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El Gobierno recibe a las víctimas del caso Alborada mientras Ayuso guarda silencio y se cuestionan subvenciones, conciertos educativos y responsabilidades políticas.
El Gobierno central ha dado finalmente un paso al frente en el denominado caso Alborada, uno de los episodios más graves de presuntos abusos sexuales en el ámbito educativo conocidos en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Este martes 3 de febrero, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, mantendrá una reunión con las familias de los menores afectados, en un encuentro que se celebrará en Moncloa y que llega tras semanas de presión social, política y mediática.
Según confirman fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a ElPlural.com, el encuentro se enmarca en un proceso de “acompañamiento y apoyo” a las víctimas y sus familias, subrayando que el Ejecutivo central actúa desde la discreción institucional, respetando los tiempos judiciales y el reparto de competencias. “Es importante conocer este tipo de casos para poder trabajar, elaborar reformas y generar marcos que impidan que estas situaciones se repitan”, trasladan desde el ministerio al citado medio.
Un mensaje que contrasta, de forma cada vez más evidente, con la actitud de la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno, presidido por Isabel Díaz Ayuso, sigue sin ofrecer explicaciones públicas claras ni medidas visibles pese a la magnitud del escándalo.
Un caso que afecta a decenas de menores y cerca de 50 denuncias
Tal y como ha venido documentando ElPlural.com, el caso Alborada afecta presuntamente a una veintena de alumnos y reúne cerca de 50 denuncias, según fuentes del entorno de las familias. Los hechos estarían vinculados a un antiguo cuidador del centro educativo, acusado de haber cometido abusos sexuales de forma reiterada.
El colegio Alborada sostiene que actuó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, situando ese momento en mayo de 2025, cuando se procedió a la expulsión del trabajador y a la comunicación con las autoridades. Sin embargo, otras versiones recogidas por ElPlural.com apuntan a que varios docentes habrían advertido de comportamientos inadecuados desde septiembre de 2024, meses antes de que la dirección reaccionara.
De hecho, una de las cuestiones más sensibles del caso es que, según las fuentes consultadas por el medio, no fue la institución como tal la que denunció, sino una profesora concreta, extremo que la dirección del centro negó inicialmente en declaraciones previas a la publicación del primer artículo sobre el caso. Esa contradicción ha alimentado la sensación, entre las familias, de que el colegio trató de contener el escándalo internamente antes de que trascendiera.
El papel del colegio y las sombras sobre la actuación institucional
Más allá de los presuntos delitos, el foco se ha ido ampliando hacia la gestión posterior del caso por parte del centro y de las distintas administraciones. Según la documentación manejada por ElPlural.com, denuncias, correos internos, testificales y relatos en primera persona, el colegio habría agotado diversas vías para evitar que el asunto llegara a los tribunales.
Entre ellas, la realización de charlas grupales con padres y madres, sesiones más individualizadas con alumnado, la derivación a profesionales psicológicos externos considerados “afines” y, sobre todo, una insistencia reiterada en pedir silencio a las familias afectadas, bajo la promesa de que “se solucionaría desde dentro”.
Mientras tanto, las familias denuncian obstáculos administrativos para cuestiones clave como el cambio de expediente académico de los menores, una situación que añade sufrimiento a un proceso ya de por sí devastador. A ello se suman las sospechas de posibles conflictos de intereses, tanto personales como políticos, que rodean al centro.
Uno de los nombres que más se repite es el de Javier Doncel, subdirector del colegio y, al mismo tiempo, alcalde de Anchuelo por el Partido Popular. Un doble papel que, para muchas familias, resulta incompatible en un contexto tan delicado.
Dinero público, conciertos educativos y el silencio de Ayuso
La polémica no termina en el ámbito escolar. Como ha revelado ElPlural.com, la Comunidad de Madrid siguió concediendo ayudas y subvenciones al colegio Alborada incluso después de conocerse los presuntos abusos. Desde 2022, el centro habría recibido cerca de 125.000 euros en ayudas públicas, al margen de las cantidades correspondientes al concierto educativo, cuyo importe total la administración regional se resiste a detallar.
Estas revelaciones han llevado a Más Madrid e Izquierda Unida a registrar preguntas formales tanto en la Asamblea como a través del Portal de Transparencia, reclamando información precisa sobre: El importe total del concierto educativo; las subvenciones adicionales concedidas y las actuaciones realizadas por la Comunidad de Madrid desde que se conocieron los hechos.
Hasta ahora, la Consejería de Educación no ha respondido a las preguntas planteadas por ElPlural.com, mientras que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se limita a señalar que la competencia es estrictamente regional.
El contexto histórico tampoco ayuda a disipar las dudas. El colegio Alborada se levantó sobre una parcela pública de 24.000 metros cuadrados cedida en 2009, bajo el gobierno regional de Esperanza Aguirre, y fue gestionado mediante una concesión administrativa a la Fundación Arenales por 75 años, con un canon anual de apenas 12.000 euros. Un modelo que se repite en otros centros de la misma red, también envueltos en polémicas urbanísticas y administrativas.
En este escenario, la reunión en Moncloa adquiere un fuerte valor político y simbólico. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, insiste, según recoge ElPlural.com, en que su prioridad es estar del lado de las víctimas, escuchar y aprender de un caso que evidencia fallos estructurales en los sistemas de protección de la infancia.
Frente a ello, el Ejecutivo de Ayuso mantiene un silencio cada vez más difícil de justificar, mientras las familias reclaman verdad, responsabilidades y garantías de que nada parecido volverá a ocurrir.
Porque, más allá del ruido político y del cruce de reproches, el caso Alborada deja una certeza incómoda: cuando las instituciones fallan, quienes pagan el precio más alto son siempre los mismos. Los niños y niñas que debían estar protegidos.
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