La universidad según los Pocholos | Por Javier Bardón

• Una reflexión crítica sobre nostalgia, poder y cultura política en tiempos donde el pasado se convierte en argumento ideológico para el presente.

Que la universidad pública madrileña está hecha unos zorros es una opinión que usted, lector, no tiene por qué compartir. Resulta, en cambio, irrebatible afirmar que Madrid es la comunidad autónoma con menor gasto por alumno —según los datos facilitados por la propia administración—; la que menos invierte en educación universitaria en relación con su PIB —muy por debajo del 1%—; que su presupuesto deflactado ha caído un 7% desde 2012; que sus seis universidades acumulan un déficit de varios millones de euros; y que alguna de ellas está al borde de la quiebra. Sin embargo, o tal vez como consecuencia de ello, los estudiantes pagan la matrícula más alta de toda España.

A cambio de todos estos datos, se supone que los madrileños nos ahorramos unos eurillos en impuestos, aunque nadie sepa decirnos a ciencia cierta cuántos. Como demócrata nada que objetar: este es el modelo que una mayoría de madrileños eligió y ratificó en las urnas. Además, el modelo va prosperando, pues el porcentaje de alumnos matriculados en la universidad privada no ha dejado de crecer en los últimos años y supera ya el 33 %.

Esta manera sutil de menoscabar lo público en favor de lo privado no solo se refleja en los datos macro; también se palpa en lo micro, en nuestro día a día como docentes. Les pongo algún ejemplo:

A veces me llamaban para dar alguna clase de máster en la universidad privada, cosa que agradecía, ya que cobraba unas seis veces más por cada hora lectiva. En una ocasión, tuve que reemplazar a una catedrática en un tribunal de trabajos de fin de máster. A uno de los grupos que se presentaban aquel día, le suspendí con un tres. La responsable del máster me presionó de varias formas para que los aprobara, cosa a la que me negué. Después de aquello no me volvieron a llamar.

El noviembre del año pasado, tras varias reclamaciones, por fin cobré el dinero de una suplencia que había hecho… a principios del curso anterior. Se trataba de una suplencia «forzosa» ya que las clases, si no las hubiera impartido yo, se hubieran quedado sin dar.

En la universidad pública, la carga docente se ha ido delegando, paulatinamente, en la figura del «profesor asociado», una figura que, teóricamente, iba a permitir que profesionales con experiencia pero sin doctorado pudieran impartir clase. Eso nunca sucedió, fue más bien al contrario; se aprovechó el subterfugio legal para colar a jóvenes y reducir así el coste de docencia. Además, se les obligaba a darse de alta como autónomos, para justificar que cumplían con el requisito de tener otro trabajo, aunque la gran mayoría cobraba exclusivamente de la universidad. Hablando en plata: eran (y siguen siendo) trabajadores precarios y falsos autónomos. En algunos campus madrileños, los asociados suponen ya un 40 % de la fuerza docente.

Por límite de espacio, no entraré a enumerar las lamentables condiciones materiales. Basten un par de pinceladas: las aulas de mi universidad carecen de aire acondicionado —imaginen lo que es hacer exámenes en junio o julio—, algunos techos se caen a pedazos, y en los exámenes que se distribuyen en dos aulas, por número de alumnos, tenemos que pedir ayuda a los compañeros. La ayuda, huelga decirlo, es siempre sin remunerar.

Si todo esto se sostiene es porque la docencia conserva aún mucho de vocacional. A pesar de las dificultades, muchos de mis compañeros siguen ejerciendo con una gran motivación. Pero la motivación no es una fuente inagotable. Los años pasan y pesan, y los alumnos prestan cada vez menos atención, se interesan menos, respetan menos, estudian menos y saben menos. Muchos prefieren delegar el conocimiento en la IA.

Por si todo esto fuera poco, la semana pasada le pusimos cara a la tripulación que dirigía el cascarón de lo que en su día fue el buque insignia de la flota universitaria española: al capitán, Emilio Viciana, consejero de Educación de la CAM; al timonel, un tal Nicolás Javier Casas, director general de Universidades; y a corte de diputados afines, a quienes sus propios compañeros bautizaron con el esclarecedor nombre de «los Pocholos». La designación del primero causó ya cierto estupor entre los rectores, pues se trataba de un perfecto desconocido, sin experiencia reseñable en plaza. Del segundo supimos que tocaba, al parecer con cierta pericia, el trombón, y también que se había graduado en historia del arte allá por el 2014, por lo que tampoco le suponemos sobrado de horas de vuelo. Del resto, a tenor de su currículum, solo podemos maliciar que tendrían serias dificultades para ejercer de administrativos en una academia de barrio. Sin embargo, todos compartían el mérito — cabría decir «meritocracia», según su propia jerga— de gozar de la confianza de Antonio Castillo Algarra, alias Rasputín, consejero áulico de presidencia, y flamante director artístico del ballet regional que para él impulsó ad-hoc la propia Díaz Ayuso.

Hablo de ellos en pasado porque se fueron tal y como llegaron: a tropel. Una verdadera pena, pues la salida nos privó de conocer su plan para la universidad pública, que se iba a plasmar en una ley, anunciada a bombo y platillo por la lideresa, destinada a paliar los males que nos aquejan. El plan se ha quedado en agua de borrajas tras la dimisión pocholil.

Todo este embrollo podría pasar por berlanguiano, de no ser porque esta gente maneja un presupuesto anual de mil doscientos millones de euros, juega con la carrera de muchos profesores e investigadores de renombre, y erosiona la percepción de seriedad institucional, si bien es cierto que dicha erosión podría formar parte de la hoja de ruta. La lógica sería: cuanto peor, mejor.

Ante semejante panorama, no es de extrañar que continúe el éxodo hacia la universidad privada. Tal vez allí no aprendan más, pero al menos estarán calentitos en invierno, frescos en verano y no les descalabrará un cascote. Además, se ahorrarán las preocupaciones de la temida nota de corte, pues para acceder a una plaza basta con los ceros que hayan juntado en la cuenta bancaria papá y mamá.

Desconocemos y, me temo, desconoceremos las soluciones que planteaban los Pocholos para la universidad pública. El secreto se fue a la tumba con ellos. Nos quedan, sin embargo, el eco de las declaraciones de otro Rasputín, recientemente condecorado por la Comunidad de Madrid: «¿Quién dijo que la educación es un derecho? No, la educación no es ningún derecho, porque cuesta dinero».

Pues eso, educación para el que se la pueda permitir. Luego no digan que no estaban avisados.

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