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Las centrales sindicales exigen un convenio digno, mejoras salariales y respeto a un colectivo que sostiene la atención sanitaria y las emergencias madrileñas.
Los sindicatos denuncian el “bloqueo” de la patronal en la negociación del convenio colectivo y acusan a la Comunidad de Madrid de “mirar hacia otro lado” ante la precariedad que sufre un servicio público esencial.
El transporte sanitario madrileño, tanto el urgente como el no urgente, volverá a parar en diciembre. Las federaciones de sanidad de USO, CCOO y UGT han convocado cuatro jornadas de huelga para los días 4, 5, 9 y 10 de diciembre en toda la Comunidad de Madrid, tras meses de bloqueo en la negociación del nuevo convenio colectivo del sector.
La decisión llega después de una multitudinaria asamblea celebrada el pasado 2 de noviembre, en la que los trabajadores dieron su respaldo unánime a la movilización. Según denuncian los sindicatos, la patronal del transporte sanitario ha roto de manera unilateral las conversaciones, presentando propuestas que “suponen un retroceso intolerable” en derechos laborales consolidados.
La patronal, el convenio y la responsabilidad de la Comunidad
Entre los puntos más conflictivos figuran la eliminación del complemento en caso de incapacidad temporal (IT), lo que penalizaría a quienes se ven obligados a coger una baja médica; la negativa a actualizar los salarios pese a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años; y el rechazo a mejorar condiciones básicas como la nocturnidad, la antigüedad o la reducción de jornada. “Estamos hablando de un colectivo que salva vidas todos los días y que apenas llega a fin de mes”, lamentan desde USO-Madrid.
El transporte sanitario, que incluye desde las ambulancias del SUMMA 112 hasta los traslados programados de pacientes a hospitales y centros de diálisis, depende en última instancia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que mantiene externalizado el servicio a través de empresas concesionarias.
Es precisamente en esa triple relación, trabajadores, empresas y administración, donde los sindicatos sitúan el núcleo del conflicto. “La patronal actúa con la connivencia de la Comunidad de Madrid, que es quien adjudica los contratos y quien debería exigir unas condiciones laborales dignas en un servicio público esencial”, denuncia UGT.
Las centrales sindicales advierten que las plantillas llevan años encadenando convenios precarios, con jornadas extenuantes, salarios congelados y recursos mínimos. En la práctica, sostienen, eso se traduce en un servicio bajo tensión constante, con ambulancias que recorren miles de kilómetros diarios y profesionales que encadenan turnos de 12 horas sin apenas descanso.
El último convenio colectivo, firmado hace casi cinco años, ya se prorrogó de manera forzosa por falta de acuerdo. “Durante meses se ha intentado negociar de buena fe, pero la patronal no solo no ha cedido, sino que ha roto la mesa y ha vuelto con propuestas que suponen un retroceso histórico”, apuntan desde CCOO.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid no ha intervenido para desbloquear la situación, pese a que el transporte sanitario está considerado un servicio público esencial. “La administración no puede desentenderse de un conflicto que afecta directamente a la asistencia sanitaria de los madrileños”, subrayan las tres organizaciones convocantes en su comunicado conjunto.
“Ya basta de abusos y recortes”
Los sindicatos apelan directamente a la dignidad profesional de las plantillas, integradas por miles de conductores, técnicos y auxiliares que garantizan la atención en carretera y en domicilios. “Este colectivo ha demostrado su compromiso incluso en los peores momentos, como durante la pandemia, cuando trabajó sin descanso ni medios. Ahora es el momento de que la administración y las empresas estén a la altura”, afirma USO.
El malestar, que venía acumulándose desde hace meses, se ha intensificado en las últimas semanas por la falta de avances y la sensación de “abandono institucional”. En muchas bases, los trabajadores denuncian que los vehículos están obsoletos, el material escasea y las condiciones de descanso son mínimas, especialmente en los servicios de urgencias rurales.
“Queremos un convenio justo, no privilegios”, resume un portavoz de CCOO. “Llevamos años soportando jornadas interminables, retrasos en los pagos y una pérdida salarial que ronda el 15 % respecto al IPC. Todo ello mientras las empresas siguen recibiendo contratos millonarios de la Comunidad de Madrid.”
La huelga, advierten, no es un fin en sí misma, sino la única vía para hacerse oír. “Si no hay un cambio de actitud, el conflicto se recrudecerá. Los trabajadores están dispuestos a mantener las movilizaciones hasta que se garantice un convenio digno y se reconozca la importancia vital de su labor.”
Cuatro jornadas de paro en diciembre
Las jornadas de paro se desarrollarán los días 4, 5, 9 y 10 de diciembre, en vísperas del puente de la Constitución y la Inmaculada, un periodo especialmente delicado para la atención sanitaria. Los sindicatos han pedido a la Consejería de Sanidad que los servicios mínimos se establezcan con criterios de proporcionalidad, para no vaciar de contenido el derecho a la huelga.
En el caso del transporte sanitario urgente (SUMMA 112 y UVI móviles), las dotaciones básicas estarán garantizadas, pero los sindicatos prevén concentraciones y piquetes informativos en las principales bases y hospitales de la región. También se estudia una manifestación conjunta en Madrid si el conflicto no se resuelve antes de las fechas señaladas.
Aunque por el momento no ha habido pronunciamientos oficiales ni de la Consejería de Sanidad ni de la patronal, fuentes sindicales confían en que el anuncio sirva para reabrir la negociación. “Todavía hay margen, pero el tiempo corre. Si no se sientan a hablar con voluntad real, los paros serán inevitables”, advierte UGT.
Desde las tres organizaciones insisten en que el objetivo es preservar la calidad del servicio público y no perjudicar a los pacientes. “Precisamente por respeto a los usuarios, los profesionales no pueden seguir trabajando en estas condiciones. Quien ponga en riesgo el sistema no son los trabajadores, sino quienes los condenan a la precariedad”, concluyen.
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¡Menudo puente!