-
La Agencia de Vivienda Social ejecutó el desalojo, autorizado judicialmente, con un dispositivo de apoyo de Policía Nacional y Policía Local complutense.
Una sentencia terminó convirtiéndose en presencia policial a pie de calle. El número 29 de José María Pemán fue escenario el pasado 3 de septiembre de un dispositivo para hacer efectiva la desocupación de una vivienda, en una actuación ejecutada por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y respaldada por efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alcalá de Henares.
No se trataba de una intervención policial ordinaria ni de una decisión adoptada sobre la marcha. Detrás del dispositivo había un procedimiento administrativo y, sobre todo, una resolución judicial. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Alcalá, el desalojo había sido autorizado mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Con ese respaldo judicial, el personal de la Agencia de Vivienda Social se desplazó hasta el inmueble para ejecutar la desocupación. A su alrededor, Policía Nacional y Policía Local conformaron el dispositivo de apoyo necesario para que la actuación pudiera llevarse a cabo.
La imagen era la parte visible de un procedimiento que ya había recorrido previamente los despachos administrativos y los tribunales: agentes en la calle, personal de la Comunidad de Madrid y una vivienda cuya desocupación había recibido finalmente luz verde judicial.
La Policía Local de Alcalá participó junto a los efectivos de la Policía Nacional prestando apoyo durante el desarrollo del operativo. La ejecución propiamente dicha correspondió, según precisa el Ayuntamiento, a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
La escueta información municipal no entra, sin embargo, en la historia que había detrás de esa puerta. No especifica cuánto tiempo llevaba ocupada la vivienda, quiénes residían en ella, qué circunstancias originaron el procedimiento administrativo ni si las personas desalojadas ofrecieron resistencia o abandonaron el inmueble voluntariamente. Tampoco informa de incidentes durante el dispositivo.
Lo que sí consta es el desenlace: el procedimiento llegó hasta el número 29 de José María Pemán y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pudo hacerse efectiva con el apoyo de los dos cuerpos policiales.
Una intervención administrativa, una sentencia judicial y un dispositivo sobre el terreno pusieron así punto final, al menos en lo que respecta a la recuperación de la vivienda, a un procedimiento del que el Ayuntamiento únicamente ha dado a conocer su último capítulo: el momento en el que tocó llamar a la puerta y ejecutar lo resuelto por los tribunales.
¡ Nuestro canal en Telegram! Si te ha interesado esta información, únete ahora a nuestro canal de telegram @alcalahoy para estar al tanto de nuestras noticias.
Que se convierta en noticia la ejecución de un procedimiento judicial para expulsar okupas de una vivienda social es para hacérnoslo mirar.
Ni es la primera, ni será la ultima ocasión en que tras largos y farragosos procedimientos judiciales, que a la mayoría les cuesta tiempo y dinero, se consigue recuperar una propiedad invadida por otros y con mucha frecuencia desvalijada y destrozada. Claro que la Comunidad de Madrid puede asumir esos plazos y sobre todo esos costes porque juega con nuestro dinero, el de todos; los miles de casas okupadas o inquiokupadas pertenecientes a entidades privadas o a personas individuales cuestan lo mismo pero se lo comen ellos solos. Hacer a estos propietarios responsables de la desidia de los gobiernos, dando cobertura social a lo que deberia ser responsabilidad de la administración ya es para nota.
Y luego se echan las manos a la cabeza porque la gente es reacia a alquilar. En fin, la solución óptima para algunos ya nos la sabemos: el «exprópiese» y a vivir que son dos días.