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Educación especial, sanidad colapsada y servicios públicos en Alcalá marcan una entrevista donde Bergerot carga contra Ayuso y alerta sobre la democracia.
La conversación telefónica con Manuela Bergerot no empieza en abstracto ni en los grandes titulares de la política nacional. Arranca en Alcalá de Henares, en una reunión vecinal celebrada en torno al Colegio de Educación Especial Pablo Picasso, y en las historias concretas de familias que sienten que la administración les ha dado la espalda. Desde ahí, casi sin transición, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea va dibujando un mapa más amplio: el de una Comunidad de Madrid en la que, sostiene, los servicios públicos se deterioran mientras el poder político se blinda.
Bergerot habla con soltura, sin rigidez, y conecta lo local con lo regional, como si formara parte de una misma conversación. «Al final todo está relacionado», resume. Porque, para ella, lo que ocurre en un aula del Pablo Picasso o en una sala de espera del Hospital Príncipe de Asturias no es un problema aislado, sino el resultado directo de un modelo político.
Alcalá como punto de partida: educación especial y abandono institucional
La reunión con las familias del Colegio de Educación Especial Pablo Picasso de Alcalá de Henares marca el arranque de la entrevista y también su tono. Bergerot insiste en que no se trata de un centro más, sino de uno de los referentes de la educación especial en la Comunidad de Madrid. Precisamente por eso, dice, resulta aún más sangrante su estado actual. «Es una joya de la corona y, sin embargo, está completamente abandonada», lamenta.
Las familias le trasladaron una situación que combina carencias estructurales y falta de personal. Un solo ascensor para más de 250 alumnos, muchos de ellos con movilidad reducida, ratios imposibles y una plantilla que no da abasto para ofrecer la atención personalizada que estos niños y niñas necesitan. Bergerot subraya que aquí no basta con apelar a la vocación del profesorado. «No se puede seguir poniendo sobre los hombros de la vocación lo que debería cubrir la administración, advierte.
El diagnóstico es duro y apunta directamente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, pero también al Ayuntamiento de Alcalá. Para Bergerot, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso «no solo desmantela lo público, sino que se ensaña precisamente con quienes más necesitan ese apoyo público para tener igualdad de oportunidades». En el caso de la educación especial, añade, esa crueldad resulta especialmente evidente. «Yo creo que es un ejemplo de la crueldad de la señora Ayuso, nos solo está desmantelando todo lo público, no solo la educación porque odian la igualdad de oportunidades, sino que además se ensañan con quien más lo necesita que son esos niños y niñas con necesidades especiales».
La crítica se extiende a la alcaldesa complutense, a la que acusa de no ejercer un papel de defensa activa de las familias de la ciudad. Según Bergerot, las promesas se repiten desde distintas instancias políticas, pero rara vez se traducen en mejoras tangibles. «También vemos como la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet le importa mucho más no incomodar a Ayuso y eso conlleva el abandono a las familias que escuchan una y otra vez promesas incumplidas», describiendo una sensación de abandono que cala hondo entre padres y madres.
Sanidad pública en Alcalá: el Príncipe de Asturias al límite
Sin solución de continuidad, la conversación se desplaza a la sanidad pública y al Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Manuela lo define como un ejemplo claro del estado de la sanidad madrileña bajo los gobiernos de Ayuso. Habla de saturación crónica, de falta de profesionales y de servicios clave, como radiología, funcionando bajo mínimos. «El hospital está absolutamente al límite. El hospital Príncipe de Asturias tiene la mayor lista de espera de toda la Comunidad de Madrid para realizarse una mamografía» resume.
Uno de los datos que más le preocupan es el de las listas de espera para mamografías. El hospital de Alcalá acumula, según señala, la mayor lista de espera de toda la Comunidad de Madrid, con más de 1.400 mujeres pendientes de una prueba esencial para descartar o confirmar un cáncer de mama. A esto se suman los problemas detectados en los cribados de otros tipos de cáncer, como colon o cérvix.
Bergerot no se queda en la estadística. Relata cómo estos fallos administrativos y retrasos se traducen en angustia, incertidumbre y meses de miedo para quienes esperan un diagnóstico. «No estamos hablando de números, estamos hablando de vidas» subraya. El problema insiste, no es solo la demora, sino la ruptura de una cadena básica: cribado, seguimiento y atención por parte del médico de familia.
En este punto, la portavoz de Más Madrid conecta el colapso hospitalario con la falta de médicos de atención primaria, recordando que cientos de miles de madrileños carecen actualmente de médico asignado. Para ella, el resultado es una ciudadanía desprotegida y cada vez más desconfiada de un sistema público que debería ser una garantía, no una fuente de ansiedad.
La conclusión vuelve a ser política. Bergerot sostiene que este deterioro no es accidental, sino funcional: «cuanto peor funciona la sanidad pública, más fácil es justificar las derivaciones a la privada». Frente a este escenario, Más Madrid propone reforzar la atención primaria, contratar más profesionales y abrir agendas por las tardes para reducir listas de espera en pruebas diagnósticas.
El ministerio de Sanidad envió un requerimiento al gobierno de Ayuso exigiendo la creación de un registro de objetores conciencia de la interrupción voluntaria del embarazo. Una vez finalizado el plazo, Manuela nos relata las próximas acciones, «Ayuso llama dictadura a hacer cumplir la ley que es lo que está solicitando el ministerio de Sanidad. Porque Ayuso quiere volver a los tiempos en que las mujeres viajaban a Londres a abortar seguro y las que no podían pagarlo se jugaban la vida. El registro de objetores no es ni más ni menos que una herramienta para garantizar que los hospitales haya equipos que puedan practicar abortos. Es un registro confidencial e igual que el de los médicos objetores de practicar la eutanasia y Ayuso acabará acatando la ley por las buenas o por las malas».
Manuela Bergerot: la voz progresista en la Asamblea de Madrid
A lo largo de la entrevista, Bergerot se mueve cómoda en su papel de oposición explícita al gobierno regional. Cuando aborda el transporte público en Alcalá, vuelve a apoyarse en ejemplos concretos: el servicio de autobuses urbanos gestionado por Monbus desde hace 40 años(Alcalabus.S.L.), los incumplimientos del contrato, la presencia de menos vehículos de los comprometidos y el uso de autobuses diésel antiguos que sufren averías constantes. “Esto lo sufren los vecinos todos los días”, apunta.
Recuerda que desde la Asamblea se ha preguntado al Gobierno regional por esta situación y que las respuestas han sido evasivas. A los problemas estructurales del transporte se suman obras simultáneas mal planificadas, paradas improvisadas y una ausencia casi total de información a la ciudadanía. «Moverse por Alcalá se ha convertido en una carrera de obstáculos», describe.
El capítulo de la vivienda refuerza su discurso. El Plan Vive en Alcalá, que ha visitado en más de una ocasión, aparece como un proyecto fallido: promociones con deficiencias graves, goteras persistentes y precios de alquiler que superan el mercado privado. “La paradoja es que hablamos de vivienda pública más cara que la privada”, subraya, señalando que muchas familias están renunciando a una solución que debería ser parte de la respuesta a la emergencia habitacional.
Para Bergerot, Alcalá es una ciudad tensionada donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero más, inaccesible para jóvenes y familias trabajadoras. Y sitúa el Plan Vive como una pieza más de una política de vivienda que, según dice, “lleva décadas fallando en la Comunidad de Madrid”.
El Fiscal General y la política del escarmiento
El último tramo de la entrevista aborda el tema que hoy domina el debate político: la condena al fiscal general del Estado. Bergerot no esquiva el asunto y utiliza palabras duras. Califica la decisión judicial como un “mensaje mafioso” de la derecha, destinado a proteger a quienes ostentan poder económico y político en Madrid.
Para la portavoz de Más Madrid, el caso no puede entenderse al margen de la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que reconoció irregularidades fiscales. «La pregunta es por qué el castigo acaba cayendo sobre el fiscal y no sobre quien reconoce haber defraudado. La respuesta es que Ayuso y su pareja son una sociedad con ánimo de lucro donde vemos como ella pone el poder político y González Amador recoge la pasta y se benefician de un tren de vida al que no podrían llegar con un sueldo de presidenta», plantea.
Bergerot detecta un patrón que, en su opinión, se repite: cuando se pone en cuestión al entorno de la presidenta regional, las consecuencias recaen sobre otros actores institucionales. Habla de una derecha «dispuesta a usar todos los resortes del poder para garantizar su impunidad» y de una estrategia de desgaste contra el Gobierno central.
Desde esta lectura, defiende la figura de Álvaro García Ortiz y cuestiona el procedimiento seguido, al tiempo que alerta sobre las implicaciones democráticas de debilitar a la Fiscalía General del Estado. «Si se toca al fiscal, ¿quién fiscaliza a los intocables?», lanza como advertencia final.
La entrevista se cierra con un balance político de mitad de legislatura. Manuela Bergerot sostiene que, tras dos años de mayoría absoluta de Ayuso, Madrid está peor en sanidad, vivienda y poder adquisitivo, mientras una minoría privilegiada sale fortalecida. Frente a ese modelo, reivindica políticas públicas que garanticen derechos básicos y devuelvan la confianza en lo común. «A dos años de esta mayoría absoluta de Ayuso, lo más evidente es que no ha cambiado a mejor la vida de nadie. Estamos peor en vivienda, en sanidad, en poder adquisitivo».
«El diagnóstico lo tenemos claro y la alternativa también. Hay que hacer una intervención inmediata del mercado de la vivienda, vamos a garantizar el derecho a poder ver al médico de cabecera en 48 horas, comedor escolar gratuito hasta los 16 años, que haya escuelas infantiles de cero a tres años garantizadas… Se trata de defender un Madrid para todos los bolsillos, para todas las madrileñas y madrileños y no solo para ese puñado de amigos para los que gobierna la señora Ayuso».
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