Trabajadores del macrocentro de Alcalá denuncian saturación, peleas y venta de droga

• “Estamos indefensos, sólo llevamos unos grilletes”, denuncian trabajadores del macrocentro. Judith Piquet reclama más medios y coordinación para reforzar la seguridad.

Los trabajadores del Centro de Acogida de Emergencias y Derivación de Alcalá de Henares denuncian que el recinto funciona al límite de su capacidad y que la seguridad es insuficiente para controlar lo que ocurre dentro y fuera de sus instalaciones.

Según desvelaban este jueves Juan B. Cañellas y Luis F. Durán en El Mundo, la instalación, que cuenta con 1.800 plazas, ha recibido en las últimas semanas un flujo creciente de inmigrantes procedentes de Canarias, lo que ha obligado a mover casetas y preparar la instalación de nuevas carpas. Fuentes internas consultadas por el diario aseguran que entre los recién llegados hay cerca de 50 menores no acompañados a los que no se les permite salir de las instalaciones.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que estas personas que alegan ser menores permanecen en espacios separados mientras la Fiscalía de Menores espera la prueba radiológica que debe verificar su edad. Señalan que, en muchas ocasiones, algunos intentan hacerse pasar por menores para evitar ser trasladados a centros con medidas más restrictivas, por lo que es necesario comprobar su situación antes de determinar su destino.

En caso de confirmarse que son menores extranjeros no acompañados, pasan a estar bajo la tutela de las comunidades autónomas, responsables de su protección. “Cuando salen de Canarias se declaran adultos para poder coger el avión hasta Madrid y, al llegar aquí, alegan que son menores. Como en muchos casos falta documentación o presentan pasaportes falsificados, las comprobaciones se complican”, apuntan las mismas fuentes ministeriales.

Denuncias de los trabajadores

Lo que más inquieta al personal del macrocentro no es tanto la saturación como la falta de medios para garantizar la seguridad. “Hay pocos vigilantes por turno y muchas peleas entre los internos, además de contrabando de tabaco y venta de drogas, sobre todo marihuana”, señalan trabajadores consultados por el diario madrileño.

Algunos empleados reconocen sentirse “indefensos”, hasta el punto de que lo único que llevan encima para protegerse son unos grilletes. Denuncian que los episodios de violencia se repiten con frecuencia, generando un clima de tensión que afecta tanto al personal como a los propios residentes.

En los últimos días se han registrado varios altercados entre grupos de acogidos, con golpes y enfrentamientos que obligaron a intervenir a los vigilantes privados. Estos, sin embargo, insisten en que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a situaciones cada vez más habituales en un centro que, según ellos, ya ha sobrepasado el límite de lo que puede gestionar.

La situación ha llevado a algunos sindicatos a advertir de que el problema no se limita a la saturación puntual del recinto, sino que refleja un modelo de gestión que improvisa soluciones sin dotar de personal y medios adecuados a unas instalaciones concebidas inicialmente para estancias cortas y derivaciones rápidas.

Desde el Ministerio de Inclusión niegan la saturación y aseguran que el centro funciona dentro de la capacidad prevista. Añaden que la llegada de personas desde Canarias responde a la redistribución habitual en función de la presión migratoria y que el recinto de Alcalá está preparado para afrontar incrementos temporales de acogidos.

Las autoridades insisten además en que los supuestos menores no acompañados permanecen bajo control hasta que se compruebe su edad y, en caso de confirmarse, pasan a ser responsabilidad de las comunidades autónomas, como establece la legislación. Subrayan que se cumplen los protocolos y que los traslados se realizan en coordinación con las administraciones regionales.

Pese a estas explicaciones, el testimonio de los trabajadores refleja una realidad diferente: jornadas con un número insuficiente de vigilantes, tensiones diarias entre los acogidos y una creciente sensación de inseguridad. “El problema no es que vengan más o menos, sino que no hay medios para atenderles ni para mantener el orden”, resume un empleado del centro.

En paralelo, vecinos del entorno aseguran haber detectado un aumento de movimiento en los accesos y se quejan de la falta de información oficial sobre lo que ocurre en el interior. Aunque no han trascendido incidentes graves en el barrio, la inquietud se extiende entre quienes viven junto a una instalación que, desde su apertura, ha sido objeto de debate político y social.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha mostrado en distintas ocasiones su preocupación por la situación del macrocentro y ha reclamado al Gobierno central explicaciones y más medios para garantizar la seguridad. Fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento carece de competencias directas sobre la gestión del recinto, pero insisten en la necesidad de reforzar la coordinación institucional para evitar que la ciudad soporte en solitario los problemas derivados de la saturación.

La denuncia de los trabajadores, sumada a la repercusión mediática de los últimos sucesos en Alcalá, augura que la gestión del macrocentro volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda política local y nacional. Mientras tanto, la instalación continúa recibiendo nuevos traslados desde Canarias, con la promesa de que se instalarán más carpas para acoger a quienes llegan y con el temor de que las tensiones internas sigan creciendo en un recinto que, según su propio personal, ya está al límite.

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