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La memoria de la emigración española sirve a José Luis Cuesta para desmontar prejuicios actuales y cuestionar las falacias del discurso xenófobo.
- José Luis Cuesta, vecino de Alcalá de Henares, comprometido con la igualdad y la solidaridad.
De maletas de cartón a pateras: España también fue país de emigrantes.
El debate actual sobre la inmigración en España suele plantearse como si se tratara de un fenómeno nuevo, excepcional y ajeno a nuestra propia historia. Sin embargo, basta con retroceder apenas medio siglo para recordar que España fue, durante las décadas de 1960 y 1970, un país eminentemente emigrante. Cientos de miles de españoles abandonaron su lugar de origen en busca de trabajo y estabilidad, principalmente en países del centro y norte de Europa. Este pasado reciente convierte el rechazo contemporáneo a la inmigración en un ejercicio de memoria selectiva.
La emigración española de los años sesenta y setenta estuvo motivada por una combinación de factores estructurales: pobreza, desempleo, atraso económico y un contexto político autoritario que limitaba las expectativas de progreso. Alemania, Francia, Suiza o Bélgica se convirtieron en destinos habituales para una mano de obra poco cualificada que ocupó los puestos más duros y menos valorados del mercado laboral. Las condiciones de vida no fueron fáciles: barreras lingüísticas, discriminación social, segregación residencial y una integración limitada marcaron la experiencia de muchos emigrantes españoles.
Las causas que explican la inmigración actual hacia España no son esencialmente distintas. Conflictos armados, desigualdad económica, inestabilidad política o la falta de oportunidades empujan a miles de personas a desplazarse hacia el sur de Europa. Como ayer los españoles, hoy muchos inmigrantes ocupan trabajos precarios en sectores fundamentales para la economía —agricultura, construcción, cuidados o hostelería— y envían remesas a sus países de origen como estrategia de supervivencia familiar. La migración, en ambos casos, responde a una lógica racional de búsqueda de mejores condiciones de vida.
Existen, sin embargo, diferencias relevantes que no deben ignorarse. El contexto político y jurídico ha cambiado profundamente: la emigración española se produjo en un marco de acuerdos bilaterales entre Estados, mientras que la inmigración actual está condicionada por políticas migratorias restrictivas y un sistema europeo de control de fronteras que multiplica los riesgos del trayecto. Asimismo, los medios de comunicación y el discurso político desempeñan hoy un papel central en la construcción del inmigrante como problema, asociándolo con inseguridad, presión sobre los servicios públicos o amenaza cultural.
Resulta especialmente significativo comprobar que muchos de los estereotipos que hoy se aplican a la población inmigrante —“quitan trabajo”, “no se integran”, “abusan del sistema”— fueron utilizados en su momento contra los emigrantes españoles en países receptores. Esta continuidad discursiva evidencia que el rechazo al otro no se basa tanto en realidades objetivas como en mecanismos sociales de exclusión y jerarquización.
La diferencia fundamental entre la emigración española del pasado y la inmigración actual no reside en las motivaciones, sino en la posición desde la que se observa el fenómeno.
Ayer éramos nosotros quienes cruzábamos fronteras; hoy somos quienes las vigilan. Recuperar esta perspectiva histórica no implica negar los retos asociados a la inmigración, sino abordarlos desde una mirada informada, empática y coherente con nuestra propia experiencia colectiva.
En última instancia, la memoria migratoria de España debería servir no como argumento sentimental, sino como herramienta crítica para construir políticas y discursos más justos. Olvidar que fuimos emigrantes no solo empobrece el debate público, sino que nos distancia de una parte esencial de nuestra identidad social.
Sobre la xenofobia
La xenofobia no surge de la presencia objetiva del inmigrante, sino de su construcción discursiva como amenaza económica, cultural o identitaria. Este proceso convierte la migración en un problema político antes que social, desplazando el foco desde las causas estructurales hacia la figura del migrante como chivo expiatorio.
Mientras la emigración española de los años sesenta y setenta es resignificada retrospectivamente como sacrificio legítimo o incluso heroico, la inmigración actual es presentada como invasión, abuso o carga para el Estado del bienestar. Esta asimetría discursiva no responde a diferencias sustanciales en las motivaciones migratorias, sino a la posición de poder desde la que se define quién tiene derecho a moverse y quién no.
Desde el análisis crítico del discurso, puede observarse cómo la xenofobia opera mediante estrategias recurrentes: la generalización (“los inmigrantes”), la criminalización (“inseguridad”, “ilegalidad”) y la deshumanización estadística. Estas narrativas invisibilizan la inserción estructural de la población inmigrante en sectores clave de la economía y refuerzan una frontera simbólica entre un “nosotros” nacional y un “ellos” externo, incluso cuando este último es funcional al sistema productivo.
Resulta especialmente revelador que muchos de los argumentos xenófobos actuales reproduzcan casi literalmente los discursos que en su momento se emplearon contra los emigrantes españoles en Europa. La acusación de competencia laboral, la sospecha sobre la integración cultural o la estigmatización moral evidencian que la xenofobia no se dirige contra una nacionalidad concreta, sino contra la alteridad asociada a la precariedad y la subordinación social.
En este sentido, el discurso xenófobo no solo niega la experiencia migratoria ajena, sino que también borra la memoria migratoria propia. Al separar artificialmente emigración e inmigración, se rompe la continuidad histórica de la movilidad humana y se legitima una jerarquía moral del movimiento: emigrar es aceptable cuando lo hacemos “nosotros”; inmigrar es problemático cuando lo hacen “otros”.
Falacias del discurso xenófobo
Las posiciones xenófobas suelen presentarse como análisis realistas del fenómeno migratorio, apelando a la defensa del empleo, la cohesión social o el Estado del bienestar. Sin embargo, desde una perspectiva académica, estos planteamientos descansan en una serie de supuestos que no resisten un examen empírico ni teórico riguroso.
En primer lugar, la idea de que la inmigración “quita trabajo” a la población autóctona se basa en una concepción estática del mercado laboral. La economía política y la sociología del trabajo han demostrado que los mercados laborales funcionan de forma segmentada: la población inmigrante se concentra mayoritariamente en sectores precarizados y poco atractivos para la mano de obra local. Lejos de desplazar a los trabajadores autóctonos, la inmigración cumple una función estructural en economías envejecidas como la española, sosteniendo sectores productivos y contribuyendo fiscalmente al sistema.
En segundo lugar, el argumento del “colapso del Estado del bienestar” atribuye a la inmigración una presión desproporcionada sobre los servicios públicos, obviando que el acceso desigual a derechos no es consecuencia de la presencia inmigrante, sino de decisiones políticas y de diseño institucional. Los datos muestran que la población inmigrante, especialmente en edades activas, aporta más de lo que recibe en términos netos, lo que cuestiona la narrativa de la carga económica.
Otro eje central del discurso xenófobo es la supuesta incompatibilidad cultural. Este planteamiento parte de una visión esencialista de la cultura, entendida como un conjunto fijo y homogéneo de valores. Desde la antropología y la sociología cultural, la cultura es un proceso dinámico, relacional y en constante transformación. La historia de las sociedades europeas demuestra que la diversidad cultural no debilita la cohesión social per se; lo que genera fractura es la exclusión estructural y la desigualdad persistente.
Asimismo, la asociación entre inmigración e inseguridad carece de respaldo empírico sólido. La criminología crítica ha señalado que la sobrerrepresentación estadística de determinados colectivos suele estar vinculada a condiciones socioeconómicas adversas y a prácticas policiales selectivas, no al origen nacional. Convertir la inmigración en problema de seguridad contribuye a legitimar políticas punitivas que no abordan las causas reales de la violencia o la marginalidad.
Finalmente, el discurso xenófobo incurre en una contradicción histórica fundamental: normaliza la emigración propia mientras deslegitima la inmigración ajena. Esta incoherencia revela que el rechazo no se dirige al acto de migrar, sino a la posición social del migrante. Desde esta perspectiva, la xenofobia funciona como un mecanismo de cierre social que protege privilegios percibidos, más que como una defensa racional del interés colectivo.
En conclusión, las posiciones xenófobas simplifican un fenómeno complejo y desvían la atención de los verdaderos factores que generan precariedad, desigualdad y malestar social. La inmigración no es la causa de estas problemáticas, sino un elemento estructural de las sociedades contemporáneas cuya gestión requiere políticas inclusivas basadas en evidencia, no en miedo.
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No es xenofobia lo que anima a estas personas: es algo peor.
No tienen ningún problema con los inmigrantes de raza blanca.
Señor Cuesta, no se entera de nada. No es problema de xenofobia. Creo que nadie está disconforme con que la entrada de emigrantes es beneficiosa siempre que tengan sus contratos de trabajo y tengan una remuneración adecuada, el problema reside en la saturación del mercado laboral de mano de obra barata y precaria que encima está garantizando altos beneficios empresariales y llevan a que sus contribuciones no llegan para garantizar un adecuado sistema de pensiones y saturar los servicios públicos. No es de extrañar que cada vez más personas acudan tanto a la educación y sanidad privada, entre otras cosas porque no van a existir profesionales públicos que puedan acceder a estos puestos de trabajo, por otra parte tan mal remunerados que tengan que emigrar a otros países para conseguir llevar una vida acorde a sus logros profesionales. Siga con su discurso, que así nos va.
Es sorprendente el poder del capitalismo, de los empresarios, que han conseguido que se apoye como progreso el incremento del ejército de reserva (Marx dixit) de mano de obra barata y precaria.
La demostración de que no falta mano de obra es que no se baja de más de dos millones de parados, la mayoría españoles, que deberían ser empujados de la forma más conveniente a trabajar en los sectores que ofrecen trabajo.
En Dinamarca los estudios disponibles, fácilmente consultables en internet, demuestran que los inmigrantes aportan menos de lo que reciben en términos netos ¿Para cuándo una investigación similar en España?
Los trabajos de baja cualificación que mayoritariamente desempeñan los inmigrantes aportan bajísimas cotizaciones que se alejan muchísimo de las prestaciones que reciben.
Por otra parte, prueben a explicarles a los procedentes de determinadas culturas y religiones lo de la convivencia con otros credos y formas de entender la vida. Difícil lo veo cuando en sus países han instalado regímenes teocráticos que, por supuesto, son de extrema derecha.
Tengan seguro los colaboradores del capitalismo con su apoyo a la inmigración, para mayor engrosamiento de las cuentas de resultados de los empresarios, que nunca se lo agradecerán.
Tampoco se lo agradecerán los inmigrantes una vez instalados, que querrán modificar nuestro sistema político para adecuarlo a sus retrógradas ideas.
Por último, considerar la criminología crítica como una ciencia entra dentro de la literatura de ficción.