorante o alguien que amenaza nuestra forma de vida.
No se trata de exigir una sociedad sin enfado, sin ironía o sin crítica. La crítica es imprescindible y la indignación puede estar plenamente justificada ante una injusticia. El problema comienza cuando renunciamos a explicar por qué estamos indignados y nos conformamos con señalar a quién debemos odiar. Entonces, el insulto deja de ser una excepción y empieza a funcionar como lenguaje político.
Cuando eso sucede, conviene preguntarse quién lo utiliza, con qué propósito y qué obtiene de una sociedad permanentemente enfrentada. En España sabemos que la palabra puede ser vigilada, silenciada y castigada. La dictadura franquista limitó las libertades, persiguió la disidencia y sometió la expresión pública a la censura. La democracia supuso una conquista fundamental frente a aquel pasado.
Conviene, no obstante, establecer una diferencia esencial: la normalización actual del insulto no equivale a la represión de una dictadura. Confundir ambas realidades sería injusto con quienes sufrieron la falta de libertades y poco riguroso con nuestra propia historia. Pero recordar no consiste únicamente en mirar hacia atrás. También significa aprender a reconocer las señales que deterioran una convivencia democrática.
La libertad de expresión protege la crítica, incluso cuando resulta incómoda, áspera o molesta para el poder. No obliga a aceptar la mentira como verdad ni convierte cualquier conducta en legítima por el mero hecho de expresarse públicamente. Y, sobre todo, no nos exime de la responsabilidad de valorar lo que decimos y las consecuencias que nuestras palabras pueden tener.
La democracia no se defiende censurando toda expresión que nos disgusta. Se defiende garantizando derechos, exigiendo responsabilidades cuando corresponda y evitando que el desprecio se convierta en la única forma de relacionarnos. El deterioro del debate público tampoco es un fenómeno sin responsables, una especie de tormenta que simplemente ha aparecido sobre nuestras cabezas. Hay decisiones, discursos y comportamientos que contribuyen a alimentarlo. Y debemos tener el valor de señalarlos.
Los mensajes de la ultraderecha que deshumanizan a sus adversarios, presentan a determinados colectivos como una amenaza permanente o convierten la exclusión en una consigna política merecen una crítica firme. Cuando se identifica al diferente como un enemigo al que hay que expulsar, silenciar o destruir, no estamos ante una discrepancia ideológica más. Estamos ante una forma de discurso que puede erosionar la convivencia y legitimar el desprecio.
Esto no significa atribuir a todos los votantes de una opción política las mismas ideas ni responsabilizar a una ideología de cualquier acto cometido en su nombre. Significa exigir a quienes ocupan espacios de poder que midan sus palabras, que no jueguen con el miedo y que comprendan que la libertad política lleva aparejada una responsabilidad pública.
Tampoco podemos ignorar el papel de la justicia. La independencia judicial es una garantía esencial del Estado de derecho, pero la confianza ciudadana no se obtiene reclamando como un acto de fe. Se construye mediante resoluciones motivadas, imparcialidad, transparencia dentro de los límites legales y una aplicación de la ley que no dependa de la identidad o de las ideas de quien comparece ante ella.
Criticar una resolución judicial no equivale a atacar la justicia. Cuestionar una actuación concreta tampoco demuestra, por sí solo, que exista parcialidad. Pero cualquier indicio serio de trato desigual debe poder examinarse sin que la mera crítica sea presentada como una amenaza a las instituciones. Defender la independencia judicial implica también defender la rendición de cuentas y la igualdad ante la ley.
Lo mismo sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Su labor es fundamental para proteger los derechos, garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley. Precisamente por la importancia de esa función, sus actuaciones deben poder ser examinadas cuando existan motivos fundados para hacerlo. La autoridad merece respeto, pero no está por encima de la legalidad ni del control democrático. Señalar una actuación presuntamente irregular no significa desacreditar a todos los profesionales que desempeñan su trabajo con responsabilidad.
Y están los medios de comunicación. El periodismo tiene la obligación de informar, contrastar, contextualizar y ayudar a distinguir los hechos de las opiniones. No se puede exigir neutralidad ante una mentira demostrada ni convertir la objetividad en una excusa para ocultar responsabilidades. Pero tampoco resulta aceptable presentar el conflicto como un espectáculo permanente, amplificar declaraciones incendiarias sin contexto o alimentar la indignación porque genera audiencia.
Cuando el ruido vende, existe la tentación de convertir cada enfrentamiento en una batalla y cada discrepancia en una amenaza. Cuando los titulares sustituyen al contexto y las opiniones se presentan como hechos, la ciudadanía pierde herramientas para comprender lo que sucede.
No todos los partidos, jueces, agentes de seguridad o periodistas actúan de la misma manera. Sería injusto y contraproducente afirmarlo. Las responsabilidades deben establecerse a partir de conductas concretas, decisiones verificables y pruebas. Pero tampoco debemos utilizar esa cautela para eludir las preguntas incómodas: ¿quién alimenta la hostilidad?, ¿quién obtiene rédito político o económico de una sociedad enfrentada?, ¿quién tiene la obligación de actuar con mayor prudencia y, sin embargo, contribuye a extender el enfrentamiento? ¿Quién debe investigar, informar o garantizar derechos y no está a la altura de esa responsabilidad?
No basta con condenar el ruido. Hay que examinar quién lo produce, quién lo amplifica y quién permite que sus consecuencias queden sin respuesta. Durante un tiempo hemos hablado de él como si fuera una amenaza que algún día podría abandonar las pantallas y llegar a nuestras calles. Pero el ruido ya está en ellas.
Está en las concentraciones donde la discrepancia puede convivir con el respeto, pero también en los episodios en los que la intimidación intenta sustituir a la palabra. Está en las conversaciones que se rompen antes de empezar, en las familias que evitan determinados temas para no discutir y en los vecinos que empiezan a mirarse con desconfianza por sus ideas políticas.
Conviene hacer una distinción imprescindible: manifestarse no es un problema para la democracia. Es un derecho fundamental. Protestar, exigir responsabilidades y expresar indignación son formas legítimas de participación ciudadana. El problema aparece cuando la protesta se convierte en agresión, cuando se amenaza a quien piensa de otra manera o cuando se pretende imponer por la fuerza lo que no se consigue defender con razones.
No debemos confundir el malestar social con la violencia, pero tampoco podemos ignorar el malestar hasta que la violencia aparezca. Detrás de la tensión política hay problemas materiales que no desaparecen con discursos grandilocuentes: dificultades para acceder a una vivienda, precariedad laboral, salarios que no permiten vivir con tranquilidad, desigualdades persistentes y una sensación de que el esfuerzo cotidiano no siempre se traduce en un futuro mejor.
Cuando una persona siente que trabaja y no puede emanciparse, que cumple con sus obligaciones y cada vez llega con más dificultad a fin de mes, o que las instituciones no escuchan sus problemas, la frustración puede crecer. Esa frustración no conduce inevitablemente a la violencia. Pero sí puede convertirse en terreno fértil para quienes ofrecen respuestas fáciles, buscan culpables entre los más vulnerables o presentan al adversario político como responsable de todos los males.
La responsabilidad de la política consiste, precisamente, en evitar ese aprovechamiento del sufrimiento. No se puede pedir serenidad a la ciudadanía mientras se alimenta su indignación con mensajes de odio, ni reclamar confianza en las instituciones sin trabajar para merecerla. Nadie puede predecir con certeza cómo evolucionará una sociedad sometida a una polarización constante. Afirmar que un estallido social es inevitable sería tan irresponsable como asegurar que nunca sucederá nada.
Pero sí podemos reconocer los riesgos. Las sociedades no se fracturan únicamente por una gran crisis. A veces, la fractura se va construyendo lentamente: con pequeñas humillaciones, con la desconfianza acumulada, con la pérdida de referencias compartidas y con la idea de que el otro no tiene nada legítimo que decir.
Cuando cada grupo cree poseer toda la verdad, cuando cualquier concesión se interpreta como una derrota y cuando la violencia verbal se acepta como parte del juego, disminuye el espacio para el entendimiento. Y, sin ese espacio, los conflictos se vuelven más difíciles de resolver.
El peligro no es que existan desacuerdos profundos. Una democracia viva necesita desacuerdos. El peligro es que dejemos de reconocer la legitimidad de quien discrepa y que empecemos a considerar aceptable cualquier medio para derrotarlo. Una sociedad puede soportar debates duros, protestas multitudinarias y cambios políticos importantes. Lo que no debería normalizar es la idea de que la convivencia constituye una debilidad y que el respeto es una concesión que solo merece quien piensa como nosotros.
Sería cómodo atribuir todo lo que sucede a los políticos, los jueces, los cuerpos de seguridad o los medios de comunicación. Todos ellos tienen responsabilidades específicas y, por el alcance de su actividad, muchas veces una capacidad de influencia superior a la de cualquier ciudadano. Pero eso no nos exime de revisar nuestro propio comportamiento.
Cada vez que compartimos una acusación sin comprobarla, contribuimos a extender la desinformación. Cada vez que celebramos una humillación porque la víctima pertenece al bando contrario, aceptamos una forma de degradación que mañana puede volverse contra cualquiera. Cada vez que confundimos el desacuerdo con una ofensa personal, reducimos un poco más el espacio común.
No tenemos todos la misma responsabilidad ni el mismo poder. No es comparable una opinión privada con el discurso de un dirigente que puede influir sobre miles de personas. Tampoco es equiparable una equivocación periodística corregida con una campaña deliberada de desinformación. Precisamente por eso, debemos exigir más a quienes tienen mayor capacidad para condicionar la conversación pública.
Pero el cambio también comienza en lo cotidiano: en la conversación que no abandonamos por pensar distinto, en la noticia que verificamos antes de difundirla, en la crítica que argumentamos y en el límite que ponemos cuando alguien pretende que el odio se convierta en una obligación de grupo.
No se trata de permanecer equidistantes ante la injusticia. No todas las posiciones son iguales ni todas las afirmaciones tienen el mismo fundamento. Se trata de defender nuestros principios sin renunciar a la verdad, a la dignidad de las personas y a la responsabilidad de nuestras palabras. La tolerancia no consiste en aceptar cualquier conducta. Consiste en defender el derecho a discrepar sin convertir al discrepante en un enemigo al que todo vale la pena hacerle.
George Orwell advirtió, a través de su obra, sobre los peligros de la manipulación del lenguaje y de los discursos que pretenden deformar nuestra percepción de la realidad. Cuando las palabras pierden su significado, cuando la mentira se repite hasta parecer verdad y cuando dejamos de distinguir entre hechos y consignas, nuestra capacidad para pensar libremente queda comprometida.
Por eso, recuperar el valor de las palabras no es una cuestión menor ni un ejercicio de buenos modales. Es una tarea democrática. Necesitamos una política capaz de discutir los problemas reales sin fabricar enemigos; una justicia independiente que inspire confianza y acepte la crítica fundada; unos cuerpos de seguridad que protejan los derechos con profesionalidad y sometidos al control legal; y unos medios de comunicación que entiendan que informar no consiste en echar más leña al fuego.
Necesitamos, además, ciudadanos que no confundan la firmeza con la crueldad ni la libertad de expresión con la ausencia de responsabilidad. No sabemos qué forma adoptará el malestar acumulado ni hasta dónde puede llegar la tensión social. Lo que sí sabemos es que ignorar sus causas, despreciar a quienes las sufren o convertir la indignación en una herramienta de enfrentamiento no hará que desaparezcan.
Quizá la pregunta no sea únicamente qué puede ocurrir si el ruido continúa creciendo. La pregunta es qué estamos haciendo, cada uno desde nuestro lugar, para que no termine ocupándolo todo. Porque detrás de cada insulto hay una renuncia: la de intentar comprender, la de argumentar, la de reconocer al otro como alguien con quien compartimos una sociedad, aunque no compartamos sus ideas.
Y cuando esa renuncia se extiende, la democracia puede conservar sus instituciones y sus procedimientos mientras se vacía, poco a poco, de la cultura que los hace posibles. Por eso conviene volver al principio. «¡Hijo de puta!» Podemos pronunciarlo, repetirlo y celebrarlo entre quienes piensan como nosotros. Podemos incluso convencernos de que, al hacerlo, estamos defendiendo una causa justa. Pero el insulto no demuestra que tengamos razón. Tampoco resuelve una injusticia, mejora una vida ni devuelve la confianza perdida. Solo deja más ruido. Y el ruido, por sí solo, no construye nada.
La democracia necesita palabras que expliquen, hechos que se puedan comprobar, instituciones que respondan y ciudadanos que no renuncien a pensar. Necesita crítica, memoria, justicia y responsabilidad. Necesita, sobre todo, que nadie crea tener derecho a deshumanizar al otro por el simple hecho de discrepar.
El insulto no es, por sí solo, el final de la democracia. Pero puede ser uno de los síntomas de que algo empieza a fallar en ella. Y cuando el ruido ya está en las calles, quizá todavía estemos a tiempo de escuchar lo que hay detrás de él. Antes de que el grito sustituya definitivamente a la palabra, tendremos que decidir si queremos seguir enfrentándonos como enemigos o volver a reconocernos como ciudadanos.
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