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Fiscalía investiga al Gobierno PP-Vox por abrir piscinas contaminadas; Más Madrid denuncia posible delito contra la salud pública y exige responsabilidades.
La llamada “crisis de las piscinas municipales contaminadas” en Alcalá de Henares ha dado un salto judicial. La Fiscalía de Alcalá ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por Más Madrid, que acusa al Gobierno local de PP y Vox de haber permitido el baño en instalaciones públicas pese a conocer la presencia de bacterias por encima de los límites legales. La oposición habla de “opacidad” y exige responsabilidades a la alcaldesa Judith Piquet.
La concejala y portavoz de Más Madrid en Alcalá, Rosa Romero, ha explicado que su formación ha puesto en conocimiento de la Fiscalía hechos que, a su juicio, “podrían ser constitutivos de varios presuntos delitos como delito contra la salud pública, prevaricación administrativa y desobediencia grave por inejecución de resoluciones sanitarias firmes”.
“Nuestra obligación como oposición al Gobierno municipal del Partido Popular y Vox es vigilar su gestión y exigir que se proteja en todo momento la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas”, sostuvo Romero. “Ahora será la Justicia quien depure responsabilidades. Esperamos que el Gobierno de Judith Piquet abandone su opacidad y aporte a la Justicia toda la documentación que no nos ha facilitado a la oposición”, añadió.
Los hechos en cuestión
Según la documentación aportada por Más Madrid, la historia arranca el 27 de junio de 2025, cuando la Inspección Sanitaria municipal tomó muestras de agua en las piscinas de verano de la Ciudad Deportiva del Val y del Juncal, como exige la normativa antes de abrir las instalaciones. Sin embargo, al día siguiente, 28 de junio, las piscinas abrieron sus puertas al público sin disponer todavía de los resultados de esos análisis.
El 30 de junio, el Laboratorio Municipal remitió los informes correspondientes y en ellos aparecía la alerta: se había detectado la bacteria Pseudomonas aeruginosa en tres vasos distintos, con niveles por encima de los límites legales. A raíz de esa confirmación, el 1 de julio se dictaron resoluciones de precinto inmediato de los vasos afectados, invocando expresamente el riesgo para la salud pública.
La polémica llega en el siguiente paso: pese a esas resoluciones de suspensión de uso, las piscinas siguieron abiertas al público. No consta, subraya la denuncia, ningún informe técnico municipal que contradijera los análisis ni resolución que levantara los precintos. Así, durante días, centenares de usuarios, incluidos muchos menores, siguieron bañándose en vasos contaminados, expuestos a una bacteria que puede causar infecciones dérmicas, otitis o conjuntivitis, y complicaciones mayores en personas inmunodeprimidas.
Para Más Madrid, esta actuación, permitir la apertura sin esperar los análisis, ignorar las resoluciones de precinto y mantener las instalaciones operativas pese a la contaminación, constituye una vulneración de la normativa sanitaria y podría encajar en un presunto delito contra la salud pública por imprudencia grave u omisión de deber legal.
Una crisis incómoda para el Gobierno local
Más allá de la letra judicial, el caso golpea de lleno a la línea de flotación del Ejecutivo de Piquet, que había hecho bandera de la “normalidad” en las instalaciones deportivas municipales tras el cambio de gobierno. La apertura de diligencias por parte de Fiscalía coloca ahora al Ayuntamiento en una situación incómoda, sometido al escrutinio de la Justicia y con la oposición reclamando explicaciones inmediatas.
Desde el Gobierno local, por el momento, no se ha ofrecido versión oficial ni valoración sobre la denuncia ni sobre la investigación en marcha. La alcaldesa y su equipo se enfrentan, en cualquier caso, a un relato que trasciende el ámbito político para instalarse en el terreno de la salud pública, lo que inevitablemente multiplica la sensibilidad del asunto.
Lo que empezó como una queja vecinal por el estado de las piscinas municipales se ha convertido, con el paso de las semanas, en una crisis política de primer orden. La imagen de bañistas en agua con bacterias no solo pone los pelos de punta, sino que interpela directamente a la confianza ciudadana en que lo básico, la salubridad de unas piscinas públicas en verano, se gestiona con seriedad. Ahora será la Justicia la que diga si hubo imprudencia o simple dejadez, pero el daño reputacional para el Ayuntamiento ya está hecho: nadie quiere que su gobierno sea recordado por abrir las puertas del chapuzón… con la bacteria dentro. Y será en la Fiscalía de la Plaza de la Paloma, en pleno corazón de Alcalá, donde se empiece a dirimir el caso.
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