- El autor cuestiona la independencia judicial en España, alerta sobre su politización y advierte del impacto democrático que provoca una justicia percibida como parcial.
- Adolfo Carballo se define como ciudadano del mundo. Activista de derechos humanos. Cuestiono lo evidente, exploro los mundos que llevo dentro y busco que cada pensamiento y acción tengan sentido propio. Como decía Voltaire: “El sentido común es el menos común de los sentidos”.
Qué barbaridad democrática es esta. Como señaló Ayuso, elevando el tono como si se asistiera al fin de las libertades: “El Gobierno ha decidido que nadie les pueda juzgar y que todo contrapeso democrático será perseguido y acuchillado”. Estas palabras se dijeron apenas cuatro días después de conocerse la condena al fiscal general por filtrar un correo en el que la pareja de la presidenta confesaba dos delitos fiscales. La ironía es evidente: mientras se denuncian supuestos ataques a la democracia, los problemas reales surgen dentro de la propia casa del poder. La estrategia habitual —gritar “dictadura” para eludir responsabilidades— no oculta lo esencial: la democracia no se defiende con dramatismos, sino con coherencia, transparencia y respeto a las instituciones.
Cincuenta años después de la dictadura, surge una pregunta inquietante: ¿los miembros del poder judicial son, en esencia, los mismos con distintos nombres? La historia reciente muestra que ciertas estructuras heredadas del franquismo no desaparecieron; se transformaron, adaptándose a un sistema democrático que, en teoría, garantiza separación de poderes e independencia judicial. La ley protege a los jueces: son inamovibles, deben actuar con imparcialidad y acceden a sus cargos mediante oposiciones altamente competitivas, basadas en méritos y conocimiento profundo del derecho. Este sistema asegura profesionalidad y apego al Estado de Derecho, al menos en teoría.
Sin embargo, mi percepción —y la de muchos ciudadanos— es distinta. Existe un bajo nivel de confianza en la independencia judicial, especialmente en las altas cortes, donde los cargos se obtienen por nombramiento político. Cada sentencia polémica reaviva la idea de que las decisiones judiciales pueden estar influenciadas por ideologías o lealtades partidistas. No entiendo de leyes, pero sé cuándo una situación es justa, y la justicia, tal como se ejerce hoy, deja mucho que desear. La ciudadanía observa cómo determinados fallos parecen alinearse con posturas políticas concretas, generando la sensación de que los jueces no siempre actúan con neutralidad, sino según lealtades o presiones externas. Este fenómeno erosiona la confianza en el sistema y evidencia una debilidad estructural de nuestra democracia.
La crítica a la politización de la justicia se intensifica en los altos tribunales. Una parte significativa de la opinión pública, expertos y actores políticos señalan que la composición de las salas —mayorías conservadoras o progresistas— puede anticipar el sentido de los fallos en asuntos controvertidos, desde el procés hasta la memoria histórica. La forma en que se eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —por acuerdos parlamentarios— refuerza la percepción de lealtad partidista más que de independencia judicial. La judicialización de la política, cuando los tribunales deciden lo que los parlamentos no resuelven, tampoco mejora la imagen de imparcialidad.
El resultado es que muchos fallos se perciben más como decisiones políticas que como aplicación objetiva de la ley. El fallo sin sentencia clara, la contradicción entre argumentos y resultados, y la falta de transparencia refuerzan la sensación de que la neutralidad judicial sigue siendo un ideal lejano. España enfrenta un problema estructural de democracia, señalado incluso por organismos internacionales: la separación de poderes no siempre se respeta y la confianza ciudadana en la justicia se resiente. Cada caso polémico, cada contradicción entre tribunales superiores e inferiores, alimenta la sensación de arbitrariedad. La justicia se percibe más como un campo de batalla político que como un árbitro imparcial.
La politización de la justicia tiene efectos prácticos graves. La judicialización de conflictos políticos convierte los tribunales en escenarios de confrontación partidista y ofrece incentivos para usar la justicia como herramienta de presión. Esto crea un círculo vicioso: cuanto más se percibe que la justicia no es independiente, más se politizan los tribunales, y cuanto más se politizan, más se debilita la confianza de la ciudadanía. La neutralidad se cuestiona constantemente.
Históricamente, España ha avanzado en consolidar la democracia, pero persisten hábitos del pasado. La memoria del franquismo, combinada con redes de influencia política, genera la sensación de continuidad de prácticas autoritarias. La politización, sumada a esta herencia histórica, genera un escenario en el que la justicia se percibe más como un campo de batalla político que como un árbitro imparcial de la legalidad.
Como ciudadano, me hago preguntas que no necesitan de títulos ni conocimientos legales para tener sentido:
“¿Y si la justicia, esa que debería ser justa, imparcial y coherente, no lo fuera tanto?
¿Y si la independencia que proclamamos no fuese más que un deseo?
¿Y si la transparencia que exigimos solo existiera en los discursos?
Al final, ¿cómo saber si lo que llamamos justicia no es simplemente la sombra de lo que debería ser?”
No es un capricho reflexionar sobre esto; es la conciencia crítica de quien observa y siente la vida en sociedad. La justicia debería ser clara en sus actos, coherente en sus decisiones y equitativa en su aplicación. Cuando falla, el ciudadano percibe que pierde no solo un derecho personal, sino la confianza en la estructura que sustenta la democracia. La sensación de injusticia es más peligrosa que cualquier manipulación política: socava la base misma de la convivencia.
El debate sobre independencia judicial no es exclusivo de España; muchos sistemas democráticos enfrentan desafíos similares, especialmente cuando la selección de altos cargos judiciales involucra a los poderes políticos. La diferencia es que en España la percepción de parcialidad es particularmente aguda, y los casos recientes han intensificado la discusión sobre la necesidad de reformas profundas que garanticen imparcialidad real y restauren la confianza ciudadana.
La neutralidad de la justicia no existe, o al menos no de manera efectiva, según se percibe desde la ciudadanía. Los fallos controvertidos, la influencia política en los nombramientos y la judicialización de la política generan un escenario en el que la independencia judicial es una aspiración más que una realidad consolidada. La confianza en las instituciones se resiente, y la democracia, en consecuencia, queda vulnerable frente a discursos populistas y a la manipulación partidista.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación responsables cumplen un papel crucial al explicar los procesos judiciales, contextualizar las sentencias y hacer accesible al público la complejidad de la justicia. Este tipo de cobertura contribuye a que la ciudadanía comprenda las decisiones judiciales, mitigando la sensación de parcialidad y fortaleciendo la confianza en las instituciones, un aspecto esencial para la consolidación de la democracia.
En conclusión, la democracia española enfrenta un desafío estructural que exige atención urgente. No basta con discursos grandilocuentes ni con enfrentamientos mediáticos: es necesario garantizar que la justicia funcione como un verdadero pilar independiente del Estado de Derecho. Se requieren reformas serias: independencia efectiva de los tribunales, transparencia en los procesos, revisión de la selección de altos cargos judiciales y fortalecimiento de la confianza pública. Solo así podrá restaurarse la legitimidad y consolidarse una democracia sólida, donde la justicia no sea vista como un instrumento de poder, sino como un árbitro imparcial que protege los derechos y garantiza la equidad para todos.
Como advertía Maquiavelo, en política la apariencia y la percepción pesan más que la virtud. Un príncipe que no inspira respeto ni confianza está destinado a perder el poder, aunque sus actos sean justos. De igual modo, una democracia cuya justicia se percibe parcial corre el riesgo de perder la confianza ciudadana. La estabilidad del Estado no se sostiene solo con leyes, sino con la percepción de justicia y coherencia. La verdadera fortaleza de una nación reside en la prudencia de quienes gobiernan y en la confianza que generan sus instituciones, una lección que sigue siendo esencial más de cinco siglos después.
Finalmente, quiero dejar una reflexión personal para cerrar : la justicia no debe ser un juego de nombres, lealtades o intereses. Debe sentirse justa, reconocerse en cada ciudadano y proteger lo que es correcto, aunque nadie lo reclame. No necesito saber de leyes para saber cuándo algo es justo. Y si la justicia deja de ser justa, entonces la democracia misma se tambalea. Por eso, nuestra mirada crítica, nuestra voz y nuestra exigencia no son opciones: son la garantía de que la justicia cumpla con su verdadero propósito. Que no sea solo sombra de lo que debería ser, sino luz que ilumine el camino de todos.
“La justicia no es un regalo, sino la exigencia de la razón aplicada a la vida común”
—Ortega y Gasset
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En esta democracia nuestra todos los políticos en el poder han metido sus sucias manos a conveniencia. En muchos casos a conveniencia de Dos. No hace falta remontarse al franquismo, comodín de todos los males. El contubernio judicial actual tiene menos de medio siglo