- El bloqueo político, la imposición ideológica y el desprecio a la voz vecinal marcan una etapa municipal que debilita la democracia local en Alcalá. Una reflexión sobre el rumbo de la política municipal en Alcalá de Henares
- Adolfo Carballo se define como ciudadano del mundo. Activista de derechos humanos. Cuestiono lo evidente, exploro los mundos que llevo dentro y busco que cada pensamiento y acción tengan sentido propio. Como decía Voltaire: “El sentido común es el menos común de los sentidos”.
La política municipal debería ser, por definición, el espacio más cercano a la ciudadanía. El lugar donde los problemas cotidianos encuentran respuesta, donde las diferencias ideológicas se subordinan al interés general y donde la pluralidad se gestiona con responsabilidad institucional. Sin embargo, en los últimos meses, la dinámica del gobierno municipal de Alcalá de Henares, sostenido por la coalición del Partido Popular y VOX, está evidenciando una deriva preocupante: la sustitución del bien común por una política de bloque, donde el color político pesa más que las necesidades reales de la ciudad.
Como recordó Hannah Arendt, «la política se basa en el hecho de la pluralidad humana». Gobernar una ciudad implica asumir esa pluralidad, escuchar voces diversas y aceptar que la discrepancia no es una amenaza, sino una condición básica de la democracia. Cuando un gobierno municipal convierte el Pleno en un espacio de imposición ideológica y veto sistemático, no está ejerciendo liderazgo: está empobreciendo la vida democrática y debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Uno de los rasgos más evidentes de esta etapa política en Alcalá es el rechazo reiterado de propuestas que, más allá de su procedencia política, estaban orientadas a mejorar la vida de los vecinos. Mociones vinculadas a la seguridad, a los servicios públicos, a la participación ciudadana o a la defensa de derechos sociales han sido desestimadas no por su inviabilidad técnica o económica, sino por una lógica puramente partidista.
Este modo de gobernar no es neutral. Rechazar una propuesta útil únicamente porque no nace del propio bloque de gobierno supone anteponer la estrategia política al interés general. Supone también trasladar a la ciudadanía un mensaje peligroso: que las soluciones solo son válidas si las firma quien gobierna, no si responden a una necesidad real.
Aristóteles lo expresó con una claridad que sigue vigente siglos después: «la política existe para procurar el bien común». No para reafirmar identidades partidistas, no para marcar perfil ideológico, no para deslegitimar al adversario. Cuando las decisiones municipales se toman en función del color político y no del beneficio colectivo, se está traicionando la finalidad misma de la política.
Un ejemplo especialmente grave de esta dinámica se produjo en un Pleno reciente, cuando la coalición PP–VOX rechazó una iniciativa respaldada por 800 firmas de vecinos del barrio de Espartales. Vecinos y vecinas hartos de sufrir robos, de convivir con la inseguridad y de no encontrar respuestas eficaces por parte de las administraciones. Su petición era clara, concreta y viable: que el Ayuntamiento se personara en los procedimientos judiciales relacionados con estos delitos, como medida de apoyo y protección a la comunidad afectada.
No se trataba de un gesto simbólico ni de una reivindicación abstracta. Era una demanda legítima, nacida de la experiencia cotidiana de quienes viven el problema en primera persona. Sin embargo, esas 800 firmas fueron, en la práctica, ignoradas. Tiradas a la papelera del debate político como si fueran una molestia, como si la participación ciudadana solo fuera bienvenida cuando no incomoda al gobierno.
Ochocientas firmas no son un trámite incómodo ni un obstáculo político: son ciudadanía organizada. Porque, como advirtió Hannah Arendt, «el poder surge cuando las personas actúan juntas». Despreciar esa acción colectiva, ignorar una demanda vecinal ampliamente respaldada y relegarla por motivos partidistas no es una decisión técnica: es una decisión política que debilita la democracia local.
A este desprecio por las demandas vecinales se suma una preocupante distorsión de las prioridades políticas. En el último Pleno municipal, lejos de centrarse en reforzar los servicios públicos, mejorar la seguridad o atender las necesidades cotidianas de la ciudadanía, el debate derivó hacia una defensa explícita del colectivo provida y una descalificación política de quienes plantearon una visión diferente.
No se trata aquí de negar la legitimidad de las convicciones personales o ideológicas. Se trata de recordar que el Pleno municipal no es un foro de confrontación moral ni un púlpito ideológico, sino un espacio institucional destinado a resolver problemas concretos de una ciudad concreta. Cuando el gobierno municipal prioriza la confrontación ideológica frente a la gestión de lo común, está desatendiendo su función principal.
Esta deriva no solo polariza el debate político, sino que desplaza del centro cuestiones urgentes que afectan a miles de vecinos: la calidad de los servicios públicos, la seguridad en los barrios, el acceso a derechos básicos o la participación ciudadana efectiva. El resultado es una política municipal cada vez más alejada de la realidad social que debería representar.
El problema de fondo no es solo el rechazo de propuestas concretas, sino el daño institucional que provoca una política basada en el bloqueo y la imposición. Cuando la ciudadanía percibe que sus demandas no son escuchadas, que sus firmas no sirven, que el diálogo es sustituido por el veto, se erosiona la confianza en las instituciones democráticas.
La política municipal debería ser el primer espacio donde se reconstruya esa confianza, no donde se fracture. Gobernar implica responsabilidad, capacidad de escucha y voluntad de acuerdo. Implica entender que el poder institucional no se ejerce para reafirmar una ideología, sino para servir a quienes habitan la ciudad.
Esto es hoy el Partido Popular y VOX en Alcalá de Henares. Un modelo de gobierno en el que la imposición sustituye al diálogo, el veto reemplaza al acuerdo y la ideología desplaza a las necesidades reales de la ciudad.
Porque cuando la política deja de persuadir y solo sabe imponer, no se degrada únicamente el ejercicio del poder: se degrada el espacio común, se empobrece el lenguaje público y, con ello, se debilita la posibilidad misma de convivencia democrática. Allí donde no hay escucha, no hay comunidad; solo bloques enfrentados.
Lo que hoy se presenta como liderazgo fuerte es, en realidad, la confesión de una profunda debilidad moral e intelectual: la incapacidad de convencer, de argumentar y de gobernar para todos. Y esa debilidad —cuando se normaliza— no se queda en el Pleno ni en los despachos: acaba alcanzándonos a todos como sociedad.
Alcalá de Henares no es un tablero de estrategias partidistas ni un escaparate ideológico. Es una ciudad viva, plural, con barrios diversos y problemas reales que requieren respuestas concretas. Gobernar no consiste en imponer una visión única ni en silenciar la discrepancia; consiste en escuchar, dialogar y decidir pensando en el conjunto de la ciudadanía.
La política municipal pierde su sentido cuando se utiliza para bloquear propuestas útiles solo por venir de otro grupo político, cuando se ignoran cientos de firmas vecinales o cuando el Pleno se convierte en un escenario de confrontación ideológica alejada de la vida cotidiana. En esos momentos, la institución deja de ser un espacio de encuentro y pasa a ser un lugar de exclusión.
Como recordó Aristóteles, la política existe para procurar el bien común. Y ese bien común no entiende de siglas ni de bloques. Entiende de barrios seguros, de servicios públicos sólidos, de participación ciudadana real y de un Ayuntamiento que actúe con responsabilidad y respeto.
Alcalá necesita menos vetos y más acuerdos; menos imposiciones y más escucha; menos cálculo político y más compromiso con la ciudad. Necesita representantes que comprendan que la pluralidad no es una amenaza, sino una riqueza, y que la democracia local se fortalece cuando se gobierna pensando en todos, no solo en los propios.
La grandeza de Alcalá no se mide por la fuerza de un bloque político, sino por la capacidad de su Ayuntamiento para construir consensos, proteger a sus vecinos y pensar en el futuro común. Ese es el reto. Y también la responsabilidad ineludible de quienes hoy gobiernan.
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