- Maricarmen vuelve a casa, pero Sol sigue acampada: la vivienda exige soluciones que protejan al inquilino sin convertir al pequeño propietario en culpable.
Hay imágenes que no necesitan editorial. Una mujer de ochenta y siete años, setenta de ellos en el mismo piso de Retiro, sale en camilla porque el contrato que nació con su padre ya no cabe en la ley y el mercado le pide mil seiscientos cincuenta euros con una pensión que no llega. Al día siguiente, cientos de personas —muchas con la edad de sus nietos— plantan tiendas bajo la Casa de Correos. Quince años después del 15-M, Sol vuelve a oler a cartón, a termos y a esa mezcla rara de rabia y cuidado que aparece cuando una ciudad entiende, de golpe, que el techo ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un sorteo.
Quien acampa no es un decorado. Duerme mal, barre la plaza, reparte bizcocho y pregunta a Pedro Sánchez qué problema tiene su partido con que haya vidas estables. Se puede disentir de sus recetas. No se puede fingir que no hay motivo.
El caso de Maricarmen Abascal no es un meme ni una excepción pintoresca. Es el punto en el que varias fallas del arrendamiento español coinciden en una sola puerta. Contrato de renta antigua, subrogación limitada, muerte de la generación que firmó, compraventa del inmueble a una empresa que opera con la lógica del rendimiento, oferta de compra a precio de mercado inasumible y, en su defecto, un salto de renta que convierte la pensión en un chiste. Los tribunales, hasta el Supremo, han dicho que eso es legal. Legal no es sinónimo de habitable. Entender esa distinción no obliga a romper el Código Civil; obliga a no esconderse detrás de él.
Conviene, aquí, ser riguroso, porque la vivienda española no es un bloque único y quien lo pinte así miente o no ha leído un contrato en su vida. No es lo mismo un fondo que acumula manzanas enteras que un particular con dos pisos heredados; no es lo mismo un gran tenedor que quien alquila el piso de la abuela para completar la nómina; no es lo mismo un alquiler de temporada usado como truco para saltarse la LAU que un contrato de cinco o siete años cumplido a rajatabla; no es lo mismo la renta antigua, residual y cada vez más frágil, que el mercado libre de 2026 en Chamberí o en el centro de Alcalá.
Hay casuística de sobra. Hay propietarios que no especulan y hay inquilinos que no pagan. Hay comunidades que han optado por aplicar los instrumentos de la ley estatal y declarar zonas tensionadas y hay otras, como Madrid, cuyo Gobierno rechaza ese modelo. Reconocer esa complejidad no es un pretexto para no hacer nada. Es, precisamente, la condición para hacer algo que no sea un eslogan.
Porque el «no hacer nada» ya tiene factura. Los jóvenes que esta noche siguen en Sol no inventan el problema: lo habitan. Hay quien vuelve a casa de los padres a los veintiocho, quien destina más de la mitad del sueldo al alquiler, quien comparte habitación como si fuera un destino y no un parche, quien quiere ser madre y calcula que no podrá.
Maricarmen es el extremo visible de una cadena que empieza mucho antes: precios que no bajan, oferta que no llega, turismo que come barrio, temporada y habitaciones que agujerean la norma, desahucios que se ejecutan con orden judicial y con un despliegue que parece pensado para una revuelta y no para una octogenaria.
El Sindicato de Inquilinas —con sus defectos, su asamblearismo y su ultimátum— ha puesto nombre a una exigencia que el Congreso lleva años esquivando: contratos más estables, límites efectivos a las rentas, fin del fraude de la temporada y protección cuando no hay alternativa habitacional. Se puede discutir cada punto. Lo que ya no se sostiene es el argumentario de que el mercado, dejado a su aire, acabará por alojar a todo el mundo.
Este martes 29 el Consejo de Ministros tiene encima de la mesa un real decreto que Moncloa ha aprendido a llamar, a regañadientes, «de vivienda» y que la plaza llama «decreto Maricarmen». A primera hora de esta mañana, PSOE y Sumar seguían negociando su contenido. Las propuestas conocidas incluyen prórrogas extraordinarias de contratos, protección frente a determinados desahucios y límites a algunas actualizaciones de renta. La letra pequeña será la que decida cuánto hay de escudo y cuánto de titular.
Quien espere que esa norma cierre el conflicto se equivoca: ni siquiera sus promotores en Sol la consideran suficiente si no aborda la estabilidad de los contratos. Quien espere que no hacer decreto sea neutral también se equivoca. La neutralidad, en este asunto, es una forma de política. Dejar que el tiempo resuelva es dejar que resuelva el que puede esperar.
En Madrid, esa espera tiene portavoz. Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la acampada con una pregunta que ya es patrimonio de la semana: que le avisen a partir de qué edad deja de pagar a sus caseros para quedarse en su vivienda y poder sumarse a la próxima manifestación. Luego precisó que no frivolizaba con un desahucio, sino con las «ocurrencias» del Gobierno.
El matiz no salva el encuadre. Hablar de edad y de dejar de pagar pocos días después de sacar a Maricarmen en camilla es, como mínimo, un oído de hojalata. Añadió que Sol perjudica a comerciantes y visitantes, cuestionó que Delegación del Gobierno permita la acampada y defendió que si alguien no tiene casa no es culpa de quien la tiene.
Hay argumentos políticos en esa retahíla que pueden discutirse: las competencias del Estado, los efectos de una acampada prolongada sobre el centro de Madrid o los derechos de los propietarios. Pero queda también un hueco moral del tamaño de un portal. El Gobierno autonómico ofreció una plaza en una residencia pública a Maricarmen. Ella no quería una residencia. Quería su casa.
José Luis Martínez-Almeida, desde Cibeles, ha elegido el camino del pulso institucional: gabinete de crisis, advertencias a Delegación del Gobierno y recuerdo del 15-M, cuando también se tardó en levantar Sol. El alcalde tiene razón en una cosa prosaica: una acampada indefinida en el kilómetro cero no es un picnic y alguien debe garantizar limpieza, paso y seguridad. La cuestión es si esa prosa basta para no hablar de precios y de vivienda pública municipal.
Y luego está el ático de Chamberí. Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad, compró el inmueble por 6,3 millones de euros y posteriormente se acordó su arrendamiento a la propia Comunidad por 3.000 euros mensuales durante diez años. El Gobierno regional ha defendido su posible utilización institucional y como alojamiento ocasional de autoridades. Un informe interno cuestionó, sin embargo, que la necesidad e idoneidad de la operación estuvieran suficientemente justificadas. El inmueble terminó puesto a la venta.
El contraste era demasiado fácil para que los manifestantes lo dejaran pasar. Cuando el desahucio aún olía a madera rota, apareció la convocatoria «al ático de Ayuso». Puede parecer demagogia. También puede parecer un mapa: de un lado, la casa que se hereda en el tiempo; del otro, un inmueble público de lujo cuya utilidad ha terminado convertida en discusión política.
La tentación de la semana ha sido convertir Sol en un plató. El lunes aparecieron Bertrand Ndongo y Vito Quiles para grabar. La plaza terminó expulsándolos entre gritos de «fuera fascistas». En las imágenes difundidas de Ndongo se aprecia que llevaba un spray de pimienta en la mano antes de que un manifestante se lo quitara de un golpe. Sobre su utilización existen versiones enfrentadas. Quiles también terminó abandonando la plaza entre empujones y enfrentamientos de manifestantes con quienes le acompañaban.
Hay que decir las dos cosas a la vez: una acampada que se pretende pacífica no gana nada con empujones, persecuciones ni intentos de impedir que alguien grabe, por incómodo o provocador que resulte. Y quien entra en una concentración de estas características buscando el choque sabe perfectamente que una trifulca puede cambiar el encuadre de la noticia. El resultado es siempre el mismo: dejan de verse las tiendas y empieza a verse la pelea. Quien de verdad quiera discutir de vivienda debería procurar que el protagonista siga siendo el alquiler y no el último vídeo viral.
Tampoco ayuda, y esto se dice desde Alcalá porque aquí la conocemos el cortocircuito de quienes predican contra el alquiler abusivo y aparecen, en el portal de transparencia, como arrendadores. Blanca Ibarra, exconcejala socialista de esta ciudad y voz habitual de las redes del PSOE, escribió su apoyo a «todas las personas que están sufriendo alquileres abusivos» el mismo fin de semana en que Sol se llenaba de lonas. Su declaración de bienes de 2023 recoge arrendamientos de cuatro oficinas, tres viviendas y una plaza de garaje, con 43.800 euros anuales en beneficios compartidos, además de un patrimonio inmobiliario y financiero considerable.
Eso no la convierte en un fondo buitre, ni demuestra que cobre alquileres abusivos, ni anula su crítica al Plan VIVE. La pone, eso sí, en el lado incómodo de la casuística que este texto se niega a borrar: hay rentistas pequeños, medianos y grandes, y hay discursos que se resquebrajan cuando el PDF municipal sale a pasear. La coherencia no se exige solo a Ayuso.
Lo que se exige, a estas alturas, es una decisión. No una de trinchera. Una que distinga al particular del fondo, que no condene al pequeño propietario a ser el pagano de una política que no construye y que no deje al inquilino de renta antigua, o al de contrato que vence el año que viene, a merced de un mercado que en el centro de Madrid ha perdido el sentido de la proporción.
Congelar no es lo mismo que indefinir; prorrogar no es lo mismo que garantizar; ofrecer una residencia no es lo mismo que garantizar el domicilio. Y en el caso de Maricarmen, al menos, la movilización ya ha provocado un desenlace que parecía imposible hace unos días: un acuerdo permitirá que vuelva a la vivienda mediante un nuevo contrato de ocho años y una renta similar a la que pagaba antes del desahucio. Eso resuelve una casa. No resuelve la vivienda.
El decreto de esta mañana, sea cual sea finalmente su texto, llegará tarde para muchos si se limita a aplazar el problema dos años y confiar después en que el mercado haya aprendido buenos modales. También será insuficiente si las administraciones continúan trasladándose unas a otras la responsabilidad mientras la vivienda pública sigue sin crecer al ritmo de la necesidad.
Hay un argumento que se repite a la derecha de la plaza y que merece respuesta sin grito: que la propiedad también es un derecho, que quien abre su casa no puede ver cómo le cambian las reglas a mitad de partida, que los contratos existen para cumplirse. Es verdad.
También es verdad que una sociedad que solo sabe hacer cumplir el contrato cuando el débil pierde corre el riesgo de convertir el Derecho en una herramienta de desalojo. La LAU no nació para producir octogenarias en la calle ni para producir campamentos. Nació para ordenar un mercado. Cuando el mercado ya no ordena, la ley tiene que volver a entrar. No para expropiar el sentido común. Para impedir que la única política de vivienda sea esperar a que el siguiente contrato venza.
Quienes duermen esta noche en Sol no van a diseñar el BOE. Van a leerlo. Y van a decidir si recogen o si se quedan. Esa es su parte. La de las instituciones, la de Moncloa, la de Sol, la de Cibeles y también la de los ayuntamientos que miran hacia otro lado cuando el alquiler se come el salario es otra: dejar de tratar la vivienda como un recorte de hemeroteca. Maricarmen no pedía la revolución. Pedía no ser la última de una lista.
Si después de esta semana seguimos discutiendo solo quién es el culpable de la foto, habremos entendido la acampada al revés. La plaza no está ahí para decorar un decreto. Está ahí porque el decreto, durante demasiado tiempo, no estuvo.
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