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El director de ALCALÁ HOY analiza la propuesta de Sánchez, el choque con big tech y el debate sobre poder y democracia.
Cuando Pedro Sánchez anunció su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, no tardaron ni veinticuatro horas en aparecer los gritos. Y no llegaron desde asociaciones de madres y padres, ni desde el ámbito educativo, ni siquiera desde la oposición parlamentaria. Los primeros en saltar fueron los propietarios del patio digital. El más ruidoso fue Elon Musk, que decidió elevar el debate político a la altura de un vestuario de instituto y bautizó al presidente español como “Dirty Sánchez”, acompañado de un emoji de excremento. Poco después, Pavel Durov envió un mensaje masivo a millones de usuarios españoles alertando de una supuesta deriva autoritaria y de la llegada de un “estado de vigilancia” bajo la excusa de proteger a los menores. Todo muy exagerado. Todo muy revelador.
Porque detrás del ruido, los memes y las salidas de tono, lo que está en juego no es solo si un chaval de 13 años debería tener TikTok, Instagram o X. La pregunta de fondo es bastante más incómoda: quién manda hoy en el espacio público digital. Conviene desmontar desde el principio una caricatura interesada. La propuesta de Sánchez no nace de una cruzada moral repentina ni de un impulso censor disfrazado de pedagogía. Nace de una constatación política bastante prosaica: el Estado ha perdido capacidad real de control sobre un espacio que condiciona la vida social, emocional y mental de millones de personas, incluidos menores de edad.
La protección de la infancia funciona aquí como marco ético compartido. Es difícil oponerse sin quedar retratado. Pero reducir la iniciativa a eso sería ingenuo. Lo que se plantea es reabrir el debate sobre la soberanía democrática frente a plataformas privadas globales que operan por encima de fronteras, legislaciones y controles efectivos. No es casual que el anuncio se hiciera en un foro internacional, ni que se señalara directamente a los algoritmos, a la responsabilidad penal de los ejecutivos o a la necesidad de una verificación de edad real y no meramente decorativa. Tampoco es casual que se supiera de antemano que Musk, Durov y compañía reaccionarían con furia. En política, a veces provocar la reacción forma parte del mensaje.
Durante años, las redes sociales han funcionado bajo una lógica simple y brutal: crecer, captar atención y monetizarla. Todo lo demás —salud mental, adicción, acoso, desinformación— quedaba subordinado. Especialmente cuando se trataba de menores. Los datos son conocidos y apenas discutidos: aumento de la ansiedad y la depresión, problemas de autoestima, exposición temprana a pornografía, normalización del odio y del acoso como forma de interacción. La literatura científica lleva tiempo advirtiéndolo, pero el poder político ha llegado siempre tarde, temeroso de parecer anticuado, paternalista o directamente autoritario.
La propuesta española, con todas sus limitaciones, rompe esa inercia. No promete soluciones milagro, pero introduce una idea incómoda para Silicon Valley: el espacio digital no es una jungla sin ley. Y ahí es donde empiezan los nervios. Las reacciones de Musk y Durov son tan desproporcionadas que merecen leerse con calma. Ninguno entra en el fondo del debate. Ninguno discute seriamente la protección de los menores. Ambos optan por el maximalismo retórico: fascismo, tiranía, censura, vigilancia. ¿Por qué? Porque regular el acceso de menores no amenaza la libertad de expresión; amenaza otra cosa mucho más tangible: el modelo de negocio basado en la captación temprana de usuarios.
Menos menores conectados implica menos datos, menos engagement, menos tiempo de pantalla y menos rentabilidad futura. Cuando Musk llama “Dirty Sánchez” al presidente español no está defendiendo derechos fundamentales, está defendiendo una plataforma que vive del conflicto permanente y la viralidad sin freno. Cuando Durov alerta de un Estado opresor, omite convenientemente que Telegram lleva años esquivando responsabilidades legales amparándose en la privacidad incluso cuando se trata de delitos graves. La pregunta incómoda es evidente: por qué quienes se proclaman paladines de la libertad se niegan sistemáticamente a aceptar límites democráticos.
Conviene también ser honestos. La prohibición no va a impedir que todos los menores accedan a redes sociales. Habrá VPN, cuentas prestadas, trampas y zonas grises. La verificación de edad plantea problemas técnicos y de privacidad que no pueden ignorarse. Pero el debate no es binario. No es todo o nada. Una regulación así cambia el marco legal y simbólico, obliga a las plataformas a invertir, adaptarse o pagar multas, y traslada la responsabilidad del “miramos a otro lado” al “hagan algo o habrá consecuencias”. No elimina el problema, pero rompe la ficción de que no se puede hacer nada.
España, además, no va sola. Australia, Francia, Dinamarca, Noruega o el Reino Unido exploran vías similares. La Unión Europea empieza a asumir que la autorregulación de las plataformas ha fracasado. El RGPD fue un primer aviso. Esto es un segundo asalto, más incómodo y más político. Que España quiera colocarse en la avanzadilla no es casual. Sánchez busca liderazgo europeo, sí, pero también algo más elemental: recuperar la idea de que la democracia puede poner reglas al mercado tecnológico. Para algunos magnates, eso resulta intolerable.
Volviendo al “Dirty Sánchez”, más allá de lo vulgar y lo innecesariamente escatológico, el insulto dice mucho más de quien lo lanza que de quien lo recibe. Cuando un multimillonario reduce un debate democrático a una broma de mal gusto suele ser porque no le interesa el debate. La inmadurez retórica esconde una incomodidad real: por primera vez en mucho tiempo, alguien se atreve a cuestionar el poder de las plataformas desde una posición institucional fuerte. No es una revolución ni una cruzada moral, pero sí una línea roja.
Eso no significa cerrar filas sin matices. Toda regulación tecnológica entraña riesgos. La verificación de edad debe ser proporcional, la privacidad debe protegerse y el control de algoritmos no puede convertirse en censura encubierta. Aquí el periodismo tiene un papel irrenunciable: vigilar al vigilante, exigir transparencia y límites claros. Defender a los menores no implica entregar cheques en blanco al poder político. Pero una cosa no debería impedir la otra.
Al final, la discusión no va de Sánchez, ni de Musk, ni de Durov. Va de algo más profundo: si aceptamos que el espacio donde se forman las identidades, las opiniones y las emociones de millones de jóvenes siga gobernado exclusivamente por intereses privados opacos. Quizá la propuesta sea imperfecta, quizá llegue tarde y quizá no funcione del todo. Pero plantea una pregunta que ya no se puede esquivar: si estamos dispuestos a seguir llamando libertad a un sistema que no protege ni a los más vulnerables. El ruido pasará, los insultos también. Lo que quede será esa pregunta. Y convendría empezar a responderla sin memes ni emojis.
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