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Las conclusiones de la comisión documentan vínculos familiares, pagos con dinero público y participación directa en decisiones de gasto sin constancia de conflicto de intereses ni abstención formal.
La comisión especial de investigación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha entrado este lunes en su fase más delicada con la presentación de las conclusiones provisionales, y en algunos extremos definitivas, sobre la adjudicación de contratos municipales a empresas vinculadas familiar o personalmente a concejalas del PSOE durante el anterior mandato. Un trabajo que, según subrayan VOX y el Partido Popular, deja “un rastro administrativo completo” de decisiones de gasto adoptadas sin abstención formal ni advertencia de conflicto de intereses.
El Grupo Municipal VOX fue el primero en poner voz política al contenido del informe tras la sesión de la comisión, apuntando directamente a las concejalas socialistas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra y hablando abiertamente de “presuntas responsabilidades administrativas” y de “posibles indicios penales” que, a su juicio, deberán ser valorados por las instancias competentes. El Partido Popular, por su parte, ha reforzado esa lectura con una exposición detallada de los hechos constatados por la comisión, presidida por la primera teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, apoyándose en documentación oficial del propio Ayuntamiento.
Aunque las conclusiones insisten en que la comisión no emite juicios penales, el alcance político del informe es evidente y sitúa de nuevo en el centro del debate municipal los límites entre legalidad formal, ética pública y ejemplaridad en el ejercicio del cargo.
Hechos acreditados: vínculos familiares, pagos públicos y presencia en órganos decisorio
El informe de la comisión establece como hecho probado la existencia de vínculos familiares directos entre una concejala del PSOE y la administradora única de una empresa proveedora del Ayuntamiento, vínculo reconocido públicamente. Entre 2019 y 2023, el Consistorio abonó once facturas a dicha mercantil por un importe superior a los 5.200 euros, correspondientes a inserciones publicitarias y suministros diversos.
Según la documentación analizada, la edil vinculada asistió y participó con voto favorable en al menos siete sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno en las que se aprobaron propuestas de autorización, disposición, obligación y pago a favor de esa empresa. En ninguno de los expedientes consta abstención formal ni comunicación expresa de conflicto de intereses.
Diez de esas facturas fueron aprobadas directamente en Junta de Gobierno Local y una mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en Pleno, siempre con presencia de la concejala afectada en los órganos decisorios. Actas, certificados y expedientes administrativos respaldan esta secuencia, que la comisión considera acreditada sin margen de interpretación política.
En un segundo bloque, el informe analiza la contratación reiterada de una empresa administrada por la pareja de otra concejala socialista, que prestó servicios tanto al Ayuntamiento como al ente público Alcalá Desarrollo. En este caso, el importe total abonado entre 2019 y 2023 asciende a 33.480,38 euros, mediante contratos menores sucesivos y encadenados en el tiempo.
La comisión documenta que la concejala participó en la conformidad de determinadas facturas, asistió como miembro o invitada a sesiones donde se aprobaron pagos a dicha empresa y, de nuevo, no consta abstención ni advertencia formal de conflicto de intereses, pese a la reiteración de las decisiones y a la continuidad temporal de las contrataciones.
Contratos menores encadenados y controles exclusivamente formales
Más allá de los nombres propios, el informe pone el foco en el procedimiento. Todos los contratos analizados se tramitaron como contratos menores, encadenados por anualidades, conceptos similares y áreas municipales distintas, sin que se activaran mecanismos adicionales de control pese a la reiteración de proveedores y a la existencia de vínculos personales acreditados.
La comisión concluye que los controles aplicados fueron estrictamente formales, limitados a la tramitación administrativa ordinaria, sin cautelas reforzadas ni advertencias internas sobre posibles conflictos de intereses. En este contexto, se señala que los técnicos municipales actuaron conforme a dinámicas heredadas o instrucciones jerárquicas, y que en muchos casos no disponían de información completa sobre los vínculos personales existentes, desplazando la responsabilidad al ámbito político y decisorio.
Un elemento relevante es que las decisiones de gasto afectaron a distintas áreas municipales, lo que, según recoge el informe, descarta que se trate de un caso aislado o circunscrito a un único departamento, y apunta a una práctica sostenida durante todo el mandato del PSOE.
Lectura política: del reproche ético al desgaste institucional
VOX ha optado por una lectura frontal del informe. Su portavoz municipal, Víctor Acosta, sostiene que el trabajo de la comisión permite hablar de responsabilidades claras y de indicios que podrían tener recorrido más allá del ámbito administrativo. “No mirar a otro lado”, “sin concesiones” y “depuración de responsabilidades” han sido las expresiones más repetidas por el grupo, que se reivindica como impulsor de una investigación incómoda pero necesaria.
El Partido Popular, por boca de Isabel Ruiz Maldonado, ha afinado el discurso hacia el terreno de la ejemplaridad política. Para la primera teniente de alcaldesa, las conclusiones no describen un error puntual, sino “una forma de gobernar que normalizó situaciones de conflicto y diluyó los límites entre lo público y lo personal”. En su valoración, el problema no es solo jurídico, sino ético, y afecta directamente a la credibilidad del discurso de transparencia sostenido por el PSOE durante su etapa de gobierno.
Ruiz Maldonado ha subrayado que el informe se apoya exclusivamente en documentación oficial del Ayuntamiento, facturas, actas, certificados y declaraciones técnica, y ha reprochado a los socialistas la ausencia de autocrítica tras conocerse las conclusiones: “Ni disculpas, ni explicaciones, ni revisión interna”.
El informe final precisa expresamente que no emite juicios penales, pero deja la puerta abierta a que los hechos constatados puedan servir de base para que los órganos competentes valoren la incoación de procedimientos de responsabilidad si así lo estiman oportuno. Un cierre técnico que, sin embargo, no disipa el impacto político de unas conclusiones que reabren el debate sobre cómo se gobierna, cómo se controla el poder y dónde empieza , y termina, la ejemplaridad pública.
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