La jueza del caso FP amplía el cerco: siete institutos más y un exalto cargo de Ayuso, en el punto de mira

• La jueza amplía la causa del caso FP, investiga siete centros más y cita a un exalto cargo del Gobierno de Ayuso.

La investigación judicial sobre el escándalo de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid no solo sigue viva, sino que se expande. Y lo hace con una pregunta incómoda de fondo: si lo que empezó en un instituto concreto fue en realidad una práctica extendida durante el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La jueza del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha decidido ampliar el foco y poner la lupa sobre otros siete centros públicos, además de llamar como investigado a un exalto cargo de la Consejería de Educación.

Hasta ahora, la causa se había centrado en el centro de FP Ciudad Escolar, donde se investiga si se trocearon obras para evitar sacarlas a concurso público y poder adjudicarlas de forma directa por un valor cercano a los dos millones de euros. Pero el nuevo auto judicial va más allá y apunta a un patrón que podría haberse repetido entre 2021 y 2023, justo cuando el Ejecutivo regional presumía de impulsar la FP como eje estratégico del sistema educativo.

La jueza ha citado a declarar como testigos a los directores de siete institutos que también realizaron obras en ese periodo, algunos de ellos ya señalados en la investigación periodística que dio origen a la causa. Entre los centros afectados figuran el IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas, el IES Tetuán de las Victorias y el IES Alberto Corazón, conocido en Alcalá como la Escuela de Arte. Precisamente este último fue uno de los casos destapados por elDiario.es, cuyas revelaciones acabaron empujando el asunto hasta los tribunales.

Y aquí la cosa deja de ser anecdótica para volverse estructural. En el caso del Antonio Machado y del Conservatorio de Alcalá, ambos centros habrían sufragado parte de las obras del IES Alberto Corazón, que alcanzaron los 1,2 millones de euros. Según el testimonio del constructor que denunció los hechos, los pagos se fraccionaban deliberadamente y se daban instrucciones para que se abonaran desde distintas instituciones, de modo que no saltaran las alarmas internas. Una forma de proceder que, dicho sin rodeos, convierte la excepción en método.

El giro más delicado del nuevo auto llega cuando la jueza decide cambiar de estatus procesal a José María Rodríguez Jiménez, exdirector general de Educación Secundaria y FP hasta 2023. En julio del año pasado declaró como testigo y aseguró no ser consciente de que se estuviera haciendo nada ilegal. Sin embargo, su propio subdirector declaró posteriormente que se opuso a ese sistema, tanto verbalmente como por correo electrónico, advirtiendo expresamente de su ilegalidad. Con ese antecedente, el “yo no sabía nada” deja de ser una explicación cómoda y pasa a ser materia judicial.

La ley de contratos del sector público es clara: toda obra superior a 40.000 euros más IVA debe salir a concurso. Pero la investigación sostiene que en estos centros se recurrió de forma sistemática al fraccionamiento de contratos —paredes por un lado, baños por otro, pintura en otro expediente— para adjudicar las obras a dedo y sin competencia. Incluso se habrían utilizado centros de otros municipios como intermediarios de pago, ingresando fondos en institutos que nada tenían que ver con las obras para evitar controles administrativos.

El principal imputado en la causa, exsubdirector de FP cesado cuando estalló el escándalo, declaró que el entonces consejero de Educación, Enrique Ossorio —hoy presidente de la Asamblea de Madrid— estaba al tanto de estos procedimientos y que funcionaban así antes de su llegada y después de su salida. También aseguró que todo se hacía bajo la supervisión de las Direcciones de Área Territorial y que los directores de instituto no tienen capacidad real para decidir obras ni gestionar presupuestos, que dependen directamente de la Consejería. Durante ese periodo, la mano derecha de Ossorio era Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda.

Paradójicamente, fue el propio empresario que ejecutó las obras quien destapó el caso al dejar de cobrar. Tras meses reclamando pagos, enviando burofaxes y viendo peligrar su empresa, contactó con la Dirección General, con el equipo del actual consejero Emilio Viciana e incluso con un asesor de la presidenta regional, que le prometió una solución. Según defiende, siempre actuó siguiendo instrucciones de la Administración, algo que quedaría reflejado en varios correos electrónicos incorporados a la causa.

Cuando la Consejería de Educación recibió el burofax y comprobó que no existía contrato oficial alguno, abrió una investigación interna que terminó recomendando llevar los hechos a la justicia por su gravedad. Sin embargo, el caso permaneció oculto hasta que fue publicado por elDiario.es. Tras una denuncia de Podemos, la Fiscalía trasladó el asunto al juzgado, donde hoy están personados la propia Comunidad de Madrid, el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO.

Mientras tanto, el relato oficial sigue hablando de impulso educativo y modernización. El judicial, en cambio, empieza a dibujar un escenario bien distinto: obras públicas sin concurso, dinero moviéndose entre centros y una cadena de responsabilidades que apunta hacia arriba. La jueza sigue tirando del hilo. Y cada vez cuesta más creer que todo fuera un simple error administrativo.

👉 Fuente: Información actualizada a 28 de enero de 2026 en elDiario.es

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