La España de Sánchez y Rodríguez Palacios: un país hipotecado entre la inflación y el fracaso social

• Por Antonio Saldaña Moreno, concejal de Obras, Mantenimiento Urbano, Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares.

Decía Quevedo que “poderoso caballero es don Dinero”. Hoy, sin embargo, ese caballero ha perdido la espada. Los salarios se desvanecen como arena entre los dedos antes de llegar a fin de mes, y la vivienda —antiguo refugio y símbolo de estabilidad— se ha convertido en un bien inalcanzable. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, con Javier Rodríguez Palacios repitiendo su eco en Alcalá de Henares y con José Luis Rodríguez Zapatero susurrando desde la penumbra, el deterioro del poder adquisitivo y la imposibilidad de acceder a un techo digno son los síntomas más crueles de un país gobernado contra sus ciudadanos.

La inflación, lejos de ser un capricho de la fatalidad, tiene raíces concretas, cultivadas en buena medida por la política económica del propio Gobierno. Una deuda pública que ya supera el 110% del PIB —más de 1,7 billones de euros— ha convertido al Estado en un gigante obeso que se alimenta de préstamos que nunca sacian, empujando los precios al alza. La energía, castigada con impuestos desproporcionados y con una transición improvisada, ha encarecido la electricidad y los carburantes, arrastrando con ellos el transporte, la producción y la cesta de la compra. El aceite de oliva, emblema de nuestra dieta mediterránea, ha subido un 87% en tres años, y la leche, un 37%. Lo cotidiano se ha convertido en lujo.

El mercado laboral y empresarial no escapa de la asfixia. Cotizaciones, impuestos y cargas regulatorias son trasladadas inevitablemente al consumidor, mientras la dependencia exterior nos deja al albur de cada crisis internacional. Ni siquiera Europa puede ya amortiguar el golpe: la inflación española se mantiene por encima de la media comunitaria, demostrando que el mal anida también dentro de nuestras propias fronteras.

El drama de la vivienda es aún más descarnado. Los trámites urbanísticos eternos y la burocracia kafkiana bloquean la oferta de nuevas promociones. La Ley de Vivienda, presentada como salvavidas, ha terminado siendo un lastre: la retirada masiva de pisos del mercado de alquiler ha reducido la oferta y encarecido los precios. El parque público sigue siendo ridículo —apenas un 2,5% frente al 20% o 30% de países como Austria o Países Bajos— y las promesas de Sánchez de levantar miles de viviendas han quedado en titulares olvidados. La vivienda, convertida en activo especulativo por años de crédito barato y falta de seguridad jurídica, ha dejado de ser derecho para convertirse en privilegio. Para millones de jóvenes, la emancipación no es siquiera un sueño, sino una quimera inalcanzable.

En paralelo, la fractura social se agudiza. Eurostat ha confirmado que España ostenta el dudoso título de campeona europea en pobreza infantil: uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social. “El nivel de civilización se mide por la manera en que se trata a los niños”, recordaba Bismarck. Si aceptamos que la infancia sea el territorio de la carencia, aceptamos también que el futuro sea la patria de la desesperanza.

El Gobierno, incapaz de dominar ni la inflación, ni la vivienda, ni la cohesión social, ha encontrado una estrategia para sobrevivir: inventar culpables. Hoy son los “boomers”, mañana los empresarios, pasado los youtubers. Siempre hay un enemigo conveniente para distraer del fracaso propio. Mientras tanto, la política se negocia en despachos cerrados a cambio de concesiones indecorosas. El último atropello lleva nombre de cupo catalán: blindajes financieros concedidos a ERC y Junts que costarán a los españoles más de 15.000 millones de euros en la próxima década, según la propia AIReF. Esa factura se suma a una deuda que ya significa que cada ciudadano, también cada alcalaíno, carga sobre sus espaldas más de 35.000 euros.

Groucho Marx ironizó que la política consiste en buscar problemas, encontrarlos, diagnosticar falsamente y aplicar después remedios equivocados. Esa máxima se ha convertido en el retrato del sanchismo: multiplicar problemas, manipular diagnósticos y recurrir siempre a la misma medicina, más deuda.

La crisis no es una abstracción: las familias deben elegir entre llenar la nevera o pagar el gas, y las inversiones privadas se ralentizan porque los recursos se desangran en los privilegios pactados lejos de aquí. Rodríguez Palacios prefiere repetir el argumentario de Sánchez antes que alzar la voz en defensa de los alcalaínos.

España vive instalada en la huida: hacia delante con deuda, hacia el relato con polarización, hacia la nada con promesas huecas. La España de Sánchez, Palacios y Zapatero es una tierra hipotecada, donde la cesta de la compra se convierte en un lujo para las clases medias, la vivienda en una quimera, la infancia en precariedad y los ciudadanos en rehenes de pactos indecorosos. Un país en el que el presente es angustia y el futuro, incertidumbre.

Quizá por eso resuena hoy con más fuerza la advertencia de Unamuno: “El progreso consiste en renovarse”. Pero España, bajo el sanchismo, se empeña en repetir los mismos errores. Renovarse hoy significa dejar de hipotecar el presente y liberar el futuro de la carga de la deuda y del sectarismo. Hasta entonces, seguiremos hipotecados en presente y empeñados en futuro por culpa de un Gobierno irresponsable y con una deriva peligrosa hacia el autoritarismo.

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